Herrera de Noble, Pagliaro y Aranda son investigados por lavado de dinero, a partir de reportes de operaciones sospechosas que podrían probar el destino que el grupo le dio al dinero obtenido de la defraudación a las AFJP.
Info News
El Grupo Clarín y sus máximas autoridades comenzaron a ser investigados por la justicia federal por una millonaria maniobra de lavado de dinero. La causa comenzó a raíz de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) generados por el Banco Central de la República Argentina y por la AFIP, y cuyo análisis fue realizado por la Unidad de Información Financiera (UIF) para luego pasar a la procuraduría antilavado que la derivó por conexidad a una causa anterior. Las maniobras sospechosas constituyen la primera prueba concreta del destino que pudo haber tenido el dinero obtenido en la colocación de acciones del año 2007, cuando el holding fue denunciado por participar de una maniobra para defraudar a las AFJP a través de la compra compulsiva de sus acciones con fondos previsionales. La justicia analiza ahora un pedido de embargo preventivo sobre Clarín por alrededor de 800 millones de pesos.
En los últimos meses, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio, a cargo de la Fiscalía Nº10, recibió nueva evidencia para apoyar el expediente que llevaba adelante por operaciones por 8 millones de dólares vinculadas a otra firma del multimedios radicada en el estado de Delaware, Estados Unidos.
BAHAMAS. El 11 de junio de 2011, la AFIP confeccionó el ROS Nº6938 vinculado con la firma GC Dominio SA y contra sus socios y directores, Ernestina Herrera de Noble, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro. La operación sospechosa consistió en la transferencia de $ 3.053.784, un equivalente entonces a 940 mil dólares, desde el Banco Mariva –base de operaciones del Grupo– con destino al First Overseas Bank Limited (FOBAL), ubicado en la guarida fiscal de Nassau, en las Bahamas. El giro se llevó a cabo el 23 de octubre de 2008, un día después de que fuera radicada la denuncia por maniobras ilícitas con la venta de acciones de las AFJP, ante el inminente anuncio del gobierno de la estatización de los fondos previsionales.
La AFSCA dio casi por hecho de que fijará posición en menos de los 120 días que marcha la normativa sobre los planes de adecuación que tiene en estudio. "Todo hace pensar", dijo su titular, Martín Sabbatella, que ese plazo "no se van utilizar y vamos a poder resolver en muchísimo menos tiempo".
Info News-Nota de Tiempo Argentino
El funcionario reiteró que si la propuesta de desinversión del Grupo Clarín "es viable, ese será el camino (que avale la autoridad de aplicación) y eso dejaría sin efecto la adecuación de oficio" presentada por Héctor Magnetto y sus socios.
"Consideramos que para mediados de 2014 tendría que estar el proceso concluido con el conjunto de las empresas adecuadas", vaticinó Sabbatella en declaraciones al portal de noticias Infojus.
En relación al monopolio Clarín, el funcionario señaló que "si el directorio (de la AFSCA) admite el plan de adecuación, tiene que presentar en los primeros treinta días quiénes serían los compradores". El organismo y Defensa de la Competencia analizarán la chance legal
Jefatura de Gabinete desmintió informes de Clarín y La Nación sobre las actividades oficiales de Cristina
La Jefatura de Gabinete de ministros respondió a los matutinos Clarín y La Nación respecto de la licitación para la cobertura y comunicación de políticas y acciones de gobierno, que ambos medios cuestionaron en sus ediciones de hoy.
A través de un comunicado, Jefatura de Gabinete explicó que se encuentra realizando "el proceso de Licitación Pública, acorde a lo dispuesto por el Decreto Nº 1023/01 y sus normas reglamentarias y complementarias, que aprueba el Régimen de Contrataciones del Estado Nacional para el seguimiento y difusión de las actividades presidenciales".
Los principales ejecutivos de la empresa de medios, que acaba de presentar su plan de adecuación a la ley, se reunieron en Mar del Plata para lamentarse por el fallo del máximo tribunal. Qué dijo el CEO, Héctor Magnetto, ante sus empleados.
Por - Info News - Tiempo Argentino
Los principales editores y ejecutivos del Grupo Clarín celebraron esta semana, entre el lunes y el miércoles, su encuentro gerencial anual en la ciudad de Mar del Plata. Se trató del 19º mitin empresario, en un año particular signado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dictó la constitucionalidad de la ley de medios audiovisuales.
La estrella del evento fue el CEO del holding empresario, Héctor Magnetto, quien se lamentó ante sus empleados y dio su visión del conflicto. “Vivimos otro año difícil y estamos terminándolo de la misma manera, intensamente”, arrancó, en una lista en la que incluyó una serie de acontecimientos que considera ataques contra los medios del Grupo: “el intento de intervención mediante la nueva ley de mercado de capitales” (se refiere a la campaña mediática en la que sus empleados dijeron que el gobierno buscaba intervenir la empresa), “el boicot publicitario privado ordenado por Guillermo Moreno –que no registra antecedentes en el mundo” (una denuncia de quita de pauta publicitaria privada que le atribuyen al gobierno y nunca ha sido probada) “y la ley de medios, cuyo texto y aplicación fueron diseñados para desarticular al Grupo Clarín y avanzar en la colonización de los escasos medios audiovisuales que no dependen del Gobierno”.
La Unión de Comunicadores Visuales y Afines (Ucaya) organizan el Congreso de Comunicación Popular La Matanza 2013: “Ideas, Herramientas y Acción para la Agenda Social”. El mismo se realizará en el 27 de noviembre en el Palacio Municipal, Almafuerte 3051, San Justo, a partir de las 9.30 hs.
Osvaldo G. Francés designado en El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
EL VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:
Artículo 1° — Desígnanse a partir del 9 de noviembre de 2013 a los
integrantes del CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL en
representación de las jurisdicciones y sectores que se detallan en los
Anexos I y II respectivamente, que forman parte integrante de la
presente
medida.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — AMADO BOUDOU. —
Juan M. Abal Medina
http://www.cofeca.gob.ar/web/?p=1234
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estuvo sometida durante cuatro años a un proceso de judicialización que concluyó con el reciente fallo de la Corte Suprema.
Por: Diego Schurman
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estuvo sometida durante cuatro años a un proceso de judicialización que concluyó con el reciente fallo de la Corte Suprema.
El diferendo con el grupo Clarín fue por cuatro artículos, que abordan los límites a la propiedad de las licencias (45), la imposibilidad de transferirlas (41), las prácticas de concentración indebidas (48) y los tiempos de adecuación de las empresas de medios a la normativa (161).
El Máximo Tribunal dictaminó la constitucionalidad de la ley y por eso aquellos que buscan democratizar las voces deberían garantizar ahora la aplicación total de la normativa, que es mucho más amplia que los artículos objetados por el multimedio.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que comanda Martín Sabbatella, tiene en sus manos la gran oportunidad de revolucionar el sistema de medios de la Argentina.
No existen razones para justificar nuevas demoras en la puesta en marcha de una ley impulsada por el Poder Ejecutivo, sancionada mayoritariamente por el Poder Legislativo y confirmada por el Poder Judicial.
La principal asignatura pendiente, y que nada tiene que ver con la pulseada gobierno-Clarín, es un Plan Técnico para el sistema radioeléctrico.
La AFSCA, en coordinación con la Secretaría de Comunicación del Ministerio de Planificación, debió haber confeccionado ese Plan Técnico 180 días después de aprobada la ley.
¿El objetivo principal de ese plan? Ordenar y distribuir los espacios del sistema radioeléctrico, que es finito.
Así lo anticipó el gerente de Comunicaciones Externas del grupo Clarín, Martín Etchevers, quien anunció que la empresa presentó un plan de adecuación voluntaria a la ley de medios "ante la AFSCA y en la Justicia".
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFSCA) recibió esta mañana un plan de adecuación del Grupo Clarín, en el que el multimedio "decidió separar sus licencias audiovisuales en seis diferentes unidades empresarias, cada una ellas respetando los límites del artículo 45 de la ley de Medios", que establece el número de licencias que puede tener cada operador.
En un comunicado, el Grupo Clarín explicó que "esta es una decisión forzada por las circunstancias" y aclaró que "esta adecuación no implica, ni remotamente, la resignación de nuestros principios ni la claudicación de nuestros derechos, que serán defendidos hasta las últimas instancias".
Según informó el multimedio, el plan de división es el siguiente:
1) En la primera unidad se incluyen las empresas Arte Radiotelevisivo Argentino (ARTEAR), titular de la licencia de Canal 13 de Buenos Aires; a Canal 12 de Córdoba; a Canal 6 de Bariloche y a la señal de noticias TN (Todo Noticias).
También la empresa Radio Mitre, con las frecuencias AM 790 y FM 100 en Buenos Aires, AM 810 y FM 102.9 en Córdoba, y FM 100.3 en Mendoza. Asimismo, dentro de esta unidad se incluyen 24 licencias locales de TV por cable de la actual Cablevisión, de ciudades en donde no existe incompatibilidad con la TV abierta.
2) La segunda unidad mantendrá el grueso de las operaciones de Cablevisión y Fibertel. En la misma el fondo Fintech mantendrá el 40% del paquete accionario. Esta unidad incorporará 24 licencias de cable e incluye la señal Metro, canal local de Cablevisión en la ciudad de Buenos Aires.
3) La tercera unidad tendrá 20 licencias de TV por cable de la actual Cablevisión.
4) En esta cuarta unidad se incluyen el resto de las señales en las que participa el Grupo: Canal 13 satelital, Magazine, Volver, Quiero Música en mi Idioma, Canal Rural, TyC Sports y TyC Max.
5) En otra unidad se incluirán los siguientes servicios de radio: licencias de FM en las ciudades de Tucumán, Bariloche, Bahía Blanca y Santa Fe.
6) En otra unidad se incluirá la licencia de TV abierta de Canal 7 de Bahía Blanca y la participación en Canal 9 de Mendoza".
Por otra parte, reiteró que "al margen de la presentación del día de la fecha, el Grupo Clarín analizará recurrir ante tribunales internacionales para impugnar los artículos cuestionados".(TELAM)
Por agustín Álvarez rey
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó a Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá.
Nota de Tiempo Argentino
La promocionada audiencia de periodistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ni siquiera alcanzó las expectativas que intentaron generar desde los medios que confiaron su representación a Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá. La pobreza argumental de los periodistas llevaron a los integrantes de la Comisión a hacer una rápida aclaración: "Los testimonios no constituyen un caso específico para que la comisión se pronuncie."
Los peticionantes –tal el rótulo que le otorgó la Comisión a los representantes de las empresas que solicitaron la audiencia– redujeron la cuestión de la libertad de expresión a una mera discusión económica sobre la distribución de la pauta oficial y no pudieron explicar por qué ante la supuesta gravedad de la situación no hicieron presentaciones judiciales ante la justicia local.
Tanto Rosa María Ortiz como Rodrigo Escobar Gil, dos de los miembros de la Comisión, avanzaron ante el relato de los interesados y preguntaron, ante la supuesta gravedad de la situación denunciada, "si habían presentado denuncias en la justicia o ante la Procuración General de la Nación", y en caso de que no lo hubieran hecho solicitaron "que expliquen la razón".
La respuesta nunca llegó. Tanto Morales Solá como Ruiz Guiñazú prefirieron dedicar el tiempo de la Comisión a intentar enhebrar argumentos que demostrasen sin ejemplos concretos los supuestos atropellos del Estado. El aporte más importante a la confusión lo hizo Morales Solá. "Ustedes se preguntarán si los periodistas argentinos podemos decir o escribir lo que pensamos", preguntó el hombre de TN y La Nación y siguió: "La respuesta es que sí", aunque agregó que los periodistas allí presentes "no trabajan tranquilos" debido a las críticas que reciben.
Con una concepción similar Ruiz Guiñazú comenzó su exposición, en la audiencia que se extendió por una hora, con un breve testimonio sobre un hecho ocurrido en 2010 en el que, según dijo, fue protagonista y "acusada falsamente" de haber sido la jefa de prensa del Ministerio de Economía de la última dictadura militar.
Al respecto, la relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, advirtió que quienes critican a los peticionantes "también están en el ejercicio de la libertad de expresión". Más aún, Botero les preguntó si las críticas dirigidas hacia ellos "no se tratan también del ejercicio de la libertad de expresión de un sector de la sociedad civil" y si no se deben también "respetar esas manifestaciones".
Los empresarios reunidos en la agrupación político-empresaria “Ministro José Ber Gelbard” celebraron la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de declarar constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En un comunicado, los empresarios expresaron que “la ley de medios es una verdadera iniciativa democrática, tanto por su origen que implicó un extenso debate y la generación de consensos, como por sus objetivos ya que significa, más voces, más pluralidad, y más trabajo”.
CON LA COMUNICACIÓN COMO UN DERECHO SOCIAL
La Corte Suprema de Justicia ha ratificado en su fallo una de las principales banderas que levantamos desde los 21 Puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática: la comunicación es un bien social que no puede subordinarse al mercado o las corporaciones. La reestructuración de los grupos mediáticos para cumplir con la Ley 26.522 es ahora un mandato inexcusable de Clarín y de todos los actores empresariales del sector. Nadie puede ponerse por encima de la ley.
La consecuencia con esos postulados nos obliga a reclamar con la misma fuerza el protagonismo de los Actores Sociales, de los Medios Populares, del Sector Público, de las Pymes y Cooperativas en el desarrollo de una comunicación inclusiva y federal. Ello requiere de una política pública integral para su promoción activa, que supone la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero que reclama además la gestión de un nuevo mapa de derechos en materia de libertad de expresión.
El Presidente de ARBIA y la CORAMECO, Osvaldo Francés, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de declarar la constitucionalidad de la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, en una votación que sólo contó con la disidencia de Carlos Fayt. El fallo asegura a la norma que "favorece la libertad al impedir la concentración", indicó Osvaldo Francés, presidente de ARBIA (Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina) y La CORAMECO (la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de Argentina).
Ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que se dio a conocer este martes, de 392 páginas desestimando los cuestionamientos del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ratificando la constitucionalidad de la norma, Francés festejo el hecho y destacó que es "legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado".
Por último, el militante por la nueva Ley de Medios de la Democracia y defensor de la multiplicidad de medios y pluralidad de voces resaltó "con este fallo, otra comunicación es posible".
AUDIO:ftp.lacorameco.com
Lo dijo en Rivadavia, el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, tras el fallo de la Corte.
Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, habló con “El Rotativo del Aire” en Rivadavia sobre decisión de la Justicia de declarar la constitucionalidad de la ley de medios.
Mariotto dijo que “hay una gran alegría”. Y recordó que “es un trabajo colectivo que se inició en el momento mismo de la sanción de la 22.285, que es el decreto de ley de la dictadura, y que tuvo en el impulso de nuestra presidenta Cristina el coraje para instalar el debate en el Congreso”.
El vicegobernador, que era titular de Afsca cuando de dictó la ley, relató que “se participó en foros con el gran aporte de todos los sectores”, y destacó que “hoy podemos disfrutar un fallo favorable, una constitucionalidad que nos permite ejercer el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información como lo soñaron millones de argentinos, y fueron impedidos por las dictaduras o por los monopolios”, disparó.
“La ley es para todos los empresarios dueños de medios y las posibilidades que tienen aquellos sectores no comerciales a acceder a licencias, tienen que cumplir con la ley”, concluyó Mariotto.
Ratificó la constitucionalidad de la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, en una votación que sólo contó con la disidencia de Carlos Fayt. El fallo asegura que la norma "favorece la libertad al impedir la concentración".
La Corte Suprema de Justicia dio a conocer este martes el fallo de 392 páginas desestimando los cuestionamientos del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ratificando la constitucionalidad de la norma.
Según dio a conocer el Centro de Información Judicial, la constitucionalidad general de la ley fue ratificada por seis ministros de la Corte y con la única excepción de Carlos Fayt.
ARBIA desarrollo actividades en CAPER 2013, en su stand pasaron infinidad de radiodifusores, amigos y nuevos socios, se expusieron equipamientos y se asesoro a los visitantes, los cuales llevaron material informativo.
Cuando la construcción mediática contrasta abruptamente cuando se analizan los resultados concretos de la elección, los números números.
La 69º Asamblea de la SIP, al servicio de Estados Unidos y la mentira
En Colorado deliberó la asamblea anual de la SIP. Como en las 68 anteriores, ésta también estuvo en sintonía fina con Washington, no defendió la libertad de información y profundizó la guerra contra los gobiernos progresistas.
EMILIO MARÍN
El Secretario de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina, Daniel Juárez, representó a la comisión directiva y transmitió el saludo del presidente de esa organización, Osvaldo Francés, a los trabajadores de LU10 Radio Azul, con motivo de cumplir esa emisora del centro de la provincia de Buenos Aires sesenta y un años en el aire.
LU 10 Radio Azul, una de las radios pioneras en amplitud modulada en la provincia de Buenos Aires, que surgió como filial de Radio Belgrano, es gestionada actualmente por sus trabajadores tras haberse declarado en quiebra su licenciatario y haber visto interrumpida su transmisión en el 2005 hasta que los empleados de la emisora lograron que se los autorizara a mantener la radio en el aire para preservar la fuente de trabajo.
La celebración se realizó en los estudios de la radio y contó con la presencia del Intendente de Azul, José Inza y del delegado regional del la AFSCA, Daniel Salomón, entre otras autoridades presentes.
En la oportunidad Juárez destacó la importancia de la AM en el centro de la provincia de Buenos Aires y la necesidad de asegurar su continuidad, entregando luego un presente en nombre de ARBIA, al director de la radio Julio Fernández.
Finalmente se impuso el nombre de Rodolfo “Fito” de Pool, primer locutor de la radio al estudio y se homenajeó a Oscar Torchelli, símbolo de los operadores técnicos de Azul y Mirta Elba Torchio quien se jubiló recientemente en el servicio informativo de la emisora.
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, cuestionó hoy el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el que ataca al Gobierno y a la ley de medios aprobada por el Congreso.
"Hay que entenderlos como parte del lobby de grandes empresarios de medios contra la democracia, la libertad de expresión y las leyes que rigen en nuestro país", señaló Sabbatella sobre el último informe de la SIP del que dieron cuenta ampliamente los diarios Clarín y La Nación.
Al aclarar que en el organismo "no se pronuncian los periodistas sino las personas que se dedican, desde los medios, a hacer lobby a favor de los grupos económicos”, Sabbatella consideró que “las denuncias de presiones y condicionamientos a la prensa suenan hipócritas ante una realidad en la que cualquier medio de la Argentina publica lo que quiere, incluso más allá del respeto a las personas o el apego a la verdad”.
El desequilibrio del poder comunicacional
El funcionario presentó su ensayo, en el que analiza el comportamiento de los grandes medios. Lo hizo junto a Carlos Ulanovsky y Edgardo Mocca, quien señaló que el texto es “un homenaje teórico a la disputa que lleva a cabo la ley de medios”.
”¿Qué pasa cuando una versión parcial, relativa de la realidad, se disemina, se comunica de manera permanente y envolvente a través del aparato comunicacional de un medio de comunicación concentrado?”, preguntó retóricamente el jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría de Comunicación Pública, Daniel Rosso. “Se produce un desequilibrio en el poder comunicacional que transforma a ese medio en una máquina de captura”, respondió de inmediato en lo que fue la exposición final de la presentación de su libro, Máquinas de captura. Los medios concentrados en tiempos del kirchnerismo. El politólogo Edgardo Mocca y el periodista Carlos Ulanovsky, que acompañaron al autor, elogiaron el ensayo: “Es un libro sociopolítico, un relato de procesos que permite la discusión”, señaló el comunicador. “Un homenaje teórico a la disputa que lleva a cabo la ley de medios”, describió el académico en una charla que se realizó en el salón Delia Parodi, del Congreso nacional.
Mocca primero, Ulanovsky luego, funcionaron de preámbulo al resumen que Rosso, en calidad de ensayista, realizó de la teoría que esgrime en el trabajo que lanzó a las librerías ayer por la tarde. En Máquinas de captura..., el funcionario del Ejecutivo plantea que los “exponentes de la política alternativa” en el país “están en peligro”. ¿Qué los amenaza? Las corporaciones mediáticas, esas “estructuras que manejan radios, canales de televisión, diarios” identificadas por Rosso con “máquinas de captura que envuelven en una malla de atributos negativos a los referentes de lo alternativo”.
La Asamblea General de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que sesionó en Brasil, resolvió “reiterar que ciertos artículos de la Ley de Medios cuestionados constitucionalmente resultan violatorios de la Libertad de Expresión y otros derechos fundamentales protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos”.
AIR destacó “la tradición y doctrina jurídica que ha distinguido internacionalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en la defensa de la Libertad de Expresión y los Derechos Humanos, la que resulta especialmente relevante en un fallo que sentará precedentes históricos en la región”.
La entidad sostuvo que una vez que la Corte dicte ese fallo, “AFSCA debería anunciar las Normas Técnicas y la Norma Nacional de Servicio. Estas medidas permitirían conocer el estado de ocupación y disponibilidad del espectro radioeléctrico”.
José Carbonelli interpuso un recurso ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, contra la resolución del juez Sergio Torres, quien desestimó su solicitud de constituirse como parte querellante en la causa en la que denunció la apropiación ilegal de Canal 13 por parte de las autoridades del Grupo Clarín.
En la denuncia, Carbonelli involucró al CEO del Grupo, Héctor Magnetto, como jefe de la asociación ilícita, juntamente con Ernestina Herrera de Noble, Lucio Pagliaro, José Aranda y el ex presidente Carlos Menem, entre otros, a quienes acusó por encubrimiento del delito de "terrorismo de Estado", con el fin de apropiarse irregularmente del Canal 13, y por los defalcos millonarios ocasionados en perjuicio del Estado y los trabajadores de la emisora.
En ese sentido, el ex delegado señaló que “el Recurso presentado recayó en la Sala I de la Cámara integrada por los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballesteros y Eduardo Farah, quiénes deberán resolver si seré o no parte querellante".
"Las pruebas son por graves delitos, como el irregular proceso de licitación, privatización y la adjudicación de la licencia de Canal 13 al Grupo Clarín que llevó a cabo el ex presidente Menem, desconociendo una deuda millonaria de 3.500.000 de dólares más intereses, que el Canal Estatal (Proartel), debía al empresario Reynaldo De Franco Fantín, originada en el marco del delito de terrorismo de Estado, cuyo monto era superior al que Clarín pagó la Licencia", relató.