Denunciaron a Patricia Bullrich por la compra de equipos de seguridad
Denunciaron a Patricia Bullrich por la compra de equipos de seguridad para el G20 que llegó tarde y con sobreprecio. La presentación ante la justicia la realizó la Oficina Anticorrupción
Se pagaron 9 millones de dólares. Según un informe de la Sigen se detectaron sobreprecios de hasta 315 por ciento. El material adquirido llegó después de que finalizara la Cumbre. Se acusa a la ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Por Irina Hauser. En sus tiempos de ministra de Seguridad, Patricia Bullrich mandó a comprar una gran cantidad de material con el argumento de que era necesario para la Cumbre del G-20, que se celebraría en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018. El súper combo incluía: 4 ambulancias, 20 furgones, 475 chalecos antibalas, equipos antiexplosivos, 900 uniformes ignífugos, 2 scanner de vehículos, 5 camiones hidrantes, sistemas de comunicación y 120 pistolas tácticas. Se gastaron 9 de millones de dólares, pero nada de todo ese gigantesco encargo llegó para el gran evento internacional sino cinco meses más tarde y a casi ninguna empresa se le cobraron multas.
No sólo eso, según los cálculos que hizo la Oficina Anticorrupción
(OA), en base a un informe previo de la Sindicatura General de la Nación
(Sigen), se pagaron sobreprecios de hasta 315 por ciento y en el caso
de los chalecos --por ejemplo-- la empresa beneficiaria, que también se
sospecha que cobró un 30 por ciento de más, tenía como socio a un aliado
de Graciela Ocaña en la Fundación Confianza Pública.
El G-20, todo
indica, fue utilizado como excusa para gran cantidad maniobras durante
el gobierno de Mauricio Macri, entre ellas, la inteligencia ilegal sobre
los periodistas y organizaciones sociales que asistían al foro, además
del espionaje extendido sobre dirigentes políticos, entre ellos Cristina
Fernández de Kirchner, bajo el supuesto de potenciales amenazas
terroristas. Parece que fueron más las tropelías. Bullrich fue
denunciada junto con otro grupo de exfuncionarios de su equipo en una
presentación que hizo la OA, al mando de Félix Crous, que le tocó por
sorteo al juzgado de Luis Rodríguez y la fiscalía de Paloma Ochoa. Los
delitos que se les atribuyen son incumplimiento de los deberes de
funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones
incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en
perjuicio del Estado. Las primeras irregularidades fueron detectadas por
una auditoría de la Sigen, que observó algo extraño: en los llamados a
licitación decía que el objetivo de la compra era adquirir “bienes
necesarios para apoyar las operaciones de desarrollo de las Fuerzas en
virtud de los encuentros programados" para el G-20, y aclaraba que el
plazo de entrega desde la emisión de órdenes de compra era de 90 días
corridos, en algunos casos un poco menos. Pero resulta que ese límite
excedía siempre el final de la cumbre y nada fue entregado para la
ocasión ni usado con el fin establecido. Es más, algunas empresas
pidieron prórrogas y les fueron concedidas a sabiendas de esta anomalía.
¿Qué dice la denuncia de la Oficina Anticorrupción?
"La entrega
de los productos luego de la realización del evento que generó la
necesidad de sus adquisiciones traen como lógica conclusión, o bien que
esas necesidades no fueron satisfechas, o que fueron satisfechas con la
realización de gastos adicionales, o bien que los productos adquiridos
no eran necesarios para el desarrollo del evento en cuestión, lo que
implicaría que la motivación del acto administrativo resultó falsa. En
cualquiera de estos casos nos encontraríamos ante el posible
incumplimiento de los funcionarios que tramitaron estos expedientes y
aprobaron las licitaciones en esas condiciones, del deber de proteger y
conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los
fines autorizados", dice la denuncia, a la que accedió Página/12.
En
cualquiera de las hipótesis, señala la OA, "los funcionarios que
intervinieron en estos procesos y aprobaron las licitaciones habrían
actuado en forma parcial, en defensa de los intereses económicos de las
empresas involucradas, y en contraposición de los intereses estatales".
Tampoco se descarta que las licitaciones hayan sido "un medio para
utilizar indebidamente las partidas presupuestarias destinadas a los
eventos del G-20". Además, de Bullrich, los otros exfuncionarios
denunciados son el exsecretario de Coordinación, Formación y Carrera,
Alberto Fernando Fohrig; y el exsubsecretario de Gestión Administrativa,
Martín Siracusa.
09/02/2022 (5793)
