Se complica el pago a estatales en Febrero
El Gobierno acorrala a 700 mil estatales y amenaza salarios de millones de provinciales y municipales. Por Mariano Martín. Por decisión del Central los bancos no podrán adelantar fondos a los distritos para cubrir sueldos; peligra el pago a término de hasta 3,5 millones de trabajadores. La decisión del Gobierno de impedirles a los bancos financiar el pago de salarios de empleados públicos disparó la reacción de gremios estatales que hicieron saber de una inminente demora en el cobro de más de 700 mil agentes de la administración central y encendió la alarma sobre un universo que se extiende a 3,5 millones de trabajadores de provincias y municipios de todo el país.
La medida, que anticipó la semana pasada el vocero Manuel Adorni como
parte de las nuevas restricciones a implementar por el freno en la
aprobación de la ley ómnibus, se suma a la quita de horas extras
ordenada por la Jefatura de Gabinete y que afecta a los sueldos más
bajos del Estado, y a los recortes iniciados en el sector público con la
cancelación de contratos. La comunicación A7674 del Banco Central, que
pone límites a los adelantos de entidades financieras a organismos
públicos, universidades nacionales y otros entes no privados, complicará
el pago de haberes en término (último día hábil de cada mes o primero
del siguiente) a empleados públicos, docentes, profesionales y
trabajadores de la salud y de otras reparticiones. Así lo advirtieron
legisladores de la oposición y la Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE). La norma dificulta la chance de los organismos estatales
nacionales, pero también de provincias y municipios, de fondearse a
través de los bancos a través de los cuales liquidan los haberes de su
personal a la espera de los giros del Tesoro nacional para cubrir esas
obligaciones. La primera línea de perjudicados pertenece a la plantilla
de la administración pública nacional, que incluye a trabajadores
estatales de organismos, docentes universitarios y personal civil y
uniformado de las Fuerzas Armadas, que suman al menos 716 mil
trabajadores, le dijo a este medio Rodolfo Aguiar, secretario general de
ATE. Pero la misma complicación, ampliada a los municipios y gobiernos
provinciales que se financian de la misma manera, encendió las alertas
por el pago de sueldos de este mes de un total de 3,5 millones de
personas. Una resolución de la Secretaría de Hacienda de noviembre de
2015 establece una modalidad de pago diferenciada para el personal
estatal respecto de los trabajadores del sector privado, regidos en esta
materia por la ley de Contrato de Trabajo. De acuerdo a ese cronograma
público, el personal de la administración central percibe sus sueldos
"el último día hábil de cada mes correspondiente al del devengamiento de
los haberes". En tanto que en los organismos descentralizados se paga
"a partir del primer día hábil de cada mes siguiente al del
devengamiento de los haberes", y en las universidades se hace "a partir
del segundo día hábil de cada mes siguiente".
Aguiar sospecha que,
además de un intento de hostigar a los empleados públicos, la norma del
Central encubre una eventual ventaja para las entidades financieras
grandes en detrimento de las más pequeñas, y así se lo hizo saber al
jefe de Economía, Luis Caputo: "Desde un primer momento supimos que
querían jodernos a los estatales, pero en ésta, que quiere que le
diga... Hay olor a lobby de los grandes bancos, ministro. Usted ha
decidido que solo podrán prestar a organismos públicos, provincias y
municipios las entidades bancarias que tengan los patrimonios más
grandes. Justo los grupos financieros que han sido más leoninos en las
condiciones impuestas a obreros y jubilados. Está más que claro quiénes
son los perjudicados con sus decisiones, pero también quiénes son los
beneficiados", denunció en la red social X.
La semana pasada Adorni
había adelantado la decisión de no prorrogar la autorización a los
bancos para financiar al sector público en el pago de sueldos. Y lo
enmarcó en las restricciones desde el Estado nacional a los distritos
resueltas por la demora en la ley ómnibus, una suerte de confesión del
apriete a gobernadores. “Más allá de que no vemos razones para que el
proyecto de ley bases no se termine transformando en ley, en caso de que
eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a
haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el
análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional
transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda
ocurrir”, dijo en esa oportunidad al comentar la decisión del Central.
30/01/2024 (7391)
