Señales de una condena segura a Cristina
Señales de una condena segura a Cristina en el polémico juicio Vialidad. El proceso atravesado por sospechas de parcialidad, y que CFK calificó de "pelotón de fusilamiento", tendrá su sentencia el martes. El caso Boico, ejemplo de doble vara del Poder Judicial. Por: Néstor Espósito (Tiempo Argentino). Las señales que provienen del Tribunal Oral Federal número dos sobre la Causa Vialidad parecen confluir en un único atisbo de certeza: el martes próximo Cristina Fernández de Kirchner será, con alto grado de probabilidad, una vicepresidenta condenada. En qué puede derivar esa hipotética situación es una incógnita que comienza a generar preocupación en términos institucionales. El «pelotón de fusilamiento» –tal como ella lo definió– habrá disparado sus previsibles municiones y la repercusión mediática estará asegurada a través de los habituales canales de difusión. La duda que aún persiste es por cuáles de los delitos que se le imputan será condenada.
Y esa respuesta sólo la tienen, hoy, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
De
los tres, Giménez Uriburu aparece como el más radicalizado. Su
presencia en el tribunal es la más cuestionada por los imputados, por
sus intervenciones como futbolista en un equipo amateur (también
integrado por el fiscal Diego Luciani y por el camarista federal Mariano
Llorens) que jugaba en las canchas de la quinta del ex presidente
Mauricio Macri. Giménez Uriburu rechazó la recusación por esa situación y
fue respaldado por sus pares y por la Cámara de Casación con un
argumento técnico: esa equívoca situación deportiva no está contemplada
en la ley como causal de recusación. Según ese criterio, nada ocurrió
que generara un temor de parcialidad entre los acusados. Así lo
sostuvieron como jueces de sí mismos y sin que siquiera les corriera un
pequeño escozor por las espaldas.
Sin embargo, el viernes la Cámara
Federal apartó al juez Roberto Boico en una causa denunciada por el
fiscal Carlos Stornelli en el contexto de la diluida acusación por las
actividades ilegales del falso abogado Marcelo D’Alessio. Cuando aún no
era camarista y trabajaba como abogado particular que defendía –entre
otros clientes– a exfuncionarios del gobierno 2003 – 2015, Boico opinó
en un reportaje sobre la renuencia de Stornelli a presentarse al llamado
a indagatoria que le había formulado el por entonces juez federal de
Dolores, Alejo Ramos Padilla.
«Que no se presente a tribunales es un
papelón institucional y yo creo que por una cuestión institucional
debería dar un paso al costado. La situación de Stornelli para mí ya no
tiene vuelta atrás», dijo el abogado Boico. Stornelli lo recusó y el
juez Eduardo Farah, después de que se lo ordenara la Cámara Federal de
Casación, lo apartó del expediente. «A los fines de receptar
favorablemente la concurrencia de temor de parcialidad, basta con
observar que exista una preocupación legítima desde la óptica de las
partes», sostuvo el fallo. Es decir que según esa interpretación legal
(las leyes dicen lo que los jueces quieren que digan), basta con una
«preocupación legítima» de un imputado que genere un «temor de
parcialidad» para apartar a un juez. Tiene lógica que Stornelli tema que
la misma persona que como abogado se pronunció en su contra tenga como
juez un preconcepto sobre él.
La contradicción radica en que ese
concepto aplica para Boico, que en el pasado defendió a kirchneristas,
pero no para Giménez Uriburu, que en la actualidad juzga (y se apresta
acaso a condenar) a kirchneristas. ¿Qué es lo que no se entiende?
A
falta de un tribunal que lo apartara, Giménez Uriburu bien pudo haberse
excusado, por propia voluntad, de seguir interviniendo. Ante el temor de
parcialidad generado por su cercanía fotografiada con el principal
rival político de la vicepresidenta, a quien está juzgando, pudo haberse
corrido del escenario para despejar cualquier duda sobre la legitimidad
y ecuanimidad del fallo que se conocerá el martes. No ocurrió.
El
juez Basso también parece encaminado a la condena. Y Gorini, el menos
proclive al fusilamiento, aparece en una suerte de disyuntiva entre una
disidencia (total o parcial) o el acompañamiento a sus colegas.
Las
miradas periféricas apuntan a las terminales políticas y de poder de
cada uno de los jueces. Y a la actitud desafiante de Cristina Fernández
de Kirchner, que no registra antecedentes en juicios de esta naturaleza.
Lo hizo hasta en las «últimas palabras». Tampoco está claro si los
jueces aplicarán la figura de la asociación ilícita. Hasta hace algunos
días parecía descartada esa hipótesis, pero en las últimas horas
reapareció. Uno de los abogados de un imputado poco conocido en
comparación con Cristina Fernández de Kirchner o Julio De Vido asegura
que la condena «será por todo». Las defensas coinciden en que «no hay
forma de condenar por asociación ilícita» pero temen que los jueces
igualmente lo hagan. «Si eso pasa yo tendré graves problemas
psicológicos. No concibo nada más injusto que una condena a mi
defendido. Si lo condenan deberé replantearme la vocación que me llevó a
ser abogado», se sinceró un defensor con sus colegas. Otro, que no
tiene defendidos en este juicio pero conoce a fondo los entresijos de
Comodoro Py, sostiene que todavía no está resuelto y que el voto clave
es el del juez Basso.
Las especulaciones también se centran en los
años de cárcel que dispondrá la eventual condena. Entre cinco y seis,
pronostican para la vicepresidenta. ¿Es una pena leve, en comparación
con los 12 años que pidió el fiscal? Error: las defensas no están
dispuestas a conformarse con ninguna condena.
El martes sólo se
conocerá el veredicto. Los jueces disponen de 40 días hábiles para dar a
conocer los fundamentos, que de tal manera quedarán para más adelante,
probablemente febrero o marzo de 2023; difícilmente antes.
04/12/2022 (6436)
