Entramado empresario, judicial y político
El entramado empresario, judicial y político que le regaló Lago Escondido al inglés Joe Lewis. La exsenadora nacional y actual diputada electa, Magdalena Odarda, quien 18 años atrás inició el reclamo, anticipó que llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por: Alejandro Pairone. El ejército de abogados de la corporación británica Hidden Lake, del inglés Joe Lewis, logró esta semana que el Poder Judicial de Río Negro rechazara la apertura de un camino corto y accesible al Lago Escondido, y ordenara que el único ingreso posible será a través de 33 kilómetros de senderos de montaña, cuya travesía insume entre tres y cuatro días. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, con una mayoría de apenas tres votos y la abstención de dos conjuezas, puso fin a una batalla judicial que lleva más de 18 años por la apertura de un acceso corto al Lago Escondido por el camino público de Tacuifí, ubicado sobre la Ruta 40 a mitad de distancia entre El Bolsón y Bariloche.
El fallo lleva la firma de la jueza Cecilia Criado y los jueces Ricardo
Apcarián y Sergio Barotto (ambos rechazaron apartarse pese a evidencias
que cuestionaban su imparcialidad). Solo votaron tres porque
sorpresivamente se abstuvieron las dos conjuezas María Ignazi y Sandra
Filipuzzi, quienes fueron designadas para reemplazar a los magistrados
Liliana Piccinini y Sergio Ceci, que aceptaron las recusaciones en su
contra.
Formalmente, el STJ se pronunció a favor de un Recurso de
Casación presentado por Hidden Lake y el Gobierno rionegrino contra un
fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, de septiembre 2022, que
confirmó la orden de abrir un acceso al Lago Escondido por el Camino de
Tacuifí emitida en 2013 por el juez de primera instancia Marcelo
Cuellar. Este magistrado había ordenado la apertura del camino como lo
había pedido a través de un amparo la exsenadora Magdalena Odarda, en
2005.
Desde el inicio de la causa, los sucesivos Gobiernos de Pablo
Verani, Alberto Weretilneck y Arabela Carreras acompañaron todas las
apelaciones y recursos judiciales de la multinacional inglesa, e incluso
llevaron a la provincia a presentarse sola cuando la corporación no
objetaba alguna resolución. Todo para impedir el acceso público al lago.
El
camino que la Corte rionegrina obliga a transitar en adelante como
único acceso posible al Lago Escondido es un despropósito absoluto. Se
trata de un recorrido de 33 kilómetros a través de la Cordillera de los
Andes, partiendo desde El Bolsón y con el cruce de varios ríos
correntosos, subidas y bajadas muy escarpadas y con tramos de bosque
cerrado y sumamente frondoso.
Semejante trayecto solo puede ser
afrontado por personas relativamente jóvenes, resistentes y bien
entrenadas, con equipamiento especial de montaña y un magnífico estado
físico que le permita sortear una travesía tan peligrosa a lo largo de
por lo menos tres o cuatro días con sus noches.
A quienes logren
surcar la Cordillera, al final del camino los aguarda una diminuta playa
de piedras, cercada por riscos y con varios metros de juncos que se
interponen con el agua. Esa playa está ubicada en el extremo noroeste
del lago, en el margen opuesto a dónde el multimillonario inglés impuso
su mansión, ahora cobijada por el Superior Tribunal de Justicia de Río
Negro.
Lejos de estar clausurado, el reclamo por el acceso libre al
Lago Escondido pasará a las instancias federales e internacionales. La
exsenadora nacional y actual diputada electa, Magdalena Odarda, quien 18
años atrás inició el reclamo, anticipó que llevará el caso ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. “No dejaremos de denunciar la responsabilidad penal y
política de los involucrados”, anticipó Odarda, quien definió al fallo
como “anti-derechos”.
Prometió además que buscará iniciar el juicio
político contra los jueces y juezas del STJ, además del procurador
general de la provincia, “por el delito de traición a la Patria, al
ejecutar un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al
dominio extranjero o menoscabar su independencia e integridad”.
Desde
que se instaló en la Cordillera rionegrina en 1996, la corporación
británica Hidden lake ignora cotidianamente la Ley argentina. Viola la
Ley de Seguridad de Fronteras, que impide a empresas o ciudadanos
extranjeros poseer tierras en zonas limítrofes, mientras que la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas y la Procuración del Tesoro
dictaminaron en conjunto que la compañía había adquirido de manera
fraudulenta las 20 mil hectáreas que rodean al lago.
La Inspección
General de Justicia reveló que la corporación Hidden Lake es una empresa
fantasma, una cáscara vacía para ocultar negociados personales de su
propietario, y pidió a la Justicia su disolución y la expropiación de
todos sus bienes. Hidden Lake es una firma subsidiaria de la
multinacional Tavistok, propiedad de Joe Lewis, quien reside ahora en
Nueva York pero bajo libertad condicional porque semanas atrás debió
pagar una fianza de 300 millones de dólares para evitar el
encarcelamiento por 18 cargos de fraude financiero en su contra,
mientras que en Londres el ministerio público le abrió procesos de
investigación por operaciones irregulares con criptomonedas y presunta
evasión impositiva y lavado de dinero en los pases de jugadores del club
de fútbol Tottenham Hotspur, del que es mayor accionista.