PERSONERÍA JURÍDICA MATRÍCULA 32264
DPPJ Pcia. BUENOS AIRES
N° Registro de Entidad de Bien Público 433
E-Mail: secretaria@arbia.org.ar
Medios
Muerte de periodista
El joven periodista había desaparecido el sábado
Encontraron muerto a Martín Licata
Martín Licata, el trabajador de prensa de 27 años que era buscado desde el sábado pasado, cuando salió de su casa del barrio de Floresta y dejó de comunicarse con su familia, fue encontrado en un hotel transitorio del barrio de Flores con signos de ahorcamiento. La Justicia porteña llevaba adelante la búsqueda de paradero del joven en paralelo a otra causa en la que se investigaba el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, que había ingresado en la mañana del sábado al hotel ubicado en la calle Ramón Falcón acompañado por una mujer de unos 25 años.
Un socio de Clarín negocia comprarle el diario La Capital
Un socio de Clarín negocia comprarle el diario La Capital a Daniel Vila
LPO Nahuel Caputto, socio del multimedios en una moderna imprenta, negocia la compra del histórico diario rosarino.
Hace semanas que un grupo de empresarios de Rosario venían negociando con el grupo Vila-Manzano la compra del diario La Capital cuyo multimedio incluye la AM 830 y La Red Rosario, pero las negociaciones se empantanaron y apareció como opción Nahuel Caputto, socio del grupo Clarín en la región.
El grupo de interesados locales se compone del empresario de la salud, Roberto Villavicencio quien era mencionado como posible presidente del nuevo directorio del diario; Gustavo Scaglione, titular de Televisión Litoral (Canal 3, radio LT2 y el portal Rosario3.com) y Federico Pucciarello un inversionista en la industria del biodiesel, según publicó Punto Biz.
Salvo Scaglione, quien desde el 2015 preside el multimedio fundado por Alberto Gollán, el resto de los empresarios son ajenos a los medios de comunicación. En Argentina sobran ejemplos de las pésimas gestiones de empresarios de otros rubros que se hicieron cargo de medios pero nunca terminaron de comprender las particularidades del mercado.
Google te sigue a todos lados aunque no lo quieras
Hallan que Google guarda movimientos de sus usuarios aún cuando usen la configuración para evitarloHallan que Google guarda movimientos de sus usuarios aún cuando usen la configuración para evitarlo Fuente: AP
SAN FRANCISCO.- Google tiene tantas ganas de saber a dónde va que registra sus movimientos aunque le pida de forma explícita que no lo haga.
Francia derrota a Croacia y es el campeón de Rusia 2018
El marcador terminó 4-2 a favor del equipo galo
Francia conquistó su segundo título en una Copa del Mundo al vencer 4-2 a la de Croacia este domingo en la final de Rusia-2018 en Moscú, 20 años después de lograr su primera corona como anfitriona.
Los Bleus se impusieron en el estadio Luzhniki con los goles de Mario Mandzukic (18, autogol), Antoine Griezmann (38, penal), Paul Pogba (59) y Kylian Mbappé (65).
Los ajedrezados balcánicos habían logrado el empate parcial con Ivan Perisic (28) y Mandzukic (69) logró el descuento.
El encuentro comenzó con el guion previsto: Francia cedió la iniciativa a los croatas y se parapetó delante de su arquero Hugo Lloris esperando su momento, que llegaría pasado el primer cuarto de hora, en una falta lanzada por Griezmann, que Mandzukic desvió lo justo con la coronilla para enviar la pelota a la red, en el primer tanto en contra en una final mundialista en toda la historia (18)
Bonadio procesó a Sabbatella por la adecuación de Clarín a la ley de medios.
El juez federal Claudio Bonadio procesó al ex titular del AFSCA Martín Sabbatella por actuar de oficio en busca de que el Grupo Clarín se adecue a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Bonadio afirmó que "en la época de creación del AFSCA se dio una serie de maniobras tendientes a perjudicar a distintas empresas del Grupo Clarín S. A".
Para el magistrado, "se sancionó la ley 26. 522 (Ley de Medios) , con la cual se buscó perjudicar el poder de actuación del grupo de medios y para ellos se creó el AFSCA, siendo Martín Sabbatella el ejecutor del hostigamiento al grupo de medios".
El juez intentó justificar su posición al manifestar que el AFSCA aplicó diferentes mecanismos de adecución, distintos plazos y dictámenes que perjudicaron al Grupo Clarín si se lo compara con otros medios.
Bonadio entonces procesó a Sabbatella sin prisión preventiva y ordenó un embargo de 100 mil pesos contra el extitular del AFSCA.
Lo advertíamos hace un año, luz roja y alerta encendida para los medios comunicación Pymes.
Osvaldo Francés, presidente de ARBIA, la asociación que representa a los medios de comunicación PYMES y de arraigo local de Buenos Aires y el interior de la República Argentina, aseguró en Washington, ante la Comisión Interamericana de DDHH, que los medios de comunicación que son mayoría en el país, están condenados a desaparecer de proseguir el estado argentino con políticas que favorecen la concentración mediática.
Ante los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, citado por la CIDH, el dirigente aseveró que “Librados a estas condiciones de mercado no vamos a poder sobrevivir y de esta forma se atenta contra la pluralidad de voces que tanto se declama”.
Francés fue vicepresidente del COFECA, organismo creado por la Ley de SCA 26.522, que estaba integrado por representantes de cada una de las provincias, de los gremios de la comunicación, entidades empresariales de medios, las universidades, las cooperativas y los pueblos originarios, entre otras representaciones de la sociedad civil. A pocos días de asumir, Macri firmó un DNU, que sin más trámites, modificó la LSCA y disolvió el organismo.
Al respecto Francés explicó que “las funciones (del COFECA) eran amplísimas Ad Honorem y en representación de todas las organizaciones de la sociedad civil”, antes había advertido que “Nosotros siempre vimos la película completa desde la sociedad civil, nunca vimos la foto y creemos que hoy estamos viendo una película que ya la vimos, una película repetida”.
En su contundente alocución el también presidente de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina (CoRaMeCo), y miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática, advirtió que su sector “con estos DNU no podrá competir contra los grupos concentrados, dado la programación, publicidad y eliminación de los techos de concentración, que es fundamental”.
ARBIA fue una de las organizaciones que integró la delegación que recurrió al organismo internacional a raíz de las afectaciones al derecho a la libertad de expresión por parte del gobierno de Mauricio Macri con sus decretos que modificaron el marco regulatorio previo de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones.
En la audiencia se expusieron los argumentos de los peticionantes, que mostraron y ejemplificaron regresiones a partir de la adopción de los DNUs en el sector de los medios, y las respuestas del gobierno, que se limitó a criticar el desempeño de los gobiernos kirchneristas y a prometer una futura ley que repararía, hipotéticamente, algunos de los abusos enunciados.
Después de escuchar a las partes, el Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli recordó que “la concentración de medios es dañina, contraria al derecho de los receptores de la información” y le preguntó al Estado “qué va a hacer, si es que algo va a hacer” y cómo la va a enfrentar. También les preguntó a los funcionarios de qué forma el Estado abordará “el tema de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios”. El Relator Especial Edison Lanza coincidió en que la concentración afecta el pluralismo y la diversidad, planteó la falta de autonomía del ente regulador (ENACOM) y remarcó que los decretos pueden perjudicar los derechos de las audiencias.
https://www.youtube.com/watch?v=19PLdKiUEng
MINISTERIO DE COMUNICACIONES ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 2064-E/2017
Por ello, EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Deléganse en el titular del primer nivel operativo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, en el marco de sus respectivas competencias:
a) La facultad de imponer sanciones a los prestadores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por incumplimientos a la normativa vigente que expresamente no estén asignados a otra dependencia.
b) La facultad de disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Miguel Angel De Godoy.
e. 06/04/2017 N° 21244/17 v. 06/04/2017
Fecha de publicación 06/04/2017
SIGUEN LOS DECOMISOS DE RADIOS EN EL PAÍS.
El pasado 7 de marzo, Radiodifusores de Formosa señalaron en su Declaración que “La actuación del organismo federal configura un avasallamiento a los derechos que tenemos de trabajar y expresarnos libremente, sin que las opiniones o posturas que puedan asumir cada uno, puedan ser motivo de molestia para algunos, ya que este es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y regulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
El argumento de los procedimientos llevados a cabo en Formosa contra FM Milenium, FM Popular y FM La Torre, alude a improbables interferencias al aeropuerto de Resistencia, Chaco. Adicionalmente, dos camionetas del ENACOM recorrieron toda la ciudad de Formosa y aledaños en supuestas maniobras de verificación técnica.
Adherimos al comunicado de la Asociación de Radiodifusores Formoseños al señalar que: “Colocarnos en situación de radios ilegales en realidad demuestra la mora y la deuda que el Estado Nacional tiene con los radiodifusores por no regularizar el espacio radioeléctrico, convocando a los concursos correspondientes para que se puedan obtener las licencias que correspondan, ya que es intención y voluntad la de trabajar con las habilitaciones definitivas”.
La ilegalidad de fondo está causada por el propio Poder Ejecutivo Nacional que, al asumir en 2015, usurpó las facultades naturales del Congreso de la Nación y legisló por Decreto, para favorecer los negocios de los grandes grupos mediáticos privados.
Los operativos del ENACOM también se realizaron en Chaco, Corrientes y en una emisora de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, en algunos casos con avasallamiento de derechos otorgados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aún vigentes.
También merece nuestro repudio un peculiar operativo fiscal contra emisoras radiales —con amenazas de clausura incluidas—, realizado a fines de enero de 2017 por la Intendencia de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Cabe señalar que un presunto recupero de deudas o regularización fiscal no puede en modo alguno violar el derecho federal y constitucional a la libertad de expresión, excepto que sea ordenado por autoridad judicial competente.
Ante la existencia de una multiplicidad de emisoras censadas por el ex AFSCA en 2011, y dada la imposibilidad de medios comerciales y sin fines de lucro de obtener su licencia, resulta de una extrema pobreza argumentativa el utilizar la supuesta falta de habilitación para acallar las voces de emisoras FM en todo el país. La Coalición por una Comunicación Democrática sostiene que el derecho a la libertad de expresión e información debe primar hasta tanto el Gobierno complete la regularización por medio de sendos planes técnicos y concursos ordenados por los artículos vigentes de la Ley 26.522.
Si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están.
Coalición por una Comunicación Democrática
13 de marzo de 2017.
Los millonarios beneficios económicos de la gestión Macri al Grupo Clarín
El holding que encabezan Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto protagonizó un exponencial incremento del monto que precibe del Estado nacional por publicidad.
Apenas asumió, Mauricio Macri tuvo el gran gesto con el monopolio Clarín. El lunes 4 de enero firmó el DNU 267 creando el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), disolviendo el AFSCA, pero además amplía los derechos para Cablevisión, mientras las empresas de telefonía básica y móvil sólo podrán ofrecer televisión por cable el 1 de enero de 2018. Por si fuera poco, ese plazo puede extenderse por un año más por decisión del ENACOM. (Ambito.com)
Un año fuera de la ley Por Gonzalo Carbajal
Es raro esto de nombrar como nuevo a un gobierno que lleva un año y además remeda versiones anteriores. El brutal endeudamiento de estos meses nos trae a la memoria al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La persecución judicial y la recesión provocada nos recuerdan la idea de hacer desaparecer de la historia al peronismo y a la ¨columna vertebral”, el movimiento obrero. La detención irregular de Milagro Sala horada el frente externo.
En materia de comunicación el año que culmina se parece mucho al menemismo en su vocación re-reguladora, con extranjerización de medios y fuerte concentración. Pero el panorama no es tan simple. Para poder tener un balance más abarcador la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) convocó a el 2º Encuentro Federal por la Comunicación Democrática el viernes pasado. Producto de esa actividad es fruto el documento del cual hemos tomado el título para esta nota y que intentaremos comentar en la idea de que la comunicación no es un tema de periodistas y dueños de medios. La sociedad toda debe involucrarse en su planificación, diseño y gestión en tanto la frontera entre política y comunicación es cada vez más difusa.
Los más de 150 participantes del encuentro propiciado por la CCD, enumeraron una serie de aspectos que van desde decisiones de gestión hasta intenciones políticas en los que podemos encontrar la mano de las espadas que se hicieron conocidas por su oposición acérrima a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que reemplazó al decreto-ley de la Dictadura -es bueno recordarlo-.
Comienza el documento caracterizando la situación actual como “de riesgo” para la comunicación social y la libertad de expresión en función de haber decidido impulsar por Decreto de necesidad y Urgencia cambios que hubieran requerido de una Ley del Congreso Nacional. Así, la pluma de Mauricio Macri y alguno de sus ministros terminó resolviendo por sobre la voluntad de millones de compatriotas que habían participado del proceso de construcción de una legislación más amplio del que se tenga memoria. Por decreto Macri resolvió disolver la AFTIC y la AFSCA (órganos que regulaban las actividades de las telecomunicaciones y la comunicación audiovisual) y los comprimió en un solo ente cuya mayoría controla el Poder Ejecutivo. Junto con ello se cargó la representación territorial y sectorial en los Consejos Federales que acompañaban la gestión como órganos participativos revisores y de dictado de políticas.
La desaparición del Fútbol para Todos como instancia de recepción gratuita de contenidos deportivos, la entrega de frecuencias del espectro radioeléctrico sin concurso para beneficio de sociedades privadas y la autorización para que empresas ya dominantes en el mercado adquieran otras con las que consolidan sus posiciones son parte de lo que se trató el viernes pasado en el Congreso Nacional.
Claro que todo esto no se hace a la vista de todos, la oscuridad en las decisiones es la norma. El Ente Nacional de Comunicaciones (que reemplazó a AFSCA y AFTIC) continúa sin publicar sus actas de reuniones. A espaldas de la sociedad de toman decisiones que consolidan el poder de los más poderosos. Mientras dilatan el pago de dinero adeudado de los concursos establecidos por ley, hacen un simulacro de debate en reuniones cerradas, sin acceso al público y ofrecen una “ventanilla de participación” por medio de un formulario en el que caben trescientos caracteres. Así fueran tres mil, estaríamos en la misma posición. Las políticas de comunicación se deben discutir de cara al conjunto de la sociedad y no entre cuatro paredes.
La concentración tiene una consecuencia directa: la censura. El poder dominante de unos pocos ahoga la pluralidad en los medios de comunicación. Menos programas, menos canales, menos trabajo. Es un círculo vicioso que sólo favorece a los dueños de los medios más grandes y a los poderes políticos con los que se asocian para extraerles favores. Historia repetida.
Una de las experiencias más novedosas que trajo la Ley de SCA fue la creación de la Defensoría del Público. Pues bien, terminado el mandato por cuatro años de la primera defensora, la Alianza Cambiemos con la anuencia del Frente Renovador ha resuelto dejar acéfalo a este órgano.
Las ciudades pequeñas y medianas conocen bien el fenómeno de la retransmisión de contenidos generados en Buenos Aires. La repetición de emisiones creadas y concebidas para otro lugar actúa como tapón a contenidos locales y al trabajo de decenas de miles de personas en toda la Argentina. Para complicar más las cosas, o para favorecer a las emisoras más grandes de Buenos Aires, la firma de Macri decidió ampliar el tiempo permitido para retransmitir, ahora se puede hacer hasta la mitad del tiempo en el aire, antes el límite era un tercio.
Todos estos temas y algunos otros son denunciados en el documento de la CCD que es producto del encuentro relatado, pero que recoge el debate de meses a lo largo y ancho del país en todas las ciudades donde la Coalición tiene funcionamiento.
Los desequilibrios entre Norte y Sur, entre la Capital Federal y el resto del país, entre las capitales de las provincias y el resto de su territorio, no son nuevos. Pero no por viejo el debate deja de ser necesario. Mucho menos cuando desde fines de 2009 una Ley del Congreso nos había puesto a la cabeza del mundo. De un mundo que quería ser soberano y entendía que sin cambiar el modo en el acceso y distribución de la información y las comunicaciones era casi imposible pensar en una verdadera democracia.
El documento referido culmina señalando un camino. Dice que “El derecho humano a la comunicación requiere hoy acceso universal y gratuito a redes de banda ancha y las plataformas que permiten intervenir en el flujo de contenidos digitales. Los contenidos han sido y son el motor que impulsó el exponencial desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y el Conocimiento). El desafío es equilibrar los flujos de circulación de manera horizontal y preservar los contenidos nacionales y regionales sin interferencias, favoritismos o imposiciones de mercado”.
Difícil para un gobierno que ha hecho de la ampliación de brechas y los desequilibrios su manera de gobernar. Complicado para los CEOs que pueblan la Casa Rosada y que piensan solo en negocios. Para ellos hablar de “políticas activas de conectividad universal, alfabetización digital, fomento de la apropiación popular de las tecnologías e impulso a contenidos locales y nacionales” es directamente hablar otro idioma.
ARBIA INFORMA: ftp://ftp.lacorameco.com/05122016/ARBIA_INFORMATIVO_051216.mp3
Tras once meses, el Gobierno de Macri avanza en la demorada Ley de Medios.
Luego de destruir la Ley de Medios aprobada por los tres poderes del Estado, el macrismo después de once meses avanza en una nueva ley de Telecomunicaciones y de Medios. Según el oficialismo, es con el objetivo de ofrecer una "infraestructura adecuada", que le permita a los ciudadanos tener "acceso a internet de banda ancha".
Así lo manifestó la directora del Enacom, Silvana Giudici, en declaraciones formuladas en la Casa Rosada, donde participa de un encuentro preparatorio para la constitución del Consejo Federal de Comunicaciones (Cofeco). Ese consejo consultivo estará conformado por las provincias, los sindicatos y las organizaciones sin fines de lucro.
La funcionaria confirmó que hoy se está "trabajando en una nueva ley de Telecomunicaciones y de Medios", y adelantó que el objetivo es "tener una infraestructura de comunicaciones adecuada y que cada ciudadano tenga acceso a internet de banda ancha".
Respecto a la unificación de la ley de Telecomunicaciones y Medios, Giudici afirmó que "la premisa es la pluralidad de voces", y aclaró que la iniciativa propone que haya "un marco regulatorio que no permita que haya una sola voz preponderante". Y adelantó que "en marzo del año próximo" le presentarán al presidente Mauricio Macri la propuesta para ser enviada al Parlamento.
Graciana Peñafort: "vamos a tener una concentración de medios permitida".
Peñafort señala que "todo lo que está pasando desde enero en Argentina (en materia de medios) está pasando en el marco de una legislación de excepción que es un DNU y que se han dictado un montón de resoluciones que no han tenido control legislativo". Entonces hay un primer problema que es que estamos bajo una ley que es transitoria, así lo sostuvo le gobierno en la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que permite que se consoliden hechos que son definitivos.
Luego se refiere al concepto de "autorregulación del mercado" e indica que esto no existe, que siempre hay una mano invisible que lo regula y que este gobierno no va a regular una concentración que él mismo ha permitido; entonces asevera que "vamos a tener una concentración permitida en manos de una regulación de excepción".
Y respecto de la visión política, Peñafort dice que "el modelo político que tiene el gobierno de Cambiemos, requiere de un nivel de blindaje mediático que a su vez requiere de poca pluralidad y jugadores muy fuertes".
ARBIA INFORMA: ftp://ftp.lacorameco.com/19092016/ARBIA_INFORMATIVO_190916.mp3
Víctor Hugo Morales: "Hernán Lombardi ha sido el gran canalla".
Víctor Hugo Morales comenta el despido del periodista Juan Agosto de la TV Pública y lo considera "otra de las hazañas de Hernán Lombardi, que ha sido el gran canalla que han tenido que sobrellevar los periodistas en este tiempo; él ha estado a la cabeza de todas las ignominias, de todas las agresiones que hizo provocar a periodistas".
Iván Schargrodsky señala que Juan Agosto fue despedido del programa "que se planteó como la nave insigna de la pluralidad de la televisión pública; el único periodista crítico con el macrismo que había en La Quinta Pata, dicho por el diario Clarín" y hasta el momento no le dieron explicaciones.
ARBIA INFORMA: ftp://ftp.lacorameco.com/17082016/ARBIA_INFORMATIVO_170816.mp3
CIDH concluye el 157º Período de Sesiones.
15 de abril de 2016
Parte del texto del Comunicado referido a Libertad de Expresión en Argentina
La CIDH también recibió información sobre el derecho a la libertad de expresión en Argentina. La Comisión valora las delegaciones de alto nivel que participaron por parte del Estado y por parte de los solicitantes, así como la información presentada por ambas partes. Las organizaciones de la sociedad civil y medios universitarios y comunitarios plantearon una serie de afectaciones a la libertad de expresión que se habrían producido como consecuencia de las modificaciones introducidas a la Ley de Servicios de Comunicación, a través de tres decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. La delegación del Estado justificó los cambios en el contexto de violaciones a la libertad de expresión que se verificaban en la anterior administración, la velocidad de los cambios en las tecnologías de la información y la posterior convalidación de estas normas por parte del Poder Legislativo. La CIDH valora el anuncio del gobierno de que abrirá un espacio de consulta y diálogo previo a la promulgación de una nueva legislación respetuosa de los estándares internacionales. Asimismo, la CIDH toma nota de la transitoriedad de la situación vigente y recuerda el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, por lo que continuará dando seguimiento al proceso.
FRANCISCO RECIBIÓ Y RESPALDO A LA COALICIÓN POR UNA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA.
Fue en el marco de la Audiencia General, realizada hoy miércoles 13 de abril, cuando se acercó especialmente a saludar a los tres integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática los que, a su orden, fueron invitados por la Casa Pontificia a participar del encuentro.
El gesto papal vino a refrendar lo actuado por el Cardenal Bergoglio (hoy Papa Francisco) cuando en el año 2009 apoyó la gestación y promulgación de la Ley 26.522.
Néstor Piccone, periodista e integrante del sector cooperativo de la comunicación agradeció al Papa esta invitación y la alegría que implica para la militancia de la comunicación este contacto cara a cara al tiempo que pidió bendición y apoyo a la lucha contra los intentos de derogación de la Ley.
Walter Formento, miembro de la red CLACSO, incluyo en su momento la denuncia de lo que implica el gobierno de Mauricio Macri por su compromiso con los monopolios mediáticos nacionales y transnacionales de la comunicación, ya que la subordina a los grandes intereses financieros, que son también quienes lavan el dinero del crimen organizado, la trata y el narcotráfico.
Juan Chico, Qom de Chaco, presidente de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina, además de acercarle sus libros donde denuncia la invisibilización de los pueblos originarios remarco el nefasto retroceso que implicaría la derogación de la Ley de Medios.
Esta actitud del Papa Francisco apuntala a la CCD en su misión de acumular fuerza y se suma a la presentación que, el viernes pasado realizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. En esa oportunidad denunciamos al gobierno de Mauricio Macri, obligándolo a responder por los arbitrarios e inconstitucionales Decretos de Necesidad y Urgencia con el que pretende derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual promulgada en el año 2009 y declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicias tres años después.
Repercusiones de La Coalición por una Comunicación Democrática y el CELS en Washington ante la CIDH.
Osvaldo Francés de ARBIA y Oscar Nocetti del Cooperativismo en AM 750 con Victor Hugo y Cynthia García sobre la Audiencia de la CIDH- OEA en Washington.
http://www.victorhugomorales.com.ar/programa-n6-11-de-abril-de-2016/
https://www.youtube.com/channel/UCJns7d9PQF07lllMtTnE7jw
https://www.youtube.com/watch?v=19PLdKiUEng
AUDIO: ftp://ftp.lacorameco.com/12042016/Frances_Nocetti_VHM.mp3
Audiencia sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Hoy, el CELS, la Coalición por una Comunicación Democrática, representantes de medios comunitarios, cooperativos y comerciales, universidades y especialistas en políticas de comunicación expusieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los efectos de los decretos que reformaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Las exposiciones de los representantes del Estado argentino evaluaron la gestión del gobierno anterior y plantearon un futuro escenario de diálogo pero no respondieron sobre la afectación de derechos que ya está ocurriendo.
Después de escuchar a las partes, el Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli recordó que “la concentración de medios es dañina, contraria al derecho de los receptores de la información” y le preguntó al Estado “qué va a hacer, si es que algo va a hacer" y cómo la va a enfrentar. También les preguntó a los funcionarios de qué forma el Estado abordará “el tema de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios”. El Relator Especial Edison Lanza coincidió en que la concentración afecta el pluralismo y la diversidad, planteó la falta de autonomía del ente regulador (ENACOM) y remarcó que los decretos pueden perjudicar los derechos de las audiencias.
Horacio Verbitsky, presidente del CELS, afirmó que “con el pretexto de las falencias en la aplicación de la LSCA, que muchos de nosotros hemos señalado, y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban”. Verbitsky también se refirió a los efectos de la reforma de la LSCA en el ejercicio del derecho a la comunicación: “El Poder Ejecutivo sostiene que todos podrán competir en el mercado, pasando por alto las diferencias de escala que sin regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. Si la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta, cosa que no es tema de esta audiencia, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva, donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada.”
Martín Becerra, especialista en políticas de comunicación, recordó que “la Corte Suprema de Justicia argentina en 2013, con el aval de seis jueces contra uno, entendió que es obligación del Estado generar políticas públicas de estímulo al pluralismo y, en consecuencia, de restricción de la concentración” y remarcó “que la concentración excesiva de la palabra es una antítesis de la democracia”. Becerra también afirmó: “la Argentina exhibe altos niveles de concentración. Casi el 40% de las licencias de televisión abierta están en manos de dos grupos. En la televisión de pago, que es la forma en la que el 83% de los hogares accede a la tv, casi el 70% de los abonos está controlado por dos grupos. Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda a este problema, obstaculizan la competencia y, por lo tanto, potencian la concentración. La audiencia tiene por propósito examinar los efectos regresivos de la política dispuesta por el actual gobierno y que es preocupante no sólo porque agrava el problema de la concentración sino, además, porque decretó con la creación del ENACOM una completa gubernamentalización de la aplicación de políticas, alejándose del ideario republicano, combinando pues la discrecionalidad del mercado con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”.
Damián Loreti, secretario del CELS y representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, afirmó que tanto la creación de una autoridad de aplicación dependiente del Poder Ejecutivo y sin ningún ámbito de participación de los actores de la comunicación como quitar la televisión por cable de los servicios regulados por el Estado y la consiguiente eliminación de la obligación de los cables de transmitir señales producidas por terceros (must carry) son contrarias a los estándares de libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Daniel Badenes, en representación de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Red de Carreras de Comunicación, relató que los decretos desplazaron a las universidades de todos los espacios de toma de decisiones sobre el sistema de medios, tanto del directorio del AFSCA como del Consejo Federal. Se pasó de una autoridad de aplicación plural, integrada por representantes de diversos sectores, a una representación en la que, de los siete integrantes del directorio, cuatro son nombrados a discrecionalidad por el Poder Ejecutivo y de los tres designados por el Congreso, uno es integrante por el oficialismo y solo dos por las minorías. Además, pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo en forma directa, eliminando las garantías de independencia.
Néstor Busso en representación de las radios comunitarias, populares e indígenas, afirmó que “mientras compraventas y fusiones de empresas son autorizadas y se prorroga en forma automática las licencias, cientos de trámites de concursos de radio y televisión –abierta y por cable- están demorados”. Busso también destacó que “la declaración conjunta de relatores y relatoras especiales de libertad de expresión de 2014 sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión recomienda a los Estados: 'Crear y habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios a fin de que, entre otras cosas, puedan responder a las necesidades de comunicación y expresión de distintos grupos e individuos'. Ese marco jurídico existía en la Argentina y hoy se desconoce y vulnera en una clara regresión”.
Osvaldo Francés, en representación de los radiodifusores privados, afirmó que “la nueva reglamentación hace desaparecer en los cableoperadores la obligación del must carry. Esta situación conlleva a la desaparición de estos canales locales y la pérdida de fuentes de trabajo en el corto plazo, hechos que ya se está produciendo”.
Oscar Nocetti, cooperativista, destacó que los decretos “desguazan el carácter antimonopólico de la ley. Les han quitado a los grupos concentrados todas las restricciones que les impedían depredar el servicio de la televisión por cable. Esos decretos afectan nuestros derechos económicos y nuestros derechos culturales. Quiebran con nuestra concepción de que la comunicación es un derecho humano y quitan voz a las comunidades que se dignifican a través de sus cooperativas”. La eliminación de la regulación de los cables también afecta a los canales universitarios, como lo señaló Badenes en su exposición.
Ana Jaramillo, rectora de la Universidad de Lanús, resumió el petitorio a la CIDH en el cual las organizaciones pidieron que se solicite al Estado argentino la adopción de medidas que impidan la consolidación de las regresiones y cumplan con los principios de protección de la libertad de expresión, entre otras cuestiones disponibles.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edizon Lanza manifestó su preocupación por determinados aspectos de los decretos. Sobre el ENACOM, el Relator afirmó que su composición y atribuciones “prima facie, como está hoy diseñado, no cumpliría con estos estándares [de libertad de expresión], debido a que debe estar blindado de toda injerencia política o económica”. Lanza también se refirió a “la preocupación especial que tiene la Relatoría, la Comisión y la Corte [Interamericana] que acaba de decir en la sentencia del caso de RCTV que la búsqueda de la diversidad y el pluralismo es una finalidad imperiosa también, y una obligación de los Estados. Particularmente nos preocupa la obligación que tiene el Estado de facilitar el acceso a todas las plataformas, más allá de que sean convergentes o no, de todos los medios de comunicación, sean estos comerciales, públicos o comunitarios. En ese sentido, el tratamiento que se le da actualmente a la televisión por suscripción en Argentina, que es muy importante porque el 83% de la población tiene acceso a la televisión por suscripción, y la desaparición de las reglas del deber de transmisión pueden afectar justamente a algunos sectores de la comunicación”.
La mayoría de las intervenciones del Estado argentino fueron para relatar episodios y decisiones del gobierno anterior más que para responder a las denuncias sobre la afectación de derechos ocasionada por los decretos que crearon un escenario difícil de revertir. Los representantes del Estado afirmaron que la futura regulación del sistema de medios contemplará principios de pluralismo, diversidad y participación social acordes a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Tal como quedó expuesto en la audiencia, no es eso lo que ha ocurrido en sus primeros cuatro meses de gestión.
GRACIANA PEÑAFORT SOBRE LOS DNU QUE MODIFICAN LA LEY DE MEDIOS.
OSVALDO FRANCES SOBRE SESION EN DIPUTADOS POR DNU DE LA LSCA.
Audiencia ante la CIDH, este viernes 8 de abril: El Gobierno, obligado a dar explicaciones por su política de comunicación.
Fue solicitada por el CELS y un conjunto de organizaciones integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), entidad que desde hace 12 años promueve un sistema plural y diverso de medios de comunicación.
La audiencia obliga al Gobierno Argentino a dar explicaciones por las medidas que disolvieron organismos con representación significativa del Poder Legislativo, de las provincias y de diversos sectores académicos, de medios comunitarios y trabajadores, para reemplazarlos por otro con mayoría automática del Ejecutivo. También obliga a fundamentar la supuesta urgencia y necesidad de fomentar la concentración de medios mediante cambios en los topes regulatorios y la transferencia de la televisión por cable al sistema mercantil de las telecomunicaciones.
“La audiencia tratará la vulneración del derecho humano a la comunicación y los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, del que el Estado argentino forma parte", puntualizó la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) durante un nutrido Congreso Nacional realizado el pasado 3 de marzo, con más de 500 representantes de 16 provincias, legisladores y organizaciones políticas, sindicales y de la comunicación.
En representación de los peticionantes viajarán Horacio Verbitsky (CELS), Osvaldo Francés (ARBIA-CCD), Damián Loreti (AMARC-CELS-CCD), Ana Jaramillo (UNLa), Daniel Badenes (REDCOM-CCD), Néstor Busso (FARCO-ALER-CCD), Oscar Nocetti (Cooperativa Popular Electrica, Santa Rosa, La Pampa-CCD), Martín Becerra (UNQui).
Las entidades denunciantes son el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las Universidades Nacionales de Lanús (UNLa) y de las Artes (UNA), la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM). También participan la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe (RRULAC), la Asociación de Radiodifusoras Universitarias argentinas (ARUNA), el Sistema Radios de la
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), Músicos Autoconvocados, la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA) y la Cooperativa Eléctrica de La Pampa como expresión de las empresas cooperativas de servicio público.
El encuentro del viernes 8 ha sido convocado por la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA), allí los comisionados escucharán a las organizaciones denunciantes y los alegatos de los funcionarios del Estado argentino.
Será seguida en vivo en diferentes puntos del país, el viernes 8/4 a las 10 (hora argentina) en eventos convocados por los nodos regionales de la Coalición por una Comunicación Democrática. En la Ciudad de Buenos Aires se realizará en el Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación (Anexo A, Rivadavia 1865, CABA).
El acceso público para conectarse a la transmisión web on line estará disponible a partir del lunes 4.
Contactos de prensa:
Mariela Pugliese - pugliese.mariela@gmail.com - +54911-4052-7882
Amanda Alma - aquiamandaalma@gmail.com - +54911-3664-9270
Gonzalo Carbajal - gonzalocarbajal@gmail.com - +54911-4044-7516
Posición fundada, sostenida y multisectorial
Durante enero y febrero, la CCD articuló y apoyó manifestaciones públicas en las principales ciudades del país, con junta de firmas y reuniones con dirigentes de distintas filiaciones partidarias para rechazar la modificación mediante decretos presidenciales de las normas antimonopólicas y anticoncentración previstas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y Argentina Digital (27.078).
Entre otros puntos, se cuestiona la derogación de los límites a la transferencia de licencias y la tolerancia a la concentración, así como la derogación de las obligaciones que la Ley 26.522 imponía a las televisoras de cable respecto de señales locales y grilla de programación, lo cual afectan directamente a la pluralidad de voces.
En el plano institucional, el decreto 267/15 que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en reemplazo de las Autoridades Federales AFSCA y AFTIC, eliminó garantías básicas para su autonomía o independencia, tanto del Poder Ejecutivo como del económico. El ENACOM comenzó a funcionar con directores exclusivamente nombrados por el Gobierno, sin representatividad y pluralidad, removibles sin justificación alguna.
Se advierte que no hay fundamentos explícitos que justifiquen un estado de necesidad y urgencia para el dictado del Decreto 267/15.
También la CCD alerta sobre el peligro de pérdida de hasta 50 mil puestos de trabajo debido a fusiones empresariales y al cierre de pequeñas productoras y servicios audiovisuales, y de una aún mayor cartelización de las actividades que encarecerán el precio de las tarifas de las conexiones y abonos
Mientras tanto, en el Congreso Nacional está pendiente el tratamiento de la aprobación o el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15. El Gobierno, además enfrenta diversas acciones judiciales en trámite por vulneración de derechos y extralimitación de sus competencias en esta materia.
Más información – 21 nuevos puntos por el Derecho a la Comunicación
Las más de 300 organizaciones que integran la CCD vienen reclamando en un amplio plan de acción federal, la plena vigencia de una ley que recibió amplio respaldo parlamentario y cuya constitucionalidad fue respaldada por un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2013.
Esta multisectorial también puso en debate y aprobó los Nuevos 21 puntos por el Derecho a la Comunicación, como actualización de sus principios de políticas públicas que abordan la diversa agenda de la convergencia tecnológica en el uso de redes y el fortalecimiento de las industrias culturales argentinas.
Está abierta la adhesión a este documento por parte de organizaciones y personas, desde la página web http://www.coalicion.org.ar.
Coalición por una Comunicación Democrática
2 abril 2016 - Agradecemos su difusión
Link al petitorio http://www.coalicion.org.ar/app/uploads/2016/04/Solicitud_CIDH.pdf
Información de la CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-157-audiencias-es.pdf
Link a los Nuevos 21 Puntos: http://www.coalicion.org.ar/21-puntos-por-el-derecho-a-la-comunicacion/
El 8 de abril a las 10 hs, en Washington, el gobierno debe dar explicaciones ante la CIDH.
La unidad de las organizaciones que integran la Coalicion por una Comunicacion Demoratica permitió que a cuatro meses de asumido su mandato, el gobierno de Mauricio Macri fuera convocado por un organismo internacional por su ofensiva contra la comunicacion popular a traves de los DNU que atacan a la Ley de Servicios de Comunicacion Audiovisual y de Argentina Digital,teniendo audiencia en CIDH-OEA Washington este 8 de Abril .Solicitaron la audiencia concedida:
Gastón Chiller, Director Ejecutivo Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
Ana Jaramillo, Rectora de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa)
Sandra Torlucci, Rectora de la Universidad Nacional de las Artes (UNA)
Diego de Charras, Director Carrera de Ciencias de la Comunicación UBA
Daniel Badenes, Presidente, Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM)
María Pia Matta y Damian Loreti, Presidente y Vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). Loreti también es Secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
Néstor Busso, del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y vicepresidente Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER),
Aldo Rotman, Presidente Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe (RRULAC), Presidente de ARUNA, Director General del Sistema Integrado de Radios de la Universidad
Nacional de Entre Ríos (UNER), Coordinador Académico del Trayecto de locución (Convenio AFSCA UNER)
Horacio Arreceygor, por el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID)
Nestor Piccone, periodista, psicólogo, integrante de la Coordinación de la CCD
Mariela Pugliese, Presidenta de FARCO
Guillermo Tello, Músicos Autoconvocados
Luis Lazaro, Periodista, escritor, corredactor de la LSCA, Coordinación de la CCD
Roberto Gomez, integrante del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos CCD
Marcela Gabioud yAmanda Alma, de la Red Par, coordinación de la CCD
Osvaldo Frances, Presidente de ARBIA CCD.
La CIDH convocó a una audiencia por la modificación de la LSCA-Autor: CELS
El 18 de enero solicitamos una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informar sobre los graves impactos en materia de libertad de expresión producidos en la Argentina a partir de la modificación por decreto de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Comisión aceptó el pedido y convocó a las partes para el 8 de abril.
Las organizaciones e instituciones que realizamos el pedido, entre las que se encuentra el CELS, relevamos distintas medidas que pueden devenir en afectaciones a los derechos vigentes como: la autonomía de los órganos encargados de la aplicación de leyes sobre servicios audiovisuales; la incompatibilidad de los decretos de necesidad y urgencia 13/2015 y del decreto 236/2015 con los estándares del sistema interamericano de protección de derechos humanos; la afectación del principio de legalidad; la reducción de los límites para evitar procesos de concentración de medios o consolidación de la posición dominante; el uso de herramientas penales para implementar la intervención del órgano de aplicación de la ley. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno avanzó en la creación por decreto de un nuevo órgano y modificó los mecanismos de designación, integración y remoción de sus integrantes.
Por estos motivos solicitamos que la CIDH se involucre y contribuya a la búsqueda de soluciones.
La presentación puede leerse en este enlace:
http://www.cels.org.ar/common/Solicitud%20de%20Aud%20sobre%20libertad%20de%20expresi%C3%B3n%20y%20regulaci%C3%B3n%20de%20servicios%20audiovisuales%20en%20Argentina.pdf
La desigual agenda de la comunicación.
La OEA observa a Macri por la Ley de Medios.
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Lombardi: "Un canal público no puede tener la misma mirada que un canal privado".
Ley de Medios En sintonía con lo solicitado por el fiscal general Daniel Adler
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Mar del Plata: la Cámara habilitó el tratamiento de un amparo contra la intervención de la Ley de Medios
En línea con lo solicitado desde el Ministerio Público Fiscal, la Cámara Federal de Mar del Plata habilitó el tratamiento de un amparo contra el decreto del Poder Ejecutivo que intervino por 180 días la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). El fallo de alzada tuvo lugar luego que el Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata rechazara “in limine” la acción de amparo interpuesta por Osvaldo Francés, ex integrante del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca) –órgano que al interior de la AFSCA se encontraba constituido por representantes de las provincias, los sindicatos, las empresas privadas, universidades nacionales y medios públicos, entre otros actores- bajo el argumento de que el solicitante carecía de legitimación activa. Asimismo, la Cámara hizo lugar al requerimiento del fiscal general Daniel Adler en cuanto a tener como parte al MPF en el presente caso.
Masiva marcha en repudio al despido de Víctor Hugo Morales.
Ley de Medios: Defensora del Público pidió la intervención de la CIDH
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Cynthia Ottaviano solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la oficialización del decreto presidencial que creó el Ente Nacional de Comunicaciones e introdujo modificaciones a la Ley de Medios y a la Ley Argentina Digital sin aval del Congreso.
Cynthia Ottaviano, titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, órgano que depende del Congreso, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA tras la oficialización del decreto presidencial que creó el Ente Nacional de Comunicaciones e introdujo modificaciones en la Ley de Medios y en la Ley Argentina Digital sin aval del Parlamento.
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En detalle, un repaso por las modificaciones del DNU que se publicará mañana en el Boletín Oficial
José Crettaz-LA NACION
Aunque aún no se conoce en detalle el texto del decreto de necesidad y urgencia (DNU), que se publicará mañana en el Boletín Oficial, los siguientes serán los principales cambios que se vienen tras los anuncios del jefe de gabinete, Marcos Peña.
1.- Se fusionan las autoridades federales de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) en un nuevo organismo que regulará ambos sectores: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que será presidido por Miguel De Godoy. Afsca y Aftic habían sido intervenidas el miércoles pasado y en los últimos días se pusieron en marcha sendas auditorías.
2.- Se eliminan "los cepos" a la inversión, como los llamó Peña. Eso implicaría la derogación del artículo 41 de la ley de medios, que impide la transferencia o venta de licencias. Ese artículo fue uno de los cuatro que la Corte Suprema declaró plenamente constitucionales en 2013.
3.- La televisión por cable no será regulada por la ley de medios -que equipara ese servicio con la televisión abierta y la radio- sino que pasará a la ley de telecomunicaciones (llamada Argentina Digital, y sancionada hace un año).
4.- Las empresas telefónicas podrán dar televisión por cable en dos años, prorrogables por un año más. No se anunció, pero esa modificación podría implicar el desembarco de los cableoperadores en la telefonía móvil antes de ese plazo.
5.- El Enacom, que comenzará a funcionar el lunes próximo y será presidido por Miguel De Godoy, sería integrado por siete miembros, cuatro representantes del Poder Ejecutivo y tres del Poder Legislativo, con representación de las minorías parlamentarias. Ya no tendrán asiento en ese organismo delegados de los sindicatos y de las universidades estatales. Según pudo saber La Nación, además de De Godoy, también integrarían el nuevo ente el ingeniero Mario Frigerio (actual interventor en la Aftic), el abogado Alejandro Pereyra (cercano a Margarita Stolbizer ) y el ex ejecutivo de Telefe-Telefónica, Heber Martínez. También tendría un puesto ejecutivo en el Enacom, el actual interventor en la Afsca, Agustín Garzón.
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6.- El DNU convoca a una comisión bicameral para la redacción de una nueva ley de comunicaciones que fusione las leyes de medios (sancionada en 2009) y de telecomunicaciones (de 2014) y genere un marco regulatorio convergente. Peña fijó un plazo de un año para la redacción y el consenso de esa nueva norma.
7.- Habrá nuevos apoyos a los medios de comunicación más pequeños, los cooperativos y los de universidades nacionales, según afirmó el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. El ministro aseguró que los fondos para ese fin podrían salir de la ex Aftic, que genera fondos genuinos aportados por los licenciatarios de Comunicaciones.
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