Una medida que desconoce la autonomía universitaria
El gobierno modificó una resolución y ahora permite que la SIGEN audite universidades. En 2022, el ex Procurador de la Nación Carlos Zannini había limitado esa atribución de la SIGEN. La tarea había quedado a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano de control que no depende del Poder Ejecutivo. Hoy el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, modificó la resolución, sometiendo a las universidades a ser auditadas por el Gobierno. Mientras el presidente Javier Milei insiste en que él "no va a ceder" ante las tomas que se registran en universidades de todo el país, les estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA convocaron a un "cacerolazo" para este miércoles las 18 en la intersección de Púan y Rivadavia, a pocas cuadras de la sede universitaria.
En paralelo, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra,
firmó un dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
retome las auditorías sobre las universidades nacionales; una tarea que
desde 2022 había quedado a cargo de la Auditoria General de la Nación
(AGN), órgano de control que no depende del Poder Ejecutivo. La medida,
que vulnera la autonomía universitaria al someterla al control del Poder
Ejecutivo, como reconoce la Constitución, abre un seguro camino a la
judialización. Desde el Ministerio de Capital Humanos celebraron la
decisión de Barra y rechazaron que se viole la autonomía universitaria.
En tanto, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se
cansaron de desmentir el relato gubernamental de la falta de auditorías:
tal como explicó este diario, el organismo remarca que las
universidades son auditadas de manera interna y externa por la Auditoría
General de la Nación (AGN), y luego se suben los resultados a las
páginas web de cada institución. Provocación tras provocación "Todos
estos que están haciendo las tomas, ¿están a favor que se utilicen las
universidades políticamente para robar?", provocó el presidente Javier
Milei a la revuelta estudiantil que está reclamando en contra del veto a
la Ley de Financiamiento Universitario. De hecho, el "cacerolazo"
convocado para mañana a la tarde tiene como consigna "¡Triplicación del
presupuesto educativo ya!", algo que el veto descarta, mantiene la
prórroga del Presupuesto 2023 y deja el debate para el Presupuesto 2025,
en el que los rectores universitario ya adviertieron sobre lo
insuficiente de los fondos pautados por el gobierno nacional. La
resolución firmada por Barra va en línea con el eje puesto en agenda
desde la Casa Rosada sobre supuestos "chorros" que no dejan auditarse,
para referirse a las autoridades de las universidades públicas y desviar
el foco puesto en el ahogo financiero al que el plan de ajuste
económico ya somete a la universidad pública. Barra repuso la
interpretación respecto de que la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (N° 24.156) es de
aplicación a las universidades nacionales, por lo que volvió a habilitar
su auditoría desde el Poder Ejecutivo.
En 2022, el ex Procurador de
la Nación Carlos Zannini había limitado esa atribución de la SIGEN al
considerar que "no resultan aplicables a las universidades nacionales
las previsiones que, en materia de control interno", por valorar su
autonomía. Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por
Sandra Pettovello y bajo cuya órbita está la Subsecretaría de Política
Universitarias, se hizo eco de la resolución de Barra e indicó que "el
ejercicio de dicho control no afecta ni contradice la autonomía ni la
independencia financiera y administrativa que les otorga la Constitución
Nacio Esta decisión del Gobierno está marcada por el debate que busca
imponer en la agenda, pero también por los aliados del PRO. En el
comunicado emitido la semana pasada para anticipar que el bloque
referenciado en el ex presidente Mauricio Macri daría el apoyo al veto
presidencial se criticó al Poder Ejecutivo por no derogar la resolución
firmada en 2022 por Zanini.
Pero el comunicado del PRO revelaba
también otra incongruencia de la cruzada de Milie por la transparencia
universitaria. El órgano que sí está a cargo de auditar a las casas de
altos estudios es la AGN, ente que está bajo el control de Poder
Legislativo y no bajo los hilos de la Rosada.
"No terminó de
conformar las autoridades de la Auditoría General de la Nación,
organismo responsable de auditar a las universidades", apuntó el
comunicado y agregó: "No constituyó la Comisión Mixta Revisora de
Cuentas que define el plan de auditorías para la AGN".
Esa demora
tiene que ver con las disputas entre los bloques aliados de La Libertad
Avanza y el PRO respecto de qué diputados asumirán las bancas
correspondientes a la minoría parlamentaria en la AGN. Por la Cámara
alta ya fueron desginados Javier Fernández y María Graciela de la Rosa,
referenciados en el peronismo, y Alejandro Nieva, del radicalismo.
Mientra que por la Cámara baja solo se anticipó que Unión por la Patria
designaría a Juan Ignacio Forlón. Las otras dos bancas deben definirlas
el oficialismo, el PRO y los radicales.
La disputa mantiene
pendiente la auditoria sobre la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Buenos Aires y las universidades públicas de Córdoba, La
Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; de la Patagonia San Juan Bosco, de Chilecito, de
Avellaneda y del Nordeste, según el plan 2025 de la AGN.
15/10/2024 (7869)
