PERSONERÍA JURÍDICA MATRÍCULA 32264 DPPJ Pcia. BUENOS AIRES
N° Registro de Entidad de Bien Público 433
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Ley 26.522
Bonadio procesó a Sabbatella por la adecuación de Clarín a la ley de medios.
El magistrado consideró que el AFSCA utilizó plazos y pedidos perjudiciales contra el multimedio.
El juez federal Claudio Bonadio procesó al ex titular del AFSCA Martín Sabbatella por actuar de oficio en busca de que el Grupo Clarín se adecue a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Bonadio afirmó que "en la época de creación del AFSCA se dio una serie de maniobras tendientes a perjudicar a distintas empresas del Grupo Clarín S. A".
Para el magistrado, "se sancionó la ley 26. 522 (Ley de Medios) , con la cual se buscó perjudicar el poder de actuación del grupo de medios y para ellos se creó el AFSCA, siendo Martín Sabbatella el ejecutor del hostigamiento al grupo de medios".
El juez intentó justificar su posición al manifestar que el AFSCA aplicó diferentes mecanismos de adecución, distintos plazos y dictámenes que perjudicaron al Grupo Clarín si se lo compara con otros medios.
Bonadio entonces procesó a Sabbatella sin prisión preventiva y ordenó un embargo de 100 mil pesos contra el extitular del AFSCA.
Lo advertíamos hace un año, luz roja y alerta encendida para los medios comunicación Pymes.
Osvaldo Frances ante la CIDH-OEA : “Librados a estas condiciones de mercado no vamos a poder sobrevivir”
Osvaldo Francés, presidente de ARBIA, la asociación que representa a los medios de comunicación PYMES y de arraigo local de Buenos Aires y el interior de la República Argentina, aseguró en Washington, ante la Comisión Interamericana de DDHH, que los medios de comunicación que son mayoría en el país, están condenados a desaparecer de proseguir el estado argentino con políticas que favorecen la concentración mediática.
Ante los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, citado por la CIDH, el dirigente aseveró que “Librados a estas condiciones de mercado no vamos a poder sobrevivir y de esta forma se atenta contra la pluralidad de voces que tanto se declama”.
Francés fue vicepresidente del COFECA, organismo creado por la Ley de SCA 26.522, que estaba integrado por representantes de cada una de las provincias, de los gremios de la comunicación, entidades empresariales de medios, las universidades, las cooperativas y los pueblos originarios, entre otras representaciones de la sociedad civil. A pocos días de asumir, Macri firmó un DNU, que sin más trámites, modificó la LSCA y disolvió el organismo.
Al respecto Francés explicó que “las funciones (del COFECA) eran amplísimas Ad Honorem y en representación de todas las organizaciones de la sociedad civil”, antes había advertido que “Nosotros siempre vimos la película completa desde la sociedad civil, nunca vimos la foto y creemos que hoy estamos viendo una película que ya la vimos, una película repetida”.
En su contundente alocución el también presidente de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina (CoRaMeCo), y miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática, advirtió que su sector “con estos DNU no podrá competir contra los grupos concentrados, dado la programación, publicidad y eliminación de los techos de concentración, que es fundamental”.
ARBIA fue una de las organizaciones que integró la delegación que recurrió al organismo internacional a raíz de las afectaciones al derecho a la libertad de expresión por parte del gobierno de Mauricio Macri con sus decretos que modificaron el marco regulatorio previo de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones.
En la audiencia se expusieron los argumentos de los peticionantes, que mostraron y ejemplificaron regresiones a partir de la adopción de los DNUs en el sector de los medios, y las respuestas del gobierno, que se limitó a criticar el desempeño de los gobiernos kirchneristas y a prometer una futura ley que repararía, hipotéticamente, algunos de los abusos enunciados.
Después de escuchar a las partes, el Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli recordó que “la concentración de medios es dañina, contraria al derecho de los receptores de la información” y le preguntó al Estado “qué va a hacer, si es que algo va a hacer” y cómo la va a enfrentar. También les preguntó a los funcionarios de qué forma el Estado abordará “el tema de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios”. El Relator Especial Edison Lanza coincidió en que la concentración afecta el pluralismo y la diversidad, planteó la falta de autonomía del ente regulador (ENACOM) y remarcó que los decretos pueden perjudicar los derechos de las audiencias.
https://www.youtube.com/watch?v=19PLdKiUEng
MINISTERIO DE COMUNICACIONES ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 2064-E/2017
Por ello, EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Deléganse en el titular del primer nivel operativo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, en el marco de sus respectivas competencias:
a) La facultad de imponer sanciones a los prestadores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por incumplimientos a la normativa vigente que expresamente no estén asignados a otra dependencia.
b) La facultad de disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Miguel Angel De Godoy.
La Coalición por una Comunicación Democrática alerta sobre el proceder represivo y de amedrentamiento llevado adelante por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) —con auxilio de Gendarmería en algunos casos— a diversas radios de Frecuencia Modulada registradas en las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes. En estos operativos, realizados durante el mes de febrero y los primeros días de marzo, a algunas emisoras se les decomisaron equipos y se las clausuró sin intimaciones previas. Tales hechos se agravan por acciones legales que suponen, en los hechos, un intento de criminalizar el ejercicio de la libre expresión.
El pasado 7 de marzo, Radiodifusores de Formosa señalaron en su Declaración que “La actuación del organismo federal configura un avasallamiento a los derechos que tenemos de trabajar y expresarnos libremente, sin que las opiniones o posturas que puedan asumir cada uno, puedan ser motivo de molestia para algunos, ya que este es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y regulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
El argumento de los procedimientos llevados a cabo en Formosa contra FM Milenium, FM Popular y FM La Torre, alude a improbables interferencias al aeropuerto de Resistencia, Chaco. Adicionalmente, dos camionetas del ENACOM recorrieron toda la ciudad de Formosa y aledaños en supuestas maniobras de verificación técnica.
Adherimos al comunicado de la Asociación de Radiodifusores Formoseños al señalar que: “Colocarnos en situación de radios ilegales en realidad demuestra la mora y la deuda que el Estado Nacional tiene con los radiodifusores por no regularizar el espacio radioeléctrico, convocando a los concursos correspondientes para que se puedan obtener las licencias que correspondan, ya que es intención y voluntad la de trabajar con las habilitaciones definitivas”.
La ilegalidad de fondo está causada por el propio Poder Ejecutivo Nacional que, al asumir en 2015, usurpó las facultades naturales del Congreso de la Nación y legisló por Decreto, para favorecer los negocios de los grandes grupos mediáticos privados.
Los operativos del ENACOM también se realizaron en Chaco, Corrientes y en una emisora de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, en algunos casos con avasallamiento de derechos otorgados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aún vigentes.
También merece nuestro repudio un peculiar operativo fiscal contra emisoras radiales —con amenazas de clausura incluidas—, realizado a fines de enero de 2017 por la Intendencia de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Cabe señalar que un presunto recupero de deudas o regularización fiscal no puede en modo alguno violar el derecho federal y constitucional a la libertad de expresión, excepto que sea ordenado por autoridad judicial competente.
Ante la existencia de una multiplicidad de emisoras censadas por el ex AFSCA en 2011, y dada la imposibilidad de medios comerciales y sin fines de lucro de obtener su licencia, resulta de una extrema pobreza argumentativa el utilizar la supuesta falta de habilitación para acallar las voces de emisoras FM en todo el país. La Coalición por una Comunicación Democrática sostiene que el derecho a la libertad de expresión e información debe primar hasta tanto el Gobierno complete la regularización por medio de sendos planes técnicos y concursos ordenados por los artículos vigentes de la Ley 26.522.
Si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están.
Los millonarios beneficios económicos de la gestión Macri al Grupo Clarín
El holding que encabezan Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto protagonizó un exponencial incremento del monto que precibe del Estado nacional por publicidad.
Apenas asumió, Mauricio Macri tuvo el gran gesto con el monopolio Clarín. El lunes 4 de enero firmó el DNU 267 creando el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), disolviendo el AFSCA, pero además amplía los derechos para Cablevisión, mientras las empresas de telefonía básica y móvil sólo podrán ofrecer televisión por cable el 1 de enero de 2018. Por si fuera poco, ese plazo puede extenderse por un año más por decisión del ENACOM. (Ambito.com)
Se aproxima el primer aniversario del gobierno de Mauricio Macri y con él recibiremos andanadas de informes que intentarán dar cuenta de balances sobre la gestión del “nuevo” gobierno. Este fin de semana las tapas de los diarios de mayor circulación se anticiparon a la fecha y en su interior comenzaron con los fuegos artificiales. Les cuesta ocultar el desastre, pero lo intentan.
Es raro esto de nombrar como nuevo a un gobierno que lleva un año y además remeda versiones anteriores. El brutal endeudamiento de estos meses nos trae a la memoria al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La persecución judicial y la recesión provocada nos recuerdan la idea de hacer desaparecer de la historia al peronismo y a la ¨columna vertebral”, el movimiento obrero. La detención irregular de Milagro Sala horada el frente externo.
En materia de comunicación el año que culmina se parece mucho al menemismo en su vocación re-reguladora, con extranjerización de medios y fuerte concentración. Pero el panorama no es tan simple. Para poder tener un balance más abarcador la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) convocó a el 2º Encuentro Federal por la Comunicación Democrática el viernes pasado. Producto de esa actividad es fruto el documento del cual hemos tomado el título para esta nota y que intentaremos comentar en la idea de que la comunicación no es un tema de periodistas y dueños de medios. La sociedad toda debe involucrarse en su planificación, diseño y gestión en tanto la frontera entre política y comunicación es cada vez más difusa.
Los más de 150 participantes del encuentro propiciado por la CCD, enumeraron una serie de aspectos que van desde decisiones de gestión hasta intenciones políticas en los que podemos encontrar la mano de las espadas que se hicieron conocidas por su oposición acérrima a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que reemplazó al decreto-ley de la Dictadura -es bueno recordarlo-.
Comienza el documento caracterizando la situación actual como “de riesgo” para la comunicación social y la libertad de expresión en función de haber decidido impulsar por Decreto de necesidad y Urgencia cambios que hubieran requerido de una Ley del Congreso Nacional. Así, la pluma de Mauricio Macri y alguno de sus ministros terminó resolviendo por sobre la voluntad de millones de compatriotas que habían participado del proceso de construcción de una legislación más amplio del que se tenga memoria. Por decreto Macri resolvió disolver la AFTIC y la AFSCA (órganos que regulaban las actividades de las telecomunicaciones y la comunicación audiovisual) y los comprimió en un solo ente cuya mayoría controla el Poder Ejecutivo. Junto con ello se cargó la representación territorial y sectorial en los Consejos Federales que acompañaban la gestión como órganos participativos revisores y de dictado de políticas.
La desaparición del Fútbol para Todos como instancia de recepción gratuita de contenidos deportivos, la entrega de frecuencias del espectro radioeléctrico sin concurso para beneficio de sociedades privadas y la autorización para que empresas ya dominantes en el mercado adquieran otras con las que consolidan sus posiciones son parte de lo que se trató el viernes pasado en el Congreso Nacional.
Claro que todo esto no se hace a la vista de todos, la oscuridad en las decisiones es la norma. El Ente Nacional de Comunicaciones (que reemplazó a AFSCA y AFTIC) continúa sin publicar sus actas de reuniones. A espaldas de la sociedad de toman decisiones que consolidan el poder de los más poderosos. Mientras dilatan el pago de dinero adeudado de los concursos establecidos por ley, hacen un simulacro de debate en reuniones cerradas, sin acceso al público y ofrecen una “ventanilla de participación” por medio de un formulario en el que caben trescientos caracteres. Así fueran tres mil, estaríamos en la misma posición. Las políticas de comunicación se deben discutir de cara al conjunto de la sociedad y no entre cuatro paredes.
La concentración tiene una consecuencia directa: la censura. El poder dominante de unos pocos ahoga la pluralidad en los medios de comunicación. Menos programas, menos canales, menos trabajo. Es un círculo vicioso que sólo favorece a los dueños de los medios más grandes y a los poderes políticos con los que se asocian para extraerles favores. Historia repetida.
Una de las experiencias más novedosas que trajo la Ley de SCA fue la creación de la Defensoría del Público. Pues bien, terminado el mandato por cuatro años de la primera defensora, la Alianza Cambiemos con la anuencia del Frente Renovador ha resuelto dejar acéfalo a este órgano. Las ciudades pequeñas y medianas conocen bien el fenómeno de la retransmisión de contenidos generados en Buenos Aires. La repetición de emisiones creadas y concebidas para otro lugar actúa como tapón a contenidos locales y al trabajo de decenas de miles de personas en toda la Argentina. Para complicar más las cosas, o para favorecer a las emisoras más grandes de Buenos Aires, la firma de Macri decidió ampliar el tiempo permitido para retransmitir, ahora se puede hacer hasta la mitad del tiempo en el aire, antes el límite era un tercio. Todos estos temas y algunos otros son denunciados en el documento de la CCD que es producto del encuentro relatado, pero que recoge el debate de meses a lo largo y ancho del país en todas las ciudades donde la Coalición tiene funcionamiento.
Los desequilibrios entre Norte y Sur, entre la Capital Federal y el resto del país, entre las capitales de las provincias y el resto de su territorio, no son nuevos. Pero no por viejo el debate deja de ser necesario. Mucho menos cuando desde fines de 2009 una Ley del Congreso nos había puesto a la cabeza del mundo. De un mundo que quería ser soberano y entendía que sin cambiar el modo en el acceso y distribución de la información y las comunicaciones era casi imposible pensar en una verdadera democracia.
El documento referido culmina señalando un camino. Dice que “El derecho humano a la comunicación requiere hoy acceso universal y gratuito a redes de banda ancha y las plataformas que permiten intervenir en el flujo de contenidos digitales. Los contenidos han sido y son el motor que impulsó el exponencial desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y el Conocimiento). El desafío es equilibrar los flujos de circulación de manera horizontal y preservar los contenidos nacionales y regionales sin interferencias, favoritismos o imposiciones de mercado”.
Difícil para un gobierno que ha hecho de la ampliación de brechas y los desequilibrios su manera de gobernar. Complicado para los CEOs que pueblan la Casa Rosada y que piensan solo en negocios. Para ellos hablar de “políticas activas de conectividad universal, alfabetización digital, fomento de la apropiación popular de las tecnologías e impulso a contenidos locales y nacionales” es directamente hablar otro idioma.
Tras once meses, el Gobierno de Macri avanza en la demorada Ley de Medios.
En marzo le presentarán la propuesta para debatir en el Congreso. La directora de Enacom anticipó que el objetivo es "tener una infraestructura de comunicaciones adecuada".
Luego de destruir la Ley de Medios aprobada por los tres poderes del Estado, el macrismo después de once meses avanza en una nueva ley de Telecomunicaciones y de Medios. Según el oficialismo, es con el objetivo de ofrecer una "infraestructura adecuada", que le permita a los ciudadanos tener "acceso a internet de banda ancha".
Así lo manifestó la directora del Enacom, Silvana Giudici, en declaraciones formuladas en la Casa Rosada, donde participa de un encuentro preparatorio para la constitución del Consejo Federal de Comunicaciones (Cofeco). Ese consejo consultivo estará conformado por las provincias, los sindicatos y las organizaciones sin fines de lucro.
La funcionaria confirmó que hoy se está "trabajando en una nueva ley de Telecomunicaciones y de Medios", y adelantó que el objetivo es "tener una infraestructura de comunicaciones adecuada y que cada ciudadano tenga acceso a internet de banda ancha".
Respecto a la unificación de la ley de Telecomunicaciones y Medios, Giudici afirmó que "la premisa es la pluralidad de voces", y aclaró que la iniciativa propone que haya "un marco regulatorio que no permita que haya una sola voz preponderante". Y adelantó que "en marzo del año próximo" le presentarán al presidente Mauricio Macri la propuesta para ser enviada al Parlamento.
Graciana Peñafort: "vamos a tener una concentración de medios permitida".
La abogada especialista en temas de comunicación Graciana Peñafort, dialogó con Juan Gentile y Juan Agosto en el programa "El hecho maldito" por FM Futurock, sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los DNU que la modificaron, la concentración de medios y el proyecto de ley de convergencia del gobierno.
Peñafort señala que "todo lo que está pasando desde enero en Argentina (en materia de medios) está pasando en el marco de una legislación de excepción que es un DNU y que se han dictado un montón de resoluciones que no han tenido control legislativo". Entonces hay un primer problema que es que estamos bajo una ley que es transitoria, así lo sostuvo le gobierno en la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que permite que se consoliden hechos que son definitivos.
Luego se refiere al concepto de "autorregulación del mercado" e indica que esto no existe, que siempre hay una mano invisible que lo regula y que este gobierno no va a regular una concentración que él mismo ha permitido; entonces asevera que "vamos a tener una concentración permitida en manos de una regulación de excepción".
Y respecto de la visión política, Peñafort dice que "el modelo político que tiene el gobierno de Cambiemos, requiere de un nivel de blindaje mediático que a su vez requiere de poca pluralidad y jugadores muy fuertes".
Víctor Hugo Morales: "Hernán Lombardi ha sido el gran canalla".
En el programa El Diario de C5N, Víctor Hugo Morales e Iván Schargrodsky se refieren al despido del periodista Juan Agosto que trabajaba en el programa La Quinta Pata de la Tv Pública y era la única voz disidente con el gobierno macrista del panel.
Víctor Hugo Morales comenta el despido del periodista Juan Agosto de la TV Pública y lo considera "otra de las hazañas de Hernán Lombardi, que ha sido el gran canalla que han tenido que sobrellevar los periodistas en este tiempo; él ha estado a la cabeza de todas las ignominias, de todas las agresiones que hizo provocar a periodistas".
Iván Schargrodsky señala que Juan Agosto fue despedido del programa "que se planteó como la nave insigna de la pluralidad de la televisión pública; el único periodista crítico con el macrismo que había en La Quinta Pata, dicho por el diario Clarín" y hasta el momento no le dieron explicaciones.
Parte del texto del Comunicado referido a Libertad de Expresión en Argentina
La CIDH también recibió información sobre el derecho a la libertad de expresión en Argentina. La Comisión valora las delegaciones de alto nivel que participaron por parte del Estado y por parte de los solicitantes, así como la información presentada por ambas partes. Las organizaciones de la sociedad civil y medios universitarios y comunitarios plantearon una serie de afectaciones a la libertad de expresión que se habrían producido como consecuencia de las modificaciones introducidas a la Ley de Servicios de Comunicación, a través de tres decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. La delegación del Estado justificó los cambios en el contexto de violaciones a la libertad de expresión que se verificaban en la anterior administración, la velocidad de los cambios en las tecnologías de la información y la posterior convalidación de estas normas por parte del Poder Legislativo. La CIDH valora el anuncio del gobierno de que abrirá un espacio de consulta y diálogo previo a la promulgación de una nueva legislación respetuosa de los estándares internacionales. Asimismo, la CIDH toma nota de la transitoriedad de la situación vigente y recuerda el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, por lo que continuará dando seguimiento al proceso.
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