Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno", dice el comunicado en sus primeras líneas.

El texto indica "numerosas quejas" recibidas por el obispado y hace alusión a comportamientos indebidos, impropios de un sacerdote. "Dado que en reiteradas ocasiones, se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder", indica. En su explicación, el obispado no observa el "cambio requerido": "Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana, Así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis". Anteriormente, el presidente y el vice de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea y Marcelo Colombo, coincidieron en que el sacerdote Javier Olivera Ravasi "no representa el pensamiento ni la acción de la Iglesia Católica". Ojea y Colombo mantuvieron un encuentro este martes con referentes de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), HIJOS Capital, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte e integrantes del grupo "Los 12 de la Santa Cruz". Ambos aseguraron que el cuestionado "no representa el pensamiento ni la acción de la Iglesia Católica y tampoco de la Conferencia Episcopal". La visita de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a represores en la cárcel de Ezeiza sigue generando tensión dentro del bloque oficialista. Una de las legisladoras que participó, Rocío Bonacci, votó a favor de conformar una comisión investigadora que podía aplicar sanciones, incluso la expulsión del Congreso, contra ella y sus compañeros. Finalmente, no fue aprobada, pero las heridas quedaron abiertas. Desde que trascendió la visita a represores y el proyecto que impulsan para lograr su libertad o, al menos, la cárcel domiciliaria, dos diputadas de LLA que participaron, Bonacci y Lourdes Arrieta, tomaron distancia y denunciaron haber sido engañadas. No sólo eso, afirmaron estar en contra de la amnistía impulsada por su compañero de bloque, Beltrán Benedit, el organizador de la visita, según ambas diputadas.