Los fiscales Luciani y Mola se preparan para pedir la proscripción de CFK
Este lunes será el final de los alegatos de la parte acusadora. Las solicitudes de cárcel oscilarán entre 10 y 16 años de detención. Luego vendrá el turno de las defensas. Por: Néstor Espósito. (Tiempo Argentino) Los fiscales que acusan a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública de Santa Cruz tendrán mañana su primer orgasmo jurídico en público. Se convertirán en tapa de todos los diarios y portales de noticias con un pedido de penas que, en el caso de la expresidenta, necesariamente deberá ser alto, quizá de entre diez y 16 años de cárcel, y la accesoria de «inhabilitación perpetua» para volver a ejercer cargos públicos.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no pueden hacer otra cosa que
pedir el máximo de la pena prevista para los delitos por los que acusan a
la vicepresidenta y al resto de los imputados. A lo largo de ocho
jornadas, repitieron una y otra vez que los gobiernos de Néstor y
Cristina Kirchner fueron la planificación de un «saqueo» a «los escasos
recursos del Estado». Que desde 2003 hasta 2015 los presidentes urdieron
un mecanismo perverso que le hizo perder al Estado miles de millones de
pesos que fueron a parar a sus propios bolsillos. En rigor, el alegato
dice que el dinero de la obra pública –que según los fiscales no se
concretaron y fueron «abandonadas»- terminó en las cuentas y las
propiedades del empresario Lázaro Báez. Pero, según machacaron un
centenar de veces, «Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina
Fernández». Ergo, el dinero –según ese silogismo- era para el matrimonio
presidencial.
En la octava audiencia, los fiscales forzaron el paso:
mencionaron el Caso Gürtel (un esquema de financiamiento ilegal del
Partido Popular –PP- en España) en el que fueron condenados dirigentes
políticos con penas de hasta 51 años de prisión. Acaso crean los
fiscales que las leyes argentinas son excesivamente benévolas…
Luciani
citó jurisprudencia de la Corte Suprema para respaldar la acusación por
«asociación ilícita», una figura creada para la persecución de
organizaciones guerrilleras de los ’70 y discutida ahora por su
aplicación en un contexto democrático. Entre los fallos que mencionó el
fiscal apareció «Stancanelli». Es curioso: el fallo Stancanelli fue el
que –con letra del exjuez Augusto Belluscio, designado por Raúl
Alfonsín- estableció que un gobierno no puede ser una asociación ilícita
y excarceló al expresidente Carlos Menem, quien había sido detenido por
el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Casi lo contrario de lo
que se preconiza en la Causa Vialidad.
«Como esas hay cientos, miles.
Los fiscales mintieron, reinterpretaron o tergiversaron hechos,
testimonios, pruebas, secuencias. En algunos casos las mentiras fueron
escandalosas. Y eso va a quedar claro cuando empiecen los alegatos de
las defensas», anticipó un abogado defensor a Tiempo.
Cada uno
defenderá a su cliente, pero varios además coordinarán la estrategia
para responder una por una las imputaciones. Sólo esperan que sus
alegatos tengan cobertura y despliegue similares a los de Luciani y
Mola.
La audiencia de mañana será la última de las nueve destinadas a
la acusación fiscal. ¿Cómo podrían llegar a la cuenta de 16 años de
cárcel? Argumentando que existió un «concurso real de delitos», por lo
que las figuras podrían sumarse aritméticamente: los diez años de la
asociación ilícita más los seis de la defraudación.
Al pedido de
condenas se le añadirá indefectiblemente el de una eventual suspensión
de los principales derechos políticos no solo de la expresidenta
2007-2015 sino de todos los imputados. Uno de los delitos que se le
imputan a CFK, «administración fraudulenta en perjuicio de la
administración pública», prevé penas de prisión de dos a seis años y
precisa que «si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además
inhabilitación especial perpetua». La normativa no da la posibilidad de
esquivar la inhabilitación. No dice «podrá sufrir» (lo cual dejaría a
criterio del juez si inhabilita o no) sino que establece que «sufrirá
además» la inhabilitación. Es decir: primero cárcel y, cuando salga, si
queda tiempo de vida y aún si hubiera una voluntad abrumadoramente
mayoritaria para que el condenado ocupe un cargo público, no podrá
hacerlo.
El término técnico no es «proscripción». Según el
diccionario de la Real Academia Española, proscribir es «echar a alguien
del territorio de su patria, comúnmente por causas políticas» o
«excluir o prohibir una costumbre o el uso de algo». Acaso la tercera
acepción sea la que más se acerque a la voluntad real de quienes empujan
y sueñan con una condena: «Declarar a alguien público malhechor, dando
facultad a cualquiera para que le quite la vida, y a veces ofreciendo
premio a quien lo entregue vivo o muerto».
Acaso la incógnita más
importante esté centrada en saber si los fiscales pedirán al Tribunal
que oficie al Congreso para que inicie el proceso de desafuero de la
vicepresidenta, de manera tal de disponer su inmediata detención. Hay
una norma no escrita que indica que el imputado que llega libre al
juicio oral se va libre tras el veredicto, aunque sea condenatorio.
¿Hubo excepciones? Sí, el expresidente Amado Boudou, en la Causa
Ciccone. Y el difunto Claudio Bonadio reiteradamente pidió al Congreso
que iniciara el proceso de desafuero de la entonces senadora Cristina
Kirchner.
Si Luciani supone que un planteo de esa naturaleza sólo le
generará simpatías en los sectores que odian a la vicepresidenta
probablemente cometa un error de percepción. Un dirigente político de
fuste que supo ser aliado de Cristina Kirchner, luego cruzó el Rubicón y
ahora abraza con frenesí a la figura de Mauricio Macri como líder de
Juntos por el Cambio, hizo llegar un mensaje advirtiendo que Luciani
está jugando demasiado al filo y que su sobreactuación podría incluso
ser contraproducente con el objetivo de manchar definitivamente al
apellido Kirchner en los libros de historia.
Es necesaria una dosis
gigante de equilibrio para controlar el ego. Un ignoto funcionario
judicial que, de repente, se ve en la calle saludado por desconocidos
que «lo vieron en la tele» y –con profundo odio de clase– lo incitan a
redoblar la apuesta, puede caer en la trampa que le ofrecen sus 15
minutos de fama.