Exigen que la Justicia investigue la negociación de la ley ómnibus
Exigen que la Justicia investigue la negociación de la ley ómnibus por falsedad de documento público. Es por las diferencias entre versiones del dictamen que firmaron diversos integrantes de Diputados. Impulsa la denuncia la querella de los familiares de víctimas del ARA San Juan. Por: Néstor Espósito Las gestiones ocultas de funcionarios y para-funcionarios del actual gobierno para “convencer” a diputados para que voten la Ley Ómnibus ya tienen su capítulo judicial: la abogada Valeria Carreras impulsó una investigación en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 por los presuntos delitos de “falsificación de instrumento público y falsedad ideológica”, a raíz de que el dictamen del plenario de Comisiones que firmaron los “opositores dialoguistas” no coincide con el documento oficial publicado por la Cámara baja.
Carreras, quien encabeza la querella mayoritaria de familiares de
víctimas del ARA San Juan, comparó la situación por la que discurre el
proyecto de ley con la situación vivida en 2000 ante la reforma laboral
impulsada por el gobierno de la Alianza, que dio lugar a la “Causa
Banelco”. Y, también, denunció las reuniones en un departamento del
barrio de La Recoleta, frente al tradicional bar La Biela, mientras se
demoraba la publicación del dictamen sobre la mega ley.
“En mi
carácter de ciudadana, vengo a incoar formal denuncia para que se
investigue a los autores materiales e intelectuales del delito de
falsificación de instrumento público y falsedad ideológica perpetrados
en perjuicio de los intereses de la Nación Argentina, en el marco del
debate y dictamen sobre el proyecto de Ley del poder Ejecutivo
denominado Ley Ómnibus”, sostiene la presentación. Carreras describió
que el dictamen que finalmente se emitió en la madrugada del 24 de enero
obtuvo 55 firmas y remarcó que “algunos firmaron en disidencia”. La
instancia legislativa siguiente, explicó, “se divide en tres pasos: la
rúbrica ológrafa de los diputados que aprueban el Dictamen final; el
visado oficial que otorga fe pública con el contenido y las firmas y la
publicación del dictamen firmado por los diputados, en la página de la
Honorable Cámara”.
“Pero no sucedió así en esta oportunidad y allí
está el hecho que denuncio. (…) El Dictamen que se publicó no es el que
ellos firmaron. Estamos en la antesala de otro vergonzoso bochorno, el
‘dictamen blue’”. “La firma de Dictámenes de Proyectos de Ley tiene
pasos insoslayables como también tiene parámetros mínimos que dotan al
acto público y al instrumento público en sí mismo (Dictamen) de validez.
Por eso sonaron las alarmas cuando se demoró la publicación. Así fue
que el día 24, recién a las 15, estuvo disponible el Dictamen subido a
la página. A dicho evento se sumaron las declaraciones de Diputados de
la Nación los cuales aseguraron que el Dictamen que se publicó no es el
que ellos firmaron”.
Carreras citó las declaraciones del diputado
Oscar Agost Carreño, del bloque Hacemos Coalición Federal, quien
reconoció la existencia de al menos una reunión por fuera del
parlamento, en un departamento de La Recoleta, con la participación de,
entre otros, el ex presidente del BCRA y para-funcionario del gobierno
de Javier Milei, Federico Sturzenegger.
“No puede admitirse que se
traten temas legislativos fuera del recinto, pero mucho menos con
personas ajenas al Cuerpo, es decir con personas ajenas a uno de los
tres Poderes del sistema republicano de Gobierno En ese departamento
habría estado presente al menos, un representante del Poder Ejecutivo
propiciando ‘cambios’” al texto finalmente publicado, advirtió la
abogada.
Carreras también citó un posteo del diputado Carlos
Gutiérrez, schiarettista, en la red social X: “Cuando creíamos que en el
capítulo ·biocombustible se habían logrado las condiciones para
alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos
con que se realizaron modificaciones”.
“Se está exponiendo lisa y llanamente –denunció Carreras-, el cambio del dictamen”.
El
artículo 292 del Código Penal castiga con hasta seis años de cárcel a
quien “hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno
verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio”. El 293, contempla la
misma pena para quien
“insertare o hiciere insertar en un
instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que
el documento deba probar”.
“Todo parece ‘truchable’, todo parece tener precio, todo parece ser lo que no es”, reflexionó la denuncia.
26/01/2024 (7385)
