Coparticipación
Coparticipación: la Corte se declaró competente para analizar impuestos porteños. Fueron creados por Horacio Rodríguez Larreta por la quita de fondos. La Corte Suprema corrió el traslado de la demanda por el plazo de sesenta días. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria en dos causas en las que se discute el régimen normativo establecido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el impuesto sobre los ingresos brutos. Los dos tributos fueron declarados por Horacio Rodríguez Larreta tras la quita de fondos de coparticipación que Mauricio Macri le había otorgado durante su gestión.
Los impuestos en cuestión, establecidos en el Presupuesto 2021, residen
en los gastos con tarjetas de crédito y un incremento al 8% de la
alícuota sobre Ingresos Brutos para entidades financieras. Nación y
Ciudad de Buenos Aires mantuvieron seis reuniones sin éxito y un grupo
de 17 gobernadores expresó su preocupación de que la injerencia de la
Corte Suprema no cumpla con las pautas del federalismo.
Aumentó fuerte la coparticipación: cuáles fueron las más beneficiadas
En
una de estas causas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA)
planteó la inconstitucionalidad de la Ley Tarifaria 2021, la
modificación al Código Fiscal y la Ley de Presupuesto 2021 mediante las
cuales el gobierno porteño eliminó la exención del impuesto sobre los
ingresos brutos o grava con ese impuesto determinadas actividades
-operaciones de pases, reguladas por el BCRA, cuando los activos
subyacentes o colaterales sean los autorizados por dicha entidad, y las
operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y
demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el BCRA-.
El
BCRA alegó que las normas tributarias locales en cuestión afectan de
forma directa y grave las finalidades y funciones que le han sido
atribuidas a la entidad y alteran significativamente la ejecución de la
política monetaria y financiera a nivel nacional. Al respecto, dijo que
los títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás
instrumentos emitidos por el BCRA son herramientas de la política
monetaria destinadas a lograr la estabilidad financiera y cambiaria y se
ven distorsionadas al ser gravadas por el impuesto sobre los ingresos
brutos.