Concentracion de Poder

Darío Villarruel: "Irá preso Magnetto?".

El periodista y abogado Darío Villarruel se refirió a la causa Papel Prensa, en su programa "Secreto de Sumario" por Radio del Plata. Comentó acerca de la pericia contable que dictaminó a favor de la querella y deja a los imputados en condiciones de ser llamados a indagatoria.

Villarruel comenta que hay un dictamen en la justicia federal hecho por los peritos de la Corte Suprema que en la causa contra Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre por la apropiación de Papel Prensa, que señala en forma contundente que el Grupo Clarín y La Nación, pagaron un precio vil por la empresa que pertenecía al Grupo Graiver; el 30% del valor real, que además, no fue abonado.

La causa está en manos del juez Ercolini, luego de que se la sacaran al juez Freiler que había pedido la indagatoria de los acusados. Y con esta nueva pericia, ya no quedan dudas que la denuncia tiene asidero, por lo que al juez no le queda otra alternativa que pedir esa indagatoria. Lo que se pregunta Villarruel es si el juez se animará a eso, ya que se trata además, de un delito que no es excarcelable.

Y luego compara lo que se dice respecto de Cristina Kirchner y la posibilidad de que vaya preso, cuando está denunciada por hechos de corrupción y el caso de Magnetto, Noble y Mitre, que están acusados de un delito en el marco de un gobierno militar que cometía delitos de lesa humanidad.

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Clarín lo hará de nuevo.

La semana que pasó el Grupo Clarín anunció que sus accionistas estudian escindir sus unidades de negocios de acuerdo a un criterio que contempla por una parte los negocios de Cable y Telecomunicaciones (Cablevisión, Fibertel y Nextel) y por el otro los medios periodísticos y de producción de contenidos (los diarios Clarín, Olé, La Razón, La Voz del Interior y Los Andes, Canal 13, TN, Radio Mitre, las señales TyC Sports, Metro y algunas otras y sus medios digitales).

Si alguien pensó que finalmente la desinversión pretendida por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sería realidad durante el gobierno de Macri, le avisamos desde acá que no es así, que los reyes magos son los padres. Y que este cambio no tiene nada que ver con la adecuación que la Ley exigía, archivada por el ENACOM a partir de la modificación de la 26.522 por el DNU 267/2015.

Es que la ley tal como se votó en 2009 había incorporado topes a la cantidad de licencias que intentaban limitar la concentración de licencias y la suma de abonados en las mismas manos. También la propiedad cruzada de contenidos y plataformas para evitar abusos de mercado. Ni más ni menos que cláusulas antimonopolio para favorecer la competencia y la diversidad en una actividad sensible a la democracia como es la comunicación audiovisual.

Entender los alcances del DNU con el que el gobierno nacional cambió el escenario de la comunicación ¿para siempre? resulta clave para caracterizar la alianza que recorre los vasos comunicantes entre gobierno y empresas.

Es de esperar que cuando los vientos cambien hayamos construido conciencia política y poder popular capaces de evitar que nuevamente sea el pueblo argentino el que se haga cargo del costo de las aventuras de estos CEOs que se dedican a hacer negocios con plata ajena.

Nota completa en:
http://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_1036/claran-lo-hara-de-nuevo 

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Con un mes de recaudación de AFIP se pueden pagar 58 años del Fútbol para Todos.

A pesar de las críticas por el gasto del Estado, el monto que desembolsa para asegurar mayor cobertura del deporte más popular es escaso en relación a ingresos.

Uno de los argumentos más remanidos a la hora de criticar el Fútbol para Todos es el presuntamente exorbitante gasto que hace el Estado para sostener la transmisión de los partidos de la Primera División y el Nacional B sin costo extra para los hinchas, ya expulsados por la prohibición de los visitantes de asistir a los estadios. Sin embargo, los datos duros indican otra cosa.

Con solo ver el nivel de ingresos y gastos del Estado y lo que eroga luego para el FpT, uno puede ver la real magnitud. Con el dinero que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recaudó tan solo en junio de este año se podrían pagar el equivalente a 58 años de los derechos de transmisión, en valores que reclaman los clubes por el nuevo contrato con los privados.

La comparación es sencilla: los recursos tributarios que informó la AFIP en junio fueron de $174.597 millones, contra los 3 mil millones anuales que reclaman los clubes y que el Gobierno nacional asegura que no está dispuesto a otorgar y por eso "acepta" el pedido de rescisión del contrato, firmado en 2009.

Inclusive, el número es mayor si se toma en cuenta el valor actual del FpT, de $1.800 millones. En ese caso, la recaudación mensual alcanzaría para pagar el fútbol por 97 años.

Hay que tener en cuenta que el monto de la recaudación está afectado no solo por la recesión, que implica menores ingresos (el IVA, indicador de cuánto se consume, ascendió de forma interanual un 38% cuando los índices de inflación disponible se ubican por encima del 40%) y la política explícita del Gobierno de reducir la carga tributaria sobre algunos sectores, lo que implica menor recaudación, por ejemplo, a través de las retenciones (recolectó un 52% menos por este ítem). Globalmente, el Estado juntó un 24% más que en junio del 2015, muy por debajo del alza general de precios.

Si se compara con el presupuesto total de la administración pública para este año, de poco más de 1,5 billón de pesos, uno vería que los recursos previstos del Estado alcanzarían para 523 años de fútbol. O, dicho de otro modo, solo el 0,19% del presupuesto se destinaría a los derechos de transmisión, por lo que prescindir de los mismos no cambiará para nada la ecuación económica del Estado.

Además, el monto requerido por los clubes y que pretenden obtener de parte de los privados, equivale a solo el 3,6% de la inversión en Educación pautada para este año y al 8% de Salud.

Luego, podrá discutirse si el fútbol vale lo que los dirigentes quieren ganar, pero otra cuestión es pretender sostener que el deporte más popular del país genera los problemas en los servicios esenciales que debe proveer el Estado. Los números lo muestran.

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Silvia Martínez Cassina "es un hecho de violencia de genero brutal es la historia de Artear y del Grupo Clarín".

La periodista de Canal 13 Silvia Martínez Cassina brindó una nota a la Agencia Paco Urondo, en el marco de la marcha realizada el viernes pasado en la ciudad de Buenos Aires por #NiUnaMenos. Allí se refirió al apriete del que fuera víctima a través de una nota publicada en el diario Clarín y a la forma en que se maneja el grupo respecto de los derechos de los trabajadores.

Martínez Cassina declaró ante los periodistas de la agencia Paco Urondo que fue amenazada por el Grupo Clarín a través de una nota al parecer inocente y anecdótica pero que "fue un hecho gravísimo que no se limita solamente a la misoginia, es un hecho de violencia de género brutal, un hecho de persecusión sindical que no es coyuntural, es de la historia de Artear en particular y del Grupo Clarín en general".

Todo comenzó cuando en el noticiero el conductor Luis Otero saludó a las Juanas por el día de Juana de Arco, y Silvia Martínez Cassina agregó "Si, y que siga la lucha". Luego el diario publicó una nota comentando esto, que terminaba con la frase "Ojo con la lucha, Silvia, mirá que esa Juana de la que hablan terminó quemada en la hoguera". Y teniendo en cuenta la participación activa sindical de la periodista, esto no puede pasar como algo inocente.

En la nota que dio, la periodista señala que "hay un cerco de miedo institucionalizado; adentro del canal todavía te miran con miedo, no te miran a los ojos. No digo que no quieran comprometerse o solidarizarse, pero tienen tanto miedo a las represalias que pueden venir, que no se pueden expresar."

Y luego agrega que esto no es algo inocente, que lo vió un jefe de sección que tiene 20 años realizando ese trabajo y una cosa así no se le puede pasar. Que "tengo una historia de compromiso laboral; hace rato que mi participación en asambleas molesta" y afirma que "no soy permeable a ninguno de sus métodos como regalos y aprietes".

AUDIO: ftp://ftp.lacorameco.com/06062016/6_6_16_Silvia_Martinez_Cassina.mp3

Macri recibió a al vice de AT&T y empuja su desembarco en telefonía.

Macri lograría el ingreso de un inversor extranjero de peso, en una jugada similar a la que pretende habilitar el desembarco de Turner en la televisación del fútbol, y también en el de la TV abierta. Las dos jugadas tendrían una misma víctima: el Grupo Clarín.

Mauricio Macri recibió en la quinta de Olivos a Rafael de la Vega, vicepresidente de AT&T, la empresa estadounidense de telecomunicaciones que podría invertir en telefonía celular.
Gobierno le quiere sacar a Vila la banda de 4G y dársela a AT&T
Macri quiere ofrecerle la frecuencia 4G que fue adjudicada a Arlink, la empresa de Daniel Vila y José Luis Manzano, pero luego se le quitó por no haber pagado el costo de 506 millones de dólares de la licitación.
Los mendocinos fueron a la justicia y lograron que un juez de Mendoza dictara la cautelar y así pudieran retener el espectro 4G, que ahora Macri le reclama devolver para dárselo a AT&T.

El gigante del mercado de las telecomunicaciones hace dos años empezó a invertir fuerte para hacer pie en Latinoamérica. El primer paso fue la compra de la mexicana Iusacell.

Con su llegada al país, Macri lograría el ingreso de un inversor extranjero de peso, en una jugada similar a la que pretende habilitar el desembarco de Turner en la televisación del fútbol, y también en el de la TV abierta.

Las dos jugadas tendrían una misma víctima: el Grupo Clarín.

Cablevisión ahora, no quiere cumplir lo dispuesto por el ENaCOM.

En representación de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT), el abogado Miguel Julio Rodríguez Villafañe, presentó la Resolución 1394 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCOM), en la causa del amparo interpuesto, con motivo que Cablevisión S. A., se resistía a cumplir, la obligación de incluir, debidamente, en la grilla del cable al canal universitario de noticia CBA24N, como lo manda la Ley 26522 de Servicios de la Comunicación Audiovisual y las diversas sentencias adoptadas por la Justicia Federal. Manifestó el abogado de los SRT, “que ahora Cablevisión no puede dilatar más, el deber mantener señal en la grilla analógica y subirla a la grilla digital, adecuadamente, como manda la ley 26.522, las sentencias judiciales y ahora también lo dispone la resolución del ENaCom”.

El ENaCom, entidad conformada por el inconstitucional DNU 247/16, dictó la Resolución 1394, en la que, estableció el Reglamento General del Servicio de Cable, en el dispone que dichos servicios “deberán garantizar, conforme el principio de neutralidad de la red en cada Área de Cobertura autorizada: a) La emisión sin codificar de las señales de Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado; de todas las emisoras y señales públicas del Estado Nacional y en todas aquellas en las que el Estado Nacional tenga participación”. A lo que, a su vez, en el artículo se agregó, dos incisos más, que debe subir y mantener en la grilla además, a los canales de televisión abierta, como LV80 Canal 10 y los canales de noticias nacionales, (art. 12).

En la causa compareció, el viernes 29 de abril, Cablevisión S.A. y dijo, que “La Resolución 1394 dictada por la ENaCOM en modo alguno avala la postura asumida por la contraria en estas actuaciones y menos aún convalida las sentencias dictadas en autos, debiendo, tal como fuera solicitado, decretarse abstracta la presente causa en tanto, como consecuencia del Decreto 267, no existe obligación alguna de incorporar a la señal de la actora en la grilla de Cablevisión”. Y agregó, que la propia Resolución 1394 no prevé la obligación de los licenciatarios de incorporar las señales universitarias como CBA24N, “la señal CBA24N es una señal universitaria y no una señal de noticias nacionales… En tal sentido, el ENACOM no ha indicado que la señal de la actora sea de incorporación obligatoria para Cablevisión” y a su vez, dijo que no cabe subir la señal a la grilla digital, como lo dispuso la justicia.

Respecto de lo manifestado por Cablevisión, Miguel Rodríguez Villafañe sostuvo, que “la actitud de Cablevisión, empresa del Grupo Clarín, deja en claro que, en la medida que no le sirvan a sus intereses, no está dispuesta a cumplir ni la ley 26522, ni las sentencias judiciales, y ahora, ni las decisiones de entes creados por el inconstitucional DNU 267 del presidente Mauricio Macri. En este caso, se olvida la empresa cablera, que la Resolución 1394 establece, que debe subir a la grilla las señales públicas, en las que el Estado Nacional tenga participación y en el caso de los SRT, es una S. A., en la que el capital es de la Nación, que aportó a través de la Universidad Nacional de Córdoba que es un ente público nacional y además, los SRT tiene asignaciones de partidas contempladas en el presupuesto de la Nación, (figura en el punto denominado Jurisdicción 91 del presupuesto) y como si fuera poco, además, CBA24N es un canal de noticias nacional, todo lo que contemplan dos de los incisos del art. 12 de la Resolución. Y, por supuesto, de acuerdo a la Resolución referida, tampoco puede Cablevisión bajar de la grilla a LV80 Canal 10, el canal abierto de la Universidad Nacional de Córdoba, por ser un canal local de televisión abierta. Ahora la Justicia debe resolver la cuestión e indudablemente tiene que rechazar la postura de Cablevisión”. 

El ENaCom no le ha dado la razón a Cablevisión.

Atento a lo sostenido por organizaciones de la sociedad civil, medios universitarios y comunitarios de Argentina, en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se llevó a cabo el 08 de abril de 2016, en la sede de la CIDH, en Washington, como a la postura de la  “Coalición por una Comunicación Democrática”, la Defensoría del Público y la firmeza en el tema de los Servicios de Radio Difusión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT), el Ente Nacional de Comunicación (ENaCom), tuvo dictar ahora la Resolución 1394 y en ella establecer que empresas como  Cablevisión S.A. tiene la obligación de subir a su grilla a señales como las de  CBA24N.

En la referida Resolución 1394, en el artículo 12 del Reglamento General del Servicio de Cable, determina que dichos servicios “deberán garantizar, conforme el principio de neutralidad de la red en cada Área de Cobertura autorizada: a) La emisión sin codificar de las señales de Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado; de todas las emisoras y señales públicas del Estado Nacional y en todas aquellas en las que el Estado Nacional tenga participación”. A lo que, a su vez, en el artículo se agregó, que debe subir y mantener en la grilla además, a los canales de televisión abierta como LV80 Canal 10 y los canales de noticias.

Respecto de la cual, el abogado Miguel Julio Rodríguez Villafañe, representante de los SRT manifestó, que “es un éxito de los argumentos esgrimidos en el caso, de no regresividad en materia de derechos humanos. Además, sostuvo que, sin dejar de reiterar que se mantiene la impugnación de inconstitucionalidad de los DNU 267, 13 y 236, que acaba de presentar en la justicia federal de Córdoba, como en la Corte Suprema de la Nación el planteo de jaque mate a la postura de Cablevisión  S. A., empresa del Grupo Clarín, ya que tanto por aplicación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual  y por las múltiples sentencias judiciales dictadas en el amparo, se debe mantener, debidamente, la señal de CBA24N en la grilla, y ahora ello se debe respetar, también a tenor de la Resolución 1394, adoptada por el Gobierno del Presidente Mauricio Macri, por lo que la empresa cablera tiene que mantener en la grilla, debidamente, a la señal de CBA24N, el canal de noticias de la Universidad Nacional de Córdoba y de ninguna manera lo puede bajar, como ha pretendido hacerlo Cablevisión, después de la aprobación por la Cámara de Diputados de la Nación del DNU 267”.

Cablevisión urge a la justicia, que se le autorice bajar CBA24N de la grilla.

Cablevisión S. A., ha solicitado a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que declare abstracto lo resuelto en el amparo planteado por los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT), en el que, conforme lo dispone el art. 65 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la justicia ordenó a la empresa de cable incluir en su grilla al canal de noticias universitario CBA24N.

El abogado Gerardo Viramonte, en representación del cable del Grupo Clarín, fundó su pedido en el hecho que el Decreto de Necesidad y Urgencia “267/2015, ha excluido a la televisión por cable de las disposiciones contenidas en la ley de medios de comunicación audiovisual”. Razón por la cual, sostuvo que no le es aplicable la Ley 26.522 y dado que la Cámara de Diputados aprobó el DNU 267 y otros dictados por el presidente Mauricio Macri, requirió que se deje “sin  efecto todas  y cada  una  de  las medidas que se han adoptado en la causa”, ya que considera, que lo requerido por los SRT ha quedado abstracto, porque ahora la ley anterior no le es aplicable.

El abogado Miguel Julio Rodríguez Villafañe, en representación de los SRT, se ha opuesto firmemente a la pretensión de la empresa cablera. Ha sostenido, en este aspecto, en el escrito que ha presentado en la justicia, que “de ninguna manera se pueden levantar las medidas adoptadas por la justicia en la temática. Hay que tener presente que los DNU 267, 13 y 236/2015 han sido impugnados de inconstitucionales por nuestra parte y la justicia no se ha expedido hasta este momento. A su vez, el hecho que los inconstitucionales decretos de necesidad y urgencia hayan sido aprobados por la Cámara de Diputados, no implica que sean tenidos como una ley formal, ya que, conforme lo dispone el artículo 82 de la Constitución Nacional, la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente y se excluye, en todos los casos, la sanción tácita. Aún más, podría la Cámara de Senadores rechazar los DNU e insistir ante la Cámara de Diputados que cambie su posición aprobatoria en el tema”.

Además, agregó Rodríguez Villafañe, que “la postura de inclusión obligatoria de CBA24N en la grilla es la obligación de los proveedores de televisión por cable que deben subir a su señal a los canales locales de televisión y a las señales, como las de las Universidades Nacionales, para garantizar la palabra local, no permitir una visión única centralizada y dar voz a todos”.

Asimismo, el abogado de los SRT manifestó que, “tampoco puede ser bajado de la grilla la señal de CBA24N, ya que la libertad de expresión y de información, que son derechos de aseguramiento preeminente, los protege, entre otras razones, por el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, por el que todo avance del goce de la libertad de expresión implica la necesidad de garantizar su disfrute, sin retrocesos en lo logrado. De lo contrario, más allá de los otros derechos que le asisten al canal universitario, el ser bajado de la grilla implicará privar a los cordobeses de acceder, con facilidad, al primer canal de noticias del interior del país, lo que es inaceptable y ya se ha logrado y no cabe marcha atrás”.

Por último, y un dato no menor, Rodríguez Villafañe sostuvo en sus declaraciones, que “también defiende con particular énfasis la preservación de la fuente de trabajo de los integrantes del equipo de CBA24N que, si el capricho inconstitucional de Cablevisión se permitiera, pudieran quedar privados de dar a conocer la visión cordobesa de la realidad y desempleados, ya que los SRT han hecho una gran inversión en el canal de noticias, para brindar un producto de calidad, que sería difícil de sustentar, sí dicha señal no pudiera estar en el cable”. 

No van a desaparecer la verdad, No van a desaparecer a teleSUR.

Tendenciosidad denota el artículo de La Nación para “defender” el “pluralismo” de Mauricio Macri. Este domingo en el diario argentino La Nación se anticipó en una nota firmada por José Crettaz titulada "El Estado argentino se va de la cadena teleSUR", el retiro de ese país de este multimedio informativo. Esto significa que dejará de emitirse en la plataforma estatal de Televisión Digital Abierta (TDA) y también dejaría de ser obligatoria su inclusión en las grillas de los cables privados. El artículo recoge declaraciones del ministro de Medios, Hernán Lombardi y del secretario de Comunicación Pública  Jorge Grecco, según las cuales habrían resuelto abandonar la señal multiestatal integrada por Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Uruguay.

El Estado argentino se va de la cadena teleSUR.

El Estado argentino ya no integrará la sociedad propietaria de teleSUR, la señal multiestatal de noticias que emite desde Caracas y es manejada por el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Con el lema, "nuestro norte es el sur", la señal -lanzada por el fallecido Hugo Chávez en 2005- nació con el objetivo de ser una voz alternativa al flujo informativo "hegemónico" y "neoliberal" pero de inmediato se convirtió en vocera de los los gobiernos populistas que la financiaron, entre ellos los de Néstor y Cristina Kirchner. Tras varias semanas de análisis jurídico, el ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, resolvieron abandonar La Nueva Televisión del Sur C.A., la compañía estatal integrada por los gobiernos de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Uruguay y, hasta ahora, Argentina (que tenía el 16% de las acciones). Lombardi y Grecco confirmaron a LA NACIÓN que "acordaron iniciar el trámite correspondiente para dar por finalizada la participación del Estado Argentino en Telesur" y notificaron de esa decisión a la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra.

Un funcionario de Macri tiene acciones de Clarín y Techint.

Mario Quintana tiene participación en el multimedios y la gigante industrial. Es uno de los funcionarios más acaudalados. El coordinador del Gabinete Económico, Mario Quintana, es uno de los accionistas de Clarín y de Techint. Junto a estos activos, el ex presidente de Farmacity tiene participaciones en otras grandes compañías por un total de $ 42,6 millones. El antes titular del fondo especulativo Pegasus fue uno de los primeros en desembarcar en el gabinete empresario de Mauricio Macri. Las acciones de Clarín las compró en mayo de 2009, un año después del lockout patronal, y las reconoció también en su declaración jurada sobre 2014, donde las estimó en $ 1.422.000, publicó Perfil. En ese tiempo el precio se multiplicó en un 2.743,9%.

Cablevisión sacó a Telesur de su grilla de programación.

Escándalo en la UIF: la relación entre sus titulares, el HSBC, Clarín y los despidos.

La nueva gestión cesanteó a la mitad de los especialistas a cargo de investigaciones por lavado de activos. ¿Qué vínculos mantienen con estas empresas? Ayer, mientras el Presidente Mauricio Macri anunciaba un proyecto de "modernización del Estado", en el edificio de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) oficiales de la Policía Federal informaban desde la puerta y con lista negra mediante, el despido de 100 de los 240 empleados con los que contaba el organismo, entre los que se encontraban especialistas que estuvieron a cargo de investigar el lavado de activos de empresas como el HSBC, el Grupo Clarín y Papel Prensa inclusive.

Fútbol Para Pocos: el nuevo negocio millonario hecho a medida de los privados.

Mientras el Estado aporta más de 880 millones a la AFA, los canales se llevan los mejores partidos y recuperan su inversión en apenas un minuto de publicidad. Tras concretarse la primera semana de transmisión del nuevo Fútbol Para Todos, los cambios realizados por la gestión que conduce el ex gerenciador de Racing, Fernando Marín, se hicieron notar y lamentablemente, no fue en beneficio de todos, sino de unos pocos: en algunas provincias del interior no fueron retransmitidos los principales partidos que ahora son televisados a través de canales privados, y sus habitantes siquiera tuvieron la posibilidad de observarlos a través de internet, ya que la nueva administración desistió de brindar el servicio de streaming a través de Youtube y de la aplicación móvil, lo que benefició ampliamente a las operadoras de cable y los canales privados, que recuperan su inversión en apenas unos minutos de publicidad.

Tras la visita de Magnetto a la Rosada, Clarín confirmó la compra de Nextel.

El grupo de medios adquirió el porcentaje restante de la compañía y así podrá ingresar de lleno en el mercado de telefonía celular. Un día después de la visita de su CEO Héctor Magnetto a Casa Rosada, el Grupo Clarín confirmó hoy la compra del 51% de la compañía Nextel, obteniendo de esta forma el 100% de la empresa de telefonía movil para pasar a competir de "lleno" en el negocio de los teléfonos celulares. Por su parte desde la empresa pidieron al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) la aprobación de la operación, luego que Cablevisión oficializara la transacción y la informara a la bolsa de comercio.

Sabbatella, sobre Aguad: "Decir que no hay concentración mediática es de un desconocimiento brutal".

El titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, salió al cruce de las declaraciones del futuro ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, quien había asegurado que no había concentración mediática en la Argentina, y sostuvo que esos dichos demuestran "un desconocimiento brutal de la realidad". "Hasta el grupo más concentrado de la Argentina, Clarín, reconoció estar excedido y presentó un plan de adecuación" a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, explicó Sabbatella. El titular de la Afsca manifestó que "la ley ha generado una gran democratización en el conjunto de la patria que permitió que nuestro pueblo tome la palabra en todos los rincones de la Argentina".

Aníbal pidió que no se detengan los juicios a los represores de la dictadura.

Sabbatella: “Una parte del poder judicial está colonizado por intereses corporativos”.

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, agregó que "ese accionar ha permitido que el Grupo Clarín esté fuera de la ley durante todos estos años, aún después de haber sido declarada la ley de medios, de punta a punta, constitucional”. "Cuando uno ve cómo ha actuado una parte del Poder Judicial en relación a Clarín puede tranquilamente pensar que hay una parte que, o está colonizada por los intereses corporativos del Grupo Clarín o le teme a sus prácticas extorsivas", aseveró Sabbatella en declaraciones a radio Continental. En ese marco, el funcionario agregó que "ese accionar de una parte del Poder Judicial ha permitido que el Grupo Clarín esté fuera de la ley durante todos estos años, aún después de haber sido declarada la ley de medios, de punta a punta, constitucional”.

La Justicia ordenó demoler el muro de Clarín en Barracas.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad los ordenó luego de desestimar el recurso de apelación interpuesto por el gobierno porteño. En 10 días deberá ser derribado. La Sala II de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires en lo Contencioso Administrativo y Tributario, integrada por los jueces Esteban Centanaro y Fernando Juan Lima, resolvió hoy declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad contra una sentencia de primera instancia dictada por la jueza Lidia Lago. En abril pasado, la magistrada Lago falló a favor de una presentación realizada por el diputado nacional Juan Cabandié, el legislador porteño Aníbal Ibarra y la ex legisladora María Elena Naddeo, quienes le había solicitado a la justicia que derribe el muro construido por el Grupo Clarín en la intersección de las calles Ascasubi y Luna, donde el multimedio posee oficinas y un planta gráfica, para utilizar la calzada como estacionamiento.

La Justicia ordenó a Cablevisión el inmediato pago de 886.000 pesos a la Afsca por incumplir la grilla.

Es en concepto de multa por el reiterado incumplimiento de la orden judicial que obliga a la firma del Grupo Clarín a respetar el ordenamiento de la grilla de programación dispuesto por el organismo. La medida la dispuso el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Pablo Cayssials, informó en un comunicado la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. "La sanción económica se da en el marco de una causa judicial iniciada por la AFSCA contra Cablevisión, con el objetivo de que se le ordenara judicialmente a la empresa cumplir con el ordenamiento de la grilla de canales obligatoria", informó el organismo. El director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de AFSCA, Sergio Zurano, explicó que "se está ante una empresa que se sitúa por encima del Estado".