¿Una Corte por decreto?
Francos le abre la puerta a repetir el camino de Macri. Tal como lo hizo Mauricio Macri cuando fue presidente, Javier Milei evalúa la posibilidad de nombrar por decreto "en comisión" a los ministros del máximo tribunal, lo que pasaría por encima del aval del Senado. "Es una alternativa que habrá que ver si es necesaria”, dijo el jefe de Gabinete. El gobierno de Javier Milei admitió la posibilidad de nombrar a sus candidatos a la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, por decreto tal como lo hizo en 2015 el expresidente Mauricio Macri en su intento fallido por completar los integrantes del máximo tribunal pasando por encima el aval del Poder Legislativo.
El encargado de revelar el nuevo deja vu al que está dispuesto el
gobierno de La Libertad Avanza (LLA) fue el jefe de Gabinete, Guillermo
Francos, quien sostuvo que “no es razonable” que el máximo tribunal
funcione con pocos integrantes y reconoció que la vía del decreto es
“una alternativa” para cubrir las vacantes. “Esto se hizo anteriormente
durante el gobierno del presidente Macri como una cuestión transitoria y
es una alternativa que habrá que ver si es necesaria”, puntualizó el
jefe de ministros.
"Es una alternativa" Francos fue consultado al
respecto durante una entrevista en la que se le preguntó sobre la
vacante que a fin de año dejará en la Corte Juan Carlos Maqueda, uno de
los cuatro miembros del tribunal que ya anticipó que se jubilará por
cumplir 75 años, el límite establecido por la Constitución para dejar el
cargo. Cuando esto ocurra, el máximo tribunal quedará con cuatro
miembros mientras se barajan en el Senado los pliegos de Lijo y García
Mansilla, los dos candidatos que la Casa Rosada impulsó a pesar de sus
propios desacuerdos internos. En la opinión de Francos, la “alternativa”
de cubrir un cargo por decreto es factible “porque tampoco es razonable
que la Corte esté durante tanto tiempo con menos integrantes de los que
corresponde”, según dijo a Radio Continental. “Por eso los fallos se
demoran tanto”, indicó el funcionario nacional, que en su argumentación
aludió a la decisión que hace nueve años le valió el escarnio público al
gobierno del entonces Juntos por el Cambio.
Esa vez, el entonces
presidente Macri se valió de antecedentes de más de un centenar de años
para decretar la designación en comisión de Horacio Rosatti y Carlos
Rozenkrantz. Ante el escándalo que suscitó esa decisión, ambos
magistrados optaron por no jurar a los cargos y días después el Poder
Ejecutivo debió dar marcha atrás con esa intentona. A pesar de esa
experiencia, Francos destacó esta mañana que la designación en comisión
de nuevos integrantes del máximo tribunal “es una alternativa que se ha
utilizado en la Argentina en períodos de receso del Congreso”. “No es
una decisión del Gobierno pero sí un tema que puede ser analizado y
considerado”, aclaró aunque no descartó que el presidente Milei esté
dispuesto a un nuevo y cuestionable decreto de necesidad y urgencia
(DNU) para sortear al Congreso nacional en este otro tema.
Jueces por
decreto. La designación de jueces en comisión es una prerrogativa del
Poder Ejecutivo que se puso en marcha durante las presidencias de
Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca,
Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini y José María Guido.
Los
contextos fueron determinantes para la permisividad de esa decisión. Los
primeros cinco fueron en los albores de la conformación del Estado
argentino y el último tras el golpe contra Arturo Frondizi. La potestad
está incluida en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional
reformada en 1994, pero eso no le valió a Macri el cuestionamiento desde
todos los frentes institucionales. La Justicia federal suspendió los
efectos del decreto de Macri, y Rosatti y Rozenkrantz asumieron al año
siguiente con acuerdo de los dos tercios del Senado.
Pliegos de jueces
Por
otra parte, Francos admitió que el gobierno nacional le dio luz verde a
los 146 pliegos de designación de jueces que ya habían sido
seleccionados por el Consejo de la Magistratura. Los nombramientos serán
“enviados en tandas” al Senado de la Nación para que ese cuerpo tenga
“capacidad de procesar” los pedidos y todos “sean tratados para cuando
se pueda”, concluyó.