El Gobierno tiene todo listo para una nueva arremetida contra el personal del Estado
El Gobierno afila la motosierra contra los empleados públicos y vuelve a podar el Estado. El oficialismo tiene todo listo para una nueva arremetida contra el personal del Estado. Nicolás Posse, el jefe de Gabinete, a cargo de monitorear el tema. Milei se jacta de haber echado 50 mil personas. Por Juan Pablo Kavanagh - Perfil. Lo que sucedió en las últimas horas en la ANSES, con despidos de cientos de empleados totalmente sorpresivos, sin previo aviso, es apenas una muestra del próximo paso de la gestión Javier Milei: aplicar a fondo la motosierra por el empleo estatal, dejando sin renovación una buena parte de los 70 mil contratos que vencen a fin de mes. En el oficialismo, al día de hoy, no tienen precisiones sobre la cantidad de despidos que encararon desde el 10 de diciembre, con varias cifras que chocan entre sí y por si fuera poco con aquellas que tienen los gremios.
Los vínculos laborales de 70 mil personas, que caducan el próximo 31 de
marzo, están en la mira del gobierno libertario desde principios de
enero y forman parte de los puntos a atacar para la jefatura de Gabinete
de Nicolás Posse, que monitorea el ajuste fiscal minuto a minuto y que
se encargó de bajar una línea bien concreta en la última semana: cada
ministerio y área estatal deberá reportar este martes 26 de marzo los
contratos a eliminar, con el agregado de comunicarles a los futuros
damnificados que se quedarán sin una fuente de ingreso. Aproximadamente,
serán entre 15 y 20 mil agentes del Estado que dejarán su puesto
laboral.
La noticia no cayó bien en varios ministerios, que requieren
personal y no están en condiciones de pasar la motosierra. “Hay gente
valiosa y que trabaja muy bien por un sueldo que no es alto ¿Cómo vamos a
echar gente en este momento?”, se preguntó ante PERFIL un funcionario
de La Libertad Avanza, que agrega que existieron llamados a Posse y a
Luis Caputo, el ministro de Economía, para explicar que no pueden tocar
personal. En las filas libertarias, el tema contiene varios matices. Por
un lado, el Presidente se jacta de haber echado a 50 mil personas a
partir de su arribo a la Casa Rosada. No obstante, cerca del economista
se cuidan de hablar de despidos y prefieren utilizar las palabras “no
renovación de contratos”. En concreto, solo admiten que 7 mil
integrantes de la administración pública perdieron su ingreso económico
mediante el decreto 84/2023 que vio la luz el 26 de diciembre pasado.
Esa disposición, con firmas de Milei y Posse, estableció la no
renovación de aquellos vínculos que están comprendidos en el artículo 9
de la ley marco, que comenzaron el 1 de enero de 2023 y que vencieron el
31 de diciembre de dicho año. Los gremios estatales dejan de lado
diferencias y preparan medidas para resistir el ajuste. A su vez, en
Balcarce 50 subrayaron, ante la consulta de este medio, que no habrá un
recorte importante de los famosos 70 mil contratos en la mira del
ministro coordinador, solo se producirá un ajuste entre el 20 y el 30
por ciento. Los gremios más poderosos que nuclean a los trabajadores de
la administración pública, UPCN del histórico Andrés Rodríguez y ATE que
lidera el combativo Rodolfo Aguiar, no dan por seguro esa versión y se
preparan, a su modo, para un escenario cargado de conflictividad.
ATE,
por caso, ya lanzó una jornada nacional de protesta para este martes 26
de marzo. Mientras que UPCN sigue con atención todos los movimientos en
el Estado aunque tiene la idea de esperar a que sea realidad la no
renovación de contratos para luego tomar medidas. El sindicato de
Rodríguez no cree en los paros preventivos pero advierte que habrá
resistencia. Todos los colectivos también lamentan que no haya una mesa
de negociación con el oficialismo para una problemática tan sensible.
Incluso, creen que fue un error del Gobierno el despido de Armando
Guibert, el secretario de transformación del Estado que dependía de
Posse. Guibert se animó a tejer relación con dirigentes sindicales y
quedó envuelto en la polémica de los aumentos salariales del Ejecutivo. A
diferencia del Gobierno, en ATE sí mencionan la palabra “despidos” y
ofrecen cifras. En total, indican además de los 7 mil contratos que no
fueron prorrogados para este año, hay por lo menos 2 mil hombres y
mujeres de diferentes áreas que recibieron un telegrama, con el agregado
de que cientos de empleados ya saben que no trabajarán más y solo resta
la efectivización de su destitución.
En este marco, se destaca el
ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, quien echó a 1500
personas, en ANDIS 165, en el Incaa 170, en Aysa 200, en la secretaría
de Derechos Humanos 26, en el Enacom 50 y en el Conicet otros 50. De
todos modos, habrá más de 2 mil cesanteados porque se van a sumar
aquellos que se desempeñaban en los Centros de Referencias que depende
de Pettovello (600), el Inadi (400) y los que pertenecían al Instituto
de Agricultura Familiar (900), que aún no quedaron operativos. A la
larga nómina, se sumarán más de 1400 de parte de ANSES y 900 del lado
del CONICET.
23/03/2024 (7481)
