La justicia frenó a Bullrich
La justicia frenó a Bullrich y pidió que el protocolo antipiquete se «adecué» al sistema constitucional- A partir de una acción judicial del MST, el juez federal Sebastián Casanello hizo la petición luego de evaluar un informe del propio ministerio de Seguridad. El juzgado Criminal y Correccional Federal 7 confirmó la recepción de un informe del ministerio de Seguridad sobre el protocolo antipiquete y en consecuencia pidió a esta cartera que «adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos» por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
En un documento al cual tuvo acceso Télam, el juez federal Sebastián
Casanello confirmó la recepción de un informe solicitado recientemente a
la cartera dirigida por Patricia Bullrich para que detalle los
«fundamentos jurídicos» del protocolo y «si fueron consultadas» la
Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u
organismos internacionales.
El juez lo había pedido en respuesta a la
acción de «inconstitucionalidad» presentada por la legisladora porteña
del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro el 18
de diciembre pasado, cuando aseguró que la iniciativa que prohíbe que
sean cortadas calles y rutas durante protestas «amenaza derechos
políticos».
«El Ministerio de Seguridad explicó cómo arribó al
dictado de la resolución impugnada, sus fundamentos, y la normativa en
la cual seencuadraba la competencia del Ministerio de Seguridad de la
Nación. De su respuesta surge que no fueron consultados otros organismos
del Estado, organizaciones de la sociedad civil ni organismos
internacionales», indicó Casanello.
Y sobre la adecuación del
Protocolo a las normas internacionales de derechos humanos, «se hizo una
genérica invocación de instrumentos y documentos», agregó.
«Frente a
este escenario, están dadas las condiciones para dictar una medida de
naturaleza cautelar -y tutelar- que actúe como paraguas de protección de
los derechos y libertades democráticas fundamentales», aseveró
Casanello, aunque advirtió que «la decisión no tendrá, al menos de
momento, el alcance pretendido en la demanda» de declaración de
inconstitucionalidad.
La devolución de Casanello a Bullrich
El
documento señaló además que «si bien del informe presentado hoy a
requerimiento del tribunal, pareciera derivarse un conocimiento de la
existencia y la preeminencia de algunas de estas reglas y principios, y
del límite que se impone al ejercicio de la violencia -sujeto a un
examen de proporcionalidad-, ello se agota en meras referencias
genéricas desconectadas de los términos específicos incluidos en el acto
administrativo cuestionado».
Asimismo, destacó que «la libre
circulación convive con el ejercicio de otras libertades y derechos
civiles y políticos, como la libre expresión, asociación y reunión, y el
derecho de peticionar -y, particularmente, criticar- a las
autoridades».
«Estos últimos derechos tienen un valor especial dentro
del sistema democrático. Al estar más cerca del nervio democrático de
la Constitución merecen especial protección», subrayó el juez.
Por
las razones expuestas, Casanello pidió al ministerio de Seguridad que
«adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a
los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho» y
que se «instruya a las fuerzas policiales y de seguridad federales a
que, en el marco de su actividad preventora, anoticien y eleven
consulta, de modo inmediato, a las autoridades judiciales, de
conformidad a lo establecido por las leyes procesales».
También
convocó a la audiencia de habeas corpus para que comparezcan ante su
juzgado un representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, las
accionantes y la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N° 10, para el día 14 de febrero a las 11.