Información tramposa Por el Dr. R Villafañe
Información tramposa sobre la iniciativa del buen uso de redes sociales
El secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, en el marco del Consejo Económico y Social hizo conocer, el 29 de marzo de 2022, entre otros asuntos, que se trabajará en la iniciativa para promover “el buen uso de las redes sociales”. Iniciativa esta, que ya había sido anunciada al Consejo el 24 de junio de 2021, cuando se comunicó que Argentina se sumó al “Pacto por la Información y la Democracia”. El funcionario no hizo más que ratificar, en la nueva reunión del Consejo de este año, como se llevarán adelante las obligaciones emergentes del Pacto, sobre lo que ya se había anunciado en el encuentro anterior del año 2021. A la fecha, todavía no existe proyecto alguno de regulación y se dejó sentado que se han convocado a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer iniciativas, para profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común, con el fin de que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia.
Pacto por la Información y la Democracia
El Pacto referido,
al que se obligó nuestro país, en su momento, fue una iniciativa de la
organización de Reporteros sin Fronteras (RSF), organización esta no
gubernamental internacional cuyo objetivo, es defender la libertad de
prensa en el mundo y, en concreto, a los periodistas perseguidos por su
actividad profesional. También contó con el apoyo de la Alianza para el
Multilateralismo y acompañó la propuesta la Media Freedom Coalition
(MFC), organización que colabora con 50 países, trabajando juntos de
manera proactiva para abogar por la libertad de los medios y se
preocupan por la seguridad de los periodistas y trabajadores de los
medios y hacen rendir cuentas a quienes los dañan y los restringen
severamente para hacer su trabajo.
El Pacto internacional ya
cuenta con 43 países adheridos, como Alemania, Argentina, Armenia,
Australia, Austria, Canadá, Chile, Chipre, Corea del Sur, Costa Rica,
Croacia, Dinamarca, España, Francia, India, Islandia, Italia, Letonia,
Líbano, Lituania, Noruega, Países Bajos, Senegal, Sudáfrica, Reino
Unido, Túnez y otros.
El Pacto de septiembre de 2019,
compromete a los países que lo suscriben, a fomentar marcos jurídicos
nacionales e internacionales que promuevan el ejercicio de la libertad
de opinión y expresión y el acceso a una información fiable. Invitan a
las empresas que configuran el espacio mundial de la información y la
comunicación a respetar principios de transparencia, responsabilidad y
neutralidad y a garantizar la compatibilidad de sus actividades con los
derechos humanos para fomentar la información fiable. A su vez, “se
invita a favorecer el acceso online a información libre, independiente,
plural y fiable. El acuerdo establece principios democráticos como la
neutralidad política, ideológica y religiosa para los algoritmos, así
como la transparencia de su funcionamiento. Con el fin acabar con el
actual `caos de información´, también incide en la responsabilidad de
los proveedores de servicios digitales a la hora de promover contenido
fiable y pluralismo en la indexación”.
El instrumento
internacional responde a la necesidad de fomentar un entorno que
propicie que los ciudadanos dispongan de información fiable para
ayudarles a forjarse una opinión en un contexto de desinformación masiva
en línea, lo que contribuye a socavar la confianza en las instituciones
y los procesos democráticos, dentro de una creciente influencia de
actores privados extra democráticos. A lo que hay que agregar el
debilitamiento del periodismo profesional.
Al respecto el
secretario general de Reporteros sin Fronteras, Christophe Deloire,
cuando se firmó el Pacto sostuvo, que: "Si las democracias no establecen
las normas, los intereses privados y los dictadores lo harán por
nosotros (...) Han reemplazado a los Parlamentos a la hora de regular el
espacio de la comunicación y la información. Por eso nos hemos
propuesto reconstruir un sistema de garantías democráticas adaptado a la
era tecnológica”.
Lo referido tiene presente, que no cabe
que las plataformas censuren cuentas en las redes sociales fuera de todo
control democrático resaltando la urgente necesidad que se logre la
transparencia de los algoritmos, que haya protecciones contra la
desinformación vía mensajería privada y que se establezcan mecanismos
concretos para la confiabilidad de la información.
Christophe
Deloire también manifestó, en el marco de la reunión ministerial de la
Alianza por el Multilateralismo, celebrada el 12 de noviembre de 2020,
que debía trabajarse “en cuatro aspectos estructurales sobre los que
debería reforzarse el marco regulatorio: la transparencia de las
plataformas, la metarregulación de la moderación de contenidos, el
fomento de la fiabilidad de la información y la eliminación de la
distinción entre espacio público y privado en línea cuando los servicios
de mensajería privada se convierten, de hecho, en un nuevo espacio
público no regulado”.
Desinformación en el tema
Lo
referido de particular importancia para el derecho humano a la
información, sin embargo, con especial desinformación, muchos medios de
difusión presentaron en Argentina el tema tratado por Beliz, como si
hubiera sido una excusa para distraer la atención, sin referir que
estaba en la agenda de trabajo del Consejo Económico y Social y la
importancia del tema.
Tampoco refirieron que se trataba de
una iniciativa de la organización de Reporteros sin Fronteras (RSF) y la
propuesta realizada estaba dentro los compromisos asumidos por el
“Pacto Internacional por la Información y la Democracia” firmado por la
Argentina que pretende proteger la libertad de expresión ante
manipulaciones hegemónicas y que, a su vez, no hay proyecto alguno
todavía, sino que se consultaría a 40 universidades en la problemática.
Resulta grave que la actitud de desinformación y falta de seriedad
informativa la asumiera a su vez, la Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas (ADEPA) que sostuvo, que “observaba con
preocupación, por su potencial efecto sobre la libertad de expresión, el
anuncio de una serie de iniciativas, que contarían con la participación
de organismos estatales, orientadas a monitorear e incidir en el uso de
las redes sociales”. A lo que se sumó el Foro de Periodismo Argentino
(FOPEA) que afirmó, que “este tipo de iniciativas implican un riesgo
claro para la libertad de expresión y la pluralidad de ideas, derechos
inalienables en una sociedad democrática y pluralista”. A esta postura,
sin asidero real se sumaron políticos de la oposición de Juntos por el
Cambio como Horacio Rodríguez Larreta, que dijo, además, que la
iniciativa era inconstitucional.
En honestidad periodística y
política es de esperar rectificación en la actitud asumida por quienes,
sin fundamentos, se han opuesto a la necesaria e importante iniciativa
gubernamental.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista cordobés
y periodista de opinión
01/04/2022 (5910)
