La ruta del dinero Revolución Federal y Caputo Hnos
La ruta del dinero: levantan secreto fiscal ante posibles vínculos entre Revolución Federal y Caputo Hermanos. Por primera vez, las actuaciones en la causa sobre las actividades organización de ultraderecha se cruzan con las del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirichner. Los detalles de los investigados. Foto: Télam Por: Néstor Espósito @nestoresposito. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de ocho personas y sociedades que figuran como supuestos proveedores del fideicomiso Espacio Añelo, de la empresa Caputo Hermanos, que construyó un edificio en la zona neuquina de Vaca Muerta y lo equipó con muebles presuntamente fabricados en la provincia de Buenos Aires.
En simultáneo, en el expediente en el que se investigan las actividades
de la organización de ultraderecha Revolución Federal se produjo el
primer episodio que –a contramano de lo que opinan la jueza María
Eugenia Capuchetti y la Cámara Federal porteña- traza un puente entre
las proclamas de odio antikirchnerista con el intento de asesinato de la
vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
El fiscal Carlos
Rívolo, quien interviene en la causa por el intento de magnicidio,
autorizó a su colega Gerardo Pollicita, a cargo del expediente de
Revolución Federal, a acceder a “toda aquella información que surja de
las extracciones practicadas sobre los teléfonos secuestrados en la
presente causa”. Y lo hizo “ampliando los términos de la colaboración
requerida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
N° 8, en el marco de los autos 3103/2022 caratulados Morel, Jonathan y
otros s/averiguación de delito”. En ningún momento Rívolo sostuvo
expresamente que las causas tengan una conexión manifiesta. Pero hasta
ahora la jueza Capuchetti y los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo
Bertuzzi y Mariano Llorens rechazaron la acumulación de ambos
expedientes porque, según arguyen, lo que tramita en uno no tiene nada
que ver con lo del otro. Entonces, ¿cuál sería la colaboración a la que
aludió Rívolo ante el pedido de Pollicita? Por primera vez surge un
principio (muy tibio todavía) de reconocimiento de que los caminos
inexorablemente deben cruzarse. En ese punto es central la intervención
de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la
Investigación Penal (DATIP).
Muebles o pantalla, esa es la cuestión
En
cuanto a los proveedores de Caputo Hermanos, la investigación parece
orientarse a determinar si las facturas presentadas por la empresa
relacionada con uno de los hombres más cercanos al ex presidente
Mauricio Macri responden efectivamente a la provisión de bienes y
servicios o si se trata de una pantalla para disimular el financiamiento
de las actividades de Revolución Federal. Martínez de Giorgi dispuso
el levantamiento del secreto respecto de los particulares Diego Martín
Patrignani, Francisco Javier Aris, Sergio Cayetano Verde y Héctor
Inocencio Di Rico; sobre las empresas Zetamix SA, Dormipol SA, Gioluce
SRL y sobre la Cooperativa de Trabajo Los Artesanos Limitada. Todos
figuran en el expediente como “proveedores del Fideicomiso Espacio
Añelo”.
En la víspera, el fiscal Pollicita había pedido idéntica
medida contra una sexagenaria que también figura como proveedora de la
empresa de los Caputo. Se trata de María Isabel Said, sobre quien el
fiscal busca determinar sus movimientos económicos del “periodo
comprendido entre mayo 2021 hasta la actualidad y con el fin de contar
con información bancaria relativa a las transferencias que pudiera haber
recibido provenientes de personas involucradas en el caso”. En su
caso, aparecen dos facturas por más de 800 mil pesos por la provisión de
muebles que no pudo haber fabricado. ¿A título de qué se pagaron esas
facturas?
El otro pedido está referido a Oscar Enrique Sosa, el padre
de uno de los principales referentes de la agrupación de ultraderecha
Revolución Federal, Leonardo Sosa, en cuyo poder fueron hallados 50 mil
dólares durante un procedimiento.
El fiscal quiere saber –y el juez
lo consintió- “las transferencias registradas: datos del ordenante y del
destinatario, movimiento de cheques, la fecha, monto, moneda, librador,
beneficiario y endosante, todo ello, con el objeto de determinar el
origen y destino de los fondos”.
08/02/2023 (6586)
