Lago Escondido: la alianza corporativa
Lago Escondido: la alianza corporativa que reveló el juicio por el ataque a manifestantes. Grupos del capital concentrado, el poder político y parte del judicial se alinearon para defender a las patotas que agredieron la marcha del 11 de febrero. El rol de los abogados de Lewis y sorpresivo cambio de juez. Por: Alejandro Pairone. La manera en que el entramado del poder real de Río Negro maniobra para disciplinar a los insumisos en esa provincia quedó expuesta como nunca esta semana. Fue durante una audiencia judicial en la que la élite económica, el Poder Político y una parte del Poder Judicial quedaron claramente alineados en defensa de las patotas que el 1 de febrero pasado atacaron con violencia a la Marcha por la Soberanía, que cada año intenta llegar al Lago Escondido. La escenificación tuvo lugar el miércoles 13 en la audiencia de formulación de cargos (imputación) por la agresión del Ejército Privado de la corporación británica Hidden Lake, del inglés Joe Lewis, contra los manifestantes.
Todos los años la repelen con violencia, pero en la última terminó con
víctimas hospitalizadas. En la audiencia, el fiscal de El Bolsón,
Francisco Arrien, se limitó a imputar por el delito de lesiones apenas a
cinco personas: arguyó que solo había podido identificar a esos
violentos de entre las decenas que aparecen en videos, fotos y
testimonios aportados por las víctimas.
En su narración de los hechos
solo focalizó el instante del ataque, y no contempló otros actores,
organización, premeditación, autores principales y secundarios,
instigadores, organizadores o jefes.
https://x.com/tiempoarg/status/1620411834787598337?s=20
Eludió
mencionar la complicidad de la Policía que observó el ataque desde
pocos metros y sin moverse, y también la realización de inteligencia
ilegal sobre los manifestantes verificada en informes oficiales en poder
del fiscal. El operativo de seguridad de la marcha estuvo dirigido por
altos jefes de la Policía, de lo que se desprende que contó con aval del
Gobierno provincial, otro eslabón en la cadena de impunidad.
El
fiscal formuló los cargos ante un juez de garantías, Ricardo Calcagno,
que apareció sorpresivamente ese día al frente de una causa que hasta
entonces tramitaba otro magistrado, Juan Pablo Lawrence. “Yo soy el juez
de turno”, clausuró, y de malos modos, cuando le cuestionaron su
inexplicable presencia en la audiencia.
Los imputados fueron los
hermanos Nicolás y Enzo Puchy, Helvecia Hernández y Víctor Hugo Araneda,
defendidos por los abogados José Luis Bianco y Cristóbal Bürhrer. Al
quinto acusado, Andrés Saint Antonín, lo defiende Juan Ignacio
Sarmiento.
La participación corporativa estuvo encarnada en los
defensores. José Luis Bianco es el principal abogado de Hidden Lake y de
su administrador, Nicolás Van Ditmar. Lo representa en organizaciones
como Consenso Bariloche, Fundación Naturaleza para el Futuro (Funafu) o
el proyecto Propiedad Privada Patagónica (PPP), todos ellos korps
antimapuche agresivos que se presentan como dialoguistas y protectores
del ambiente.
Detrás se esas organizaciones operan intereses
inmobiliarios, forestales, turísticos y rurales de grandes grupos
locales y transnacionales como Hidden Lake, Benetton, BURCO, la reina
Máxima Zorreguieta y las familias reales de los Emiratos Árabes Unidos y
Qatar, entre otros de igual tenor. En ese bloque milita el abogado Juan
Ignacio Sarmiento, de la familia propietaria del estudio jurídico
homónimo, tal vez el más grande de Bariloche. Juan Ignacio, además,
representa a las estancias de los capitales emiratíes y qataríes en la
zona del Alto Río Chubut.
En resumen, las grandes corporaciones
pusieron a sus mejores cuadros en materia judicial para defender a las
patotas que atacaron a la Marcha por la Soberanía a Lago Escondido, y
dejaron once personas malheridas. Uno de los sicarios imputados,
defendido por Juan Sarmiento, es Andrés Saint Antonín. El día del ataque
cargó contra una mujer, la fotoperiodista de la agencia Télam Alejandra
Bartoliche, a quien embistió con su caballo y arrastró por varios
metros.
https://www.telam.com.ar/notas/202309/640249-lago-escondido-agresion-manifestantes-denuncia.html
Saint
Antonín es un operador de negocios rurales y ganaderos en toda la
Patagonia. Hijo y hermano de expresidentes de la Sociedad Rural de
Bariloche, él mismo integró esa y otras entidades patronales ruralistas.
También es el gerente general de las estancias de las familias reales
de Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que tienen como asesor legal,
justamente, a Juan Sarmiento.
Sarmiento también patrocina a Saint
Antonín en juicios contra la comunidad mapuche Kom Kiñé Mu, aledañas a
las estancias que administra en el Alto Río Chubut (al sudeste de
Bariloche), por ocuparles las tierras ancestrales de veranada, y por
actos de violencia contra las mujeres de la comunidad. Por su parte, el
abogado Bianco de Lago Escondido, defiende a tres miembros de la familia
Puchy: Enzo y Nicolás son los hijos de José Puchy, y Helvecia
Hernández, su pareja. Los Puchy componen un clan familiar y desde hace
un siglo son ocupantes provisorios de tierras fiscales a la vera de
camino de Tacuifí, que lleva al Lago Escondido. Ellos dirigen las
fuerzas de choque que impide el acceso por esa vía.
Los jóvenes
Puchy carecen de empleo fijo y actividad conocida. Helvecia Hernández,
por el contrario, es una agente de policía con causas por hechos
violentos. Ya mereció una condena previa, saldada con una probation, por
atacar a la secretaria general de la CTA de El Bolsón, Sandra
Contreras, durante la marcha al lago Escondido de 2020. El cuarto
cliente del abogado Bianco es Víctor Hugo Araneda, empleado de la
Municipalidad de El Bolsón, muy cercano al secretario de Obras Públicas,
Enrique Ibarra, y activo militante de Juntos Somos Río Negro (JSRN),
oficialismo provincial y en El Bolsón. Media docena de personas
confiaron a Tiempo Argentino que se desempeña como fuerza de choque al
servicio del Municipio y mencionan su nombre en varias acciones
violentas contra organizaciones opositoras.
Lo identificaron al
frente de la patota que en la noche del domingo 21 de octubre de 2021
disolvió por la fuerza una marcha en reclamo de justicia por el
asesinato, ese día, del militante mapuche Elías Garay en la lof
Quemquemtrew. Y también en el grupo que, minutos después, atacó dentro
del Hospital local a la familia de Gonzalo Cabrera, baleado junto a
Garay pero que salvó su vida de milagro.
Al día siguiente su jefe
político en El Bolsón, el intendente Bruno Pogliano, celebró al ataque
violento y agradeció públicamente a quienes lo ejecutaron. Aquella
noche, la Policía provincial había liberado la zona por completo, al
igual que lo hizo el 1 febrero pasado en Lago Escondido.
17/09/2023 (7094)
