Cómo enfrentar los precios de guerra
El índice de marzo, que se conocerá el 13 de abril, pondrá en evidencia en forma rotunda que se está viviendo un período de precios de guerra. Aparece la necesidad de medidas adicionales en la política de ingresos para amortiguar costos que se proyectan por un tiempo más prolongado. Por Alfredo Zaiat. La economía mundial ha ingresado en un período de precios de guerra en productos básicos. El panorama es todavía más complejo para la economía argentina porque este shock externo la encuentra con tasas de inflación muy elevadas. El índice de marzo, que se conocerá el miércoles 13 de abril, será el momento en que quedará en evidencia en forma rotunda que se está viviendo un período de precios de guerra. Además, aparece la necesidad de medidas adicionales en la política de ingresos para amortiguar costos que se proyectan por un tiempo más prolongado que el deseable.
La Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) elabora un índice de precios
de los alimentos. Es una medida de la variación mensual de los precios
internacionales de una canasta de productos alimenticios. Consiste en el
promedio de los índices de precios de cinco grupos de productos básicos
(cereales, aceites vegetales, lácteos, carnes y azúcar) ponderado por
las cuotas medias de exportación. El último reporte marcó, en febrero,
un promedio de 140.7 puntos, 3,9 por ciento más que en enero y 20,7 por
ciento por encima del nivel de hace un año. Este registro es un nuevo
máximo histórico desde 1961, cuando empieza a elaborarse el índice, al
superar el pico anterior de febrero de 2011 en 3.1 puntos. O sea, de
acuerdo a la serie de la FAO, nunca antes los precios de los alimentos
estuvieron tan altos como ahora. Se ubican en términos reales en la zona
de la crisis de 1974/1975 derivada del shock petrolero. En pocos días
(el 7 de abril) se difundirá una actualización del informe.
La
tendencia inflacionaria global es preocupante porque la prolongación del
conflicto Rusia-Ucrania está abriendo las puertas a una crisis
alimentaria mundial por precios y cantidades. Ambos países son grandes
exportadores de alimentos, especialmente cereales, por un total de casi
10 mil millones de dólares cada uno. Esos alimentos hoy no están
disponibles en el mercado.
El conflicto Rusia-Ucrania está abriendo las puertas a una crisis alimentaria mundial.
Exportar sin importar el mercado interno
El
escenario internacional ofrece problemas en el acceso, abastecimiento y
precios de alimentos, lo que exige inmediatas y contundentes medidas a
nivel doméstico. El mercado mundial de materias primas está funcionando
con la distorsión de la guerra y, por lo tanto, la intervención de la
política económica debe salirse del libreto convencional y no debe
limitarse por amenazas políticas de grupos que defienden privilegios
obtenidos por la guerra. Por el contrario, debe identificarse a quienes
se benefician con la guerra a costa de castigar el presupuesto de la
mayoría de la población.
Productores, el complejo agroexportador y
sectores vinculados a esta actividad pretenden, con implacable lógica
del capital, apropiarse del extraordinario efecto riqueza derivado de la
suba impresionante de las materias primas.
Resisten cualquier
medida que permitiría disminuir los costos socioeconómicos del conflicto
bélico. Frente a esta conducta, que reúne el apoyo político y mediático
de la derecha, se requiere una firme respuesta del Gobierno porque la
economía local ya está padeciendo los precios de guerra.
Antes
del enfrentamiento OTAN-Rusia, cuando la inflación era fundamentalmente
una cuestión doméstica, en esta columna se mencionó en varias
oportunidades la necesidad de liderazgo y coordinación en la gestión
económica para intervenir en las tensiones de poder que se expresan en
los precios y, por lo tanto, en la disputa sobre la formación de
expectativas. No es una cuestión de nombres sino de concepción acerca
del manejo de la economía.
En las actuales circunstancias
resultan todavía más apremiantes esas cualidades para preservar el
mercado interno y el sendero de la firme recuperación de la actividad y,
en especial, para promover la mejora del poder adquisitivo de los
sectores populares.
Minimizar el diagnóstico acerca de la
existencia de precios de guerra y eludir la decisión de ordenar la
administración de este frente podría tener costos económicos y sociales
todavía más elevados de los que ya se están padeciendo.
El arte de la negación
En
general es complicado abordar el análisis de un estado determinado de
la economía para luego instrumentar iniciativas si se ignoran
acontecimientos externos que son potentes condicionamientos.
Durante
dos años el discurso dominante ha minimizado el shock externo de un
evento extraordinario como la pandemia, que ha afectado la evolución de
las principales variables macroeconómicas.
Ahora sucede lo mismo
con el impacto del conflicto Rusia-Ucrania, que no solamente está
generando un drama humanitario de muertes, refugiados y destrucción,
sino que está provocando una fortísima alteración de la economía
mundial: más inflación, suba de la tasa de interés, menor crecimiento,
deterioro sociolaboral e incremento de la fragilidad económica.
No
explicitar estos formidables shocks externos en el diagnóstico de la
situación doméstica deja el terreno abonado a discursos políticos
reaccionarios, al tiempo que dificulta la comprensión por parte de la
población acerca del tipo de intervención estatal que se requiere en la
actual situación de extrema complejidad económica.
La discusión
política de unos y otros al interior de la coalición oficialista
pareciera que se estuviera realizando sin considerar el perturbador
escenario económico y geopolítico global de esta época. El debate
político –no el personal- exige incorporar los impactos de la pandemia y
de la guerra para ordenarlo.
Una línea del Gobierno no los suma
con suficiente convicción -por lo menos públicamente- en los marcos de
negociación con factores de poder internacional y local, ni en la
comunicación oficial y ahora ni en la instrumentación de medidas
excepcionales. Y la otra línea política tampoco los considera como
relevantes en el momento de cuestionar los resultados de la política
económica en el capítulo de la evolución de los ingresos de los sectores
populares, y en evaluar las perspectivas económicas inmediatas.
El mundo económico ya no será el que era
El
debate político sobre la cuestión económica local tiene que incluir los
impactos del conflicto Rusia-Ucrania que fluirán a través de tres
canales principales:
Los precios más altos de productos
básicos como alimentos y energía aumentarán aún más la tasa de
inflación, lo que a su vez erosionará los ingresos y afectará la demanda
doméstica.
Las economías europeas en particular, y las del resto
en general, se enfrentarán a la interrupción del comercio, las cadenas
de suministro y las remesas, así como a un aumento histórico en los
flujos de refugiados.
La reducción de la confianza empresarial y
la mayor incertidumbre de los inversores influirán sobre los precios de
los activos, endureciendo las condiciones financieras y posiblemente
estimulando la salida de capitales de los mercados emergentes.
Rusia
y Ucrania son importantes productores de materias primas, y el freno de
los envíos ha provocado que los precios mundiales se dispararan al
alza, especialmente para el petróleo, el gas natural y los granos.
Por caso, en el mercado internacional del trigo esos dos países representan el 30 por ciento de las exportaciones mundiales.
El precio del trigo en el mercado internacional cerró el viernes a 401 dólares la tonelada.
La relación de la energía y la producción agrícola
El
economista Daniel Kostzer ofrece un lúcido análisis sobre el impacto de
la guerra y de la pandemia en los precios de productos básicos. "Ambos
acontecimientos están imponiendo una grave restricción al suministro de
alimentos y energía que repercutirá en los precios en una escala de
grandes dimensiones", advierte.
Señala que entre esos dos grupos
de commodities existen interacciones que generan no sólo efectos
inflacionarios de corto plazo, sino que deriva en una inercia hacia el
futuro que los amplifica.
Existe una vinculación potente de los
precios de la energía y de los granos, puesto que los primeros elevan
los costos directos de producción de las materias primas agrícolas del
siguiente modo:
Las naftas y el gas son imprescindibles para
mover la maquinaria necesaria para los procesos agrícolas y transporte
de la producción.
La energía es el principal insumo para producir
fertilizantes que ahora son cruciales para la producción agrícola con
los paquetes tecnológicos de alta productividad. Rusia es el mayor
exportador mundial de fertilizantes con el 12,6 por ciento del total del
mercado, equivalente a 7000 millones de dólares.
La agricultura
moderna depende en gran medida de la energía, y los productos básicos
que generan energía son petróleo, gas y carbón. Los estudios realizados
por la FAO y el Banco Mundial muestran que existe una relación
significativa y a largo plazo entre los aumentos del precio del petróleo
y los precios de los alimentos.
Con el importante incremento de
la producción de biocombustibles también hay un efecto sobre los
alimentos que pueden producir energía orgánica, ya que ahora será más
rentable aumentar la producción destinada a ese tipo de energía,
poniendo más presión en el mercado de los alimentos.
La agricultura
moderna depende en gran medida de la energía. El alza del petróleo
impulsa el aumento de precios de los alimentos.
Qué pasa con las demandas complementaria y sustitutiva
Kostzer,
especialista del mercado de trabajo y que asesora a organizaciones
sindicales, observa que las materias primas energéticas y alimentarias
también tienen efectos indirectos en otros bienes.
Dice que la
más evidente es cuando se trata de un insumo o complemento de otros
productos, como la carne (vacuna, pollo, cerdo) que utiliza tanto
energía como granos como insumo para su producción.
Explica que
los aumentos de precios de los bienes de primera necesidad (de demanda
muy inelástica) se dirigen también a otros productos de demanda más
elástica, y que tienden a ser de producción local, afectando por tanto
el nivel de actividad doméstica. Es decir, si los precios de los granos
suben, la producción local de productos lácteos o carnes empezará a
desarrollarse con mayor tensión, ya sea por aumento de precios o por
disminución de la actividad por la debilidad de la demanda.
Diferentes impactos en países importadores y exportadores
El
impacto en los países importadores es bastante sencillo, ya que tienen
que pagar precios más altos por los alimentos y la energía comprados en
el mercado internacional. Esta situación tiende a tener un efecto
duradero debido a la inercia inflacionaria generada.
Este impulso
inflacionario se traslada hacia otros bienes de la cadena productiva,
que también terminan ajustando al alza sus precios. Como se sabe, el
amplio universo de productos reacciona relativamente rápido a los
aumentos pero no a una disminución cuando el escenario se normaliza.
Para
los países exportadores de alimentos, como Argentina, el alza de los
precios internacionales ayuda inicialmente a mejorar el superávit de la
balanza comercial. Sin embargo, tiene un impacto negativo en los precios
domésticos, ya que los productores locales de exportables esperan que
el mercado doméstico pague el mismo precio del mercado internacional,
con la deducción de los costos de transporte.
De ese modo, para
esas economías el beneficio del sector externo es más que compensado por
la dinámica interna de inflación que castiga los ingresos de la mayoría
de la población.
Además, los países que destinan subsidios
energéticos a su mercado interno, especialmente para el consumo
familiar, enfrentarán presiones sobre las cuentas públicas. Para no
afectar el poder adquisitivo de los hogares habría que incrementar –no
bajar- el monto de los subsidios.
Incluso esa cuenta global
debería aumentar para subsidiar los precios internos de los alimentos
para cuidar el presupuesto de las familias de más bajos ingresos.
El
anuncio de que se van a recalibrar las metas del acuerdo con el FMI,
como se adelantó en estas páginas la semana pasada, es una oportunidad
para acomodar las proyecciones fiscales a una situación extraordinaria
que exige medidas extraordinarias.