Juicio a la Corte: Robles y D´Alessandro serían citados a declarar
El proyecto basado en el documento presentado por el Presidente y 11 gobernadores será suscripto por los y las diputadas del FdT. Hubo reunión de Zoom para la definición de estrategia y consolidar a los 16 integrantes. Cambio de nombres y fecha probable del comienzo prevista para el 23 de enero. Por María Cafferata. "Los 16 están firmes". La afirmación del diputado oficialista llegó apenas terminó la primera reunión grupal de toda la tropa frentetodista que integra la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. En el encuentro virtual, la conducción del Frente de Todos comenzó a definir la estrategia frente al proceso de destitución de los cuatro jueces de la Corte Suprema y, de paso, aprovechó para dejar asentado su control sobre la mayoría de la comisión.
El proyecto se presentará hoy jueves y, aunque se basará en el
documento firmado por el presidente y los 11 gobernadores, serán les
diputades oficialistas quienes suscribirán el pedido de destitución. No
se descarta, además, que el texto final incorpore nuevos elementos a la
acusación. La verdadera señal de largada, sin embargo, la dará el
Presidente con la convocatoria a extraordinarias, cuya publicación se
terminó retrasando una semana pero se estima que habilitará el comienzo
del debate para el 23 de enero. "Buena reunión. Todos presentes. Muy
participativa", resumió, instintivamente, una espada oficialista apenas
finalizó el zoom con el resto de les integrantes de la comisión de
Juicio Político. La reunión se había extendido durante más de dos horas y
había funcionado como una primera instancia de trabajo para ordenar el
esquema de actividad de la comisión, discutir lineamientos generales del
proyecto que se presentará hoy y repasar las herramientas disponibles
por el reglamento para ahondar en la investigación sobre el mal
desempeño del Máximo Tribunal. "Impulsaremos un debate profundo, con
argumentos, alejados de toda chicana e interés mezquino", aseguró el
bloque oficialista a través de un comunicado que se publicó horas
después del encuentro.
El zoom había funcionado, a su vez, como una
estrategia de consolidación de los 16 votos que el oficialismo cuenta en
la comisión. Y es que con una mayoría ajustada —16 de 31—, el FdT no
puede correr el riesgo de que algún legislador pegue el faltazo y haga
derrumbar el quórum. El incipiente calendario de trabajo anticipa una
actividad intensa, de dos o tres reuniones por semana que pueden duras
horas y horas. Si un día, une de les legisladores falta por cualquier
motivo, las reuniones de comisión se quedarán sin número, ya que tanto
Juntos por el Cambio —que cuenta con 14 diputades en la comisión—como el
"Topo" Rodríguez —el único diputado del Interbloque Federal en la
comisión— anticiparon que no colaborarían con el quórum. Por este motivo
es que, durante la reunión, se decidió oficializar el primer (y, por
ahora, único) cambio: el de la diputada santafesina Vanesa Massetani. Si
bien surgieron muchas especulaciones respecto a los motivos de su
reemplazo —la legisladora responde a Sergio Massa, quien aún no ha dicho
ni mú sobre el pedido de juicio político—, en el bloque oficialista
aseguraron que el cambio de nombre tenía que ver con un problema de
índole personal de Massetani. Puntualmente: un familiar de la diputada
arrastra un problema de salud que conlleva un tratamiento que le
impedirá dedicarle a la comisión todo el tiempo que demanda. El
encuentro virtual sirvió también para terminar de diagramar la
presentación del proyecto. Y es que serán les diputades oficialistas —y
no el Ejecutivo— les que suscribirán el pedido de juicio político para
que, entre otros motivos, la vigencia de la iniciativa pueda extenderse
durante tres años (ya que si fuera presentado por el Ejecutivo tendría
solo un año de vigencia).
El proyecto final, a su vez, no será
idéntico al firmado por Alberto Fernández y los gobernadores. Según pudo
saber Página12, la conducción de la comisión analiza incorporar nuevos
hechos a la acusación basándose en pedidos de juicio político
presentados en el pasado. Uno de ellos fue presentado por Vanesa Siley
en 2020 contra Carlos Rosenkrantz —en esa época era presidente de la
Corte— por su actuación en causas de violación a los derechos humanos.
No es el único: también está pendiente un pedido de juicio político
contra Ricardo Lorenzetti. Este fue presentado, curiosamente, por la
líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en 2017 —cuando Lorenzetti
aún era presidente de la Corte— y fue ratificado nuevamente el año
pasado. El FdT no perderá oportunidad para traerlo a colación durante el
debate, buscando así meter una cuña en JxC.
La presentación de hoy
jueves contará con la firma de un grupo de diputades oficialistas que no
integran la comisión de Juicio Político. El objetivo es evitar
cuestionamientos a la imparcialidad del proceso de investigación, ya que
si bien el rol de la Cámara de Diputados es acusar —es el Senado el que
juzga—, el bloque oficialista ya comenzó a recibir algunas críticas.
La
última fue el pedido de apartamiento de Carolina Gaillard como
presidenta de la comisión de Juicio Político realizado por el diputado
de Evolución Rodrigo De Loredo, quien denunció que la diputada
entrerriana no podía "garantizar la objetividad del proceso" por
declaraciones que había hecho en los medios. Desde el bloque,
rápidamente, salieron a desmentirlo haciéndose eco de jurisprudencia de
la Corte Suprema —firmada por el propio Horacio Rosatti— que rechaza
recusaciones a los integrantes de un órgano de enjuiciamiento.
Todavía
a la espera de la convocatoria de sesiones extraordinarias, el bloque
oficialista especula con que el debate en comisión comenzará la última
semana de enero. Será una actividad intensa para la que se espera que
haya muchos invitados: constitucionalistas, peritos informáticos,
especialistas y distintos testigos sobre el "mal desempeño" de los
magistrados.
Ya está definido que se convocará a declarar al (ahora
de licencia) ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al
vocero de Rosatti, Silvio Robles, para que den cuenta de los chats en
los que coordinaban acciones frente a fallos del Máximo Tribunal (como
el de la coparticipación porteña y el juego de sillas del Consejo de la
Magistratura). A diferencia del caso de los jueces de la Corte —que
también serán convocados—, a Robles y D'Alessandro la comisión puede
obligarlos a comparecer, por lo que en el FdT hay mucha expectativa
sobre las repercusiones públicas que tendrá el proceso de investigación
una vez que comience.