Hasta Las Manos La Gestapo Vidalista
Hasta Las Manos La Gestapo Vidalista: El comisario Casassa aseguró que Vidal y Conte Grand se reunían cada 15 días con la mesa judicial nacional
Casassa participó de los allanamientos a las principales figuras del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Además de ratificar lo que dio a conocer Página/12, dijo que la AFI de Macri era la que convocaba a las reuniones para armar causas a nivel nacional. También explicó el rol de Elisa Carrió y Paula Oliveto en las operaciones. Por Irina Hauser El comisario y contador Hernán Casassa confirmó ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que él es la persona que habla y explica en dos audios revelados por Página/12 cómo funcionaba la mesa judicial y cómo era el mecanismo de armado de causas en la provincia de Buenos Aires durante el macrismo.
Además de ratificar el contenido, su relato fue incluso más lejos:
contó que la exgobernadora María Eugenia Vidal, su exjefe de Gabinete
Federico Salvai y el procurador Julio Conte Grand --a quienes ya
mencionaba en la grabación-- también participaban de la mesa judicial
nacional que, según dijo estar al tanto, se reunía los jueves cada
quince días por convocatoria de la Agencia Federal de Inteligencia
(AFI). Además vinculó a las dirigentas de la Coalición Cívica Elisa
Carrió y Paula Oliveto con el espionaje y el uso dudoso de información
para crear expedientes.
Casassa había sido citado por una subcomisión
de la Bicameral conformada para estos temas que integran Rodolfo
Tailhade, Eduardo Valdés y el radical Miguel Bazze. Se presentó al
mediodía del jueves con buena predisposición y, además de confirmar los
audios y el contenido, entregó material para mostrar el nexo entre
Carrió, Vidal y la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía
bonaerense, una dependencia que ya en la grabación señalaba como clave
en la recolección ilegal de información.
La AFI y la UIF para armar causas
La
particularidad de su descripción es que mostró que el armado de causas
en la provincia no era una cuestión aislada sino que había una política
de espiar y acusar penalmente generalizada que, todo hace suponer, se
manejaba desde la Casa Rosada y la AFI. Lo que quedó a la vista en su
relato es que los expedientes --en especial contra políticos opositores y
sindicalistas-- se habrían nutrido con aportes de la AFI, de Asuntos
Internos y también de la Unidad de Información Financiera (UIF), según
pudo reconstruir este diario.
Los audios fueron presentados la semana
pasada por Alberto Pérez, exjefe de gabinete del exgobernador Daniel
Scioli, ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. El juzgado
abrió un expediente aparte pero conexo con el que investiga la "Gestapo
antisindical" y la reunión de parte de la mesa judicial del 15 de junio
de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, que quedó registrada por
al menos tres cámaras colocadas en el séptimo piso de la entidad y cuya
filmación apareció en la AFI. La sospecha es que las colocó la propia
central de inteligencia.
Casassa fue, en sus tiempos de subcomisario
de Activos Ilegales de la superintendencia de Investigaciones de la
Bonaerense, quien participó de allanamientos a la vivienda de Pérez y de
varias propiedades de Scioli, entre otros exfuncionarios a quienes les
abrieron una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. La denuncia que
la originó la había hecho Carrió. El exjefe de Gabinete está citado
para el martes para ratificar su denuncia.
Los espías en el centro
El
papel central y repetido de la AFI junto con el posible espionaje es lo
que habilitó la intervención de la Bicameral. En el video del Bapro
donde se ve al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas como
protagonista en la reunión con empresarios y otros funcionarios a
quienes expresa su deseo de tener una "Gestapo" propia para poder
"terminar con los gremios", también están presentes tres exdirectivos de
la AFI. Dos de ellos --el exdirector de Asuntos Jurídicos Juan
Sebastián De Stéfano y el exjefe de Gabinete del organismo Darío
Biorci-- participan activamente de la explicación acerca de cómo armar
acusaciones penales contra sindicalistas, entre quienes se menciona al
dirigente de la Uocra Juan Pablo "Pata" Medina. Biorci intenta saber con
qué reclamos se topaban los emprearios de parte del gremio. Como
reclamar viandas o ropa de trabajo no parece un reclamo delictivo, según
acota el propio Villegas, De Stéfano termina por sugerir generar una
provocación para filmarlo. También estaba presente el exdirector
operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra. Son tres
nombres conocidos para la Bicameral, ya que aparecen en todas las
investigaciones sobre espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri.
En
el expediente de la "Gestapo", el juez Kreplak pidió este jueves a la
AFI que informe si entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2017
entraron al organismo Vidal, Villegas o alguno de los presentes en la
mesa del Bapro: el exministro de Infraestructura Roberto Gigante, el
exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi, el intendente de La Plata,
Julio Garro, y el senador Juan Pablo Allan, y --por el sector privado--
Marcelo Jawroski, Ricardo Alconada, Guillermo Moretto, Jorge Oscar Del
Río, Fabián Cusini, Fernando Sacrachi y Bernardo Zaslascky. A estos
últimos los agregó a los entrecruzamientos de llamadas que había
ordenado sobre los funcionarios, incluida Vidal.
La gran mesa judicial
Cassasa
decía en uno de los audios que le hizo escuchar la Bicameral: ?Asuntos
Internos es exactamente la oficina en la que, por orden de (Cristian)
Ritondo, buscaban toda la información para empapelar las causas. Era el
armado judicial, la mesa judicial que tenían con Vidal, Salvai, Conte
Grand --que era una locura que esté ahí-- y Ritondo. Esa oficina tenía
acceso a los Nosis, hablaba con la UIF, pedía información de todos
lados". Ante los diputados confirmó ese entramado propio de la provincia
de Buenos Aires, pero agregó que los mismos personajes eran invitados a
la mesa judicial (nacional) que se reunía los jueves a la tarde cada
quince días.
El comisario señaló que eran convocados a concurrir a la
AFI. Lo que es seguro, según información que ya está hace tiempo en
poder de la Bicameral en base a las investigaciones previas sobre
espionaje durante el macrismo, es que algunas de las invitaciones
provenían de una secretaria del extitular de la Agencia de inteligencia y
amigo de Macri, Gustavo Arribas, y otras las enviaban desde un e-mail
del despacho del exjefe de Gabinete, Marcos Peña, donde a veces eran los
encuentros. En algunos de esos correos aparecían como destinatarios
también el exministro de Justicia Germán Garavano, el exjefe de asesores
de Presidencia José Torello y el exsecretario de Legal y Técnica Pablo
Clusellas. Como es conocido un miembro permanente y crucial fue Fabián
"Pepín" Rodríguez Simón, que sigue en Uruguay sin responder a la
Justicia argentina, que lo citó a indagatoria.
Todos los caminos conducen a la Casa Rosada
Hay
un amplio abanico de datos que llevan a suponer que la política de
espiar, generar causas y llevar a la Justicia a dirigentes opositores y
sindicalistas estaba centralizada en la Casa Rosada. En el caso
particular de la reunión en el Bapro, las cámaras instaladas no eran de
seguridad, no apuntaban a los ingresos sino a la mesa y, como informó
Raúl Kollmann, implicaron un despliegue tecnológico, incluida la
instalación de micrófonos para conseguir buena calidad de audio. Todavía
es un misterio quién autorizó su ingreso y colocación, aunque habría
algunas pistas. A esto hay que sumar algunas coincidencias cronológicas
que juntan a elenco bonaerense con el nacional.
Poco más de un mes
antes del encuentro donde habló de la Gestapo, el ministro Villegas se
reunió en la Casa Rosada con Arribas y con Macri. Era 4 de mayo. Es una
rareza que un ministro provincial, con facultades limitadas, se junte
con el jefe de Estado. No sería extraño que allí se hablara de la
estrategia contra otros dirigentes como Roberto Baradel o Hugo Moyano,
que fueron espiados.
Cinco días después, según información de la
Bicameral, la AFI entregó un informe sobre la Uocra de La Plata que
apuntaba a las actividades del "Pata" Medina. Dos días antes y también
después, Macri empezó a insistir con su muletilla de "la mafia de los
juicios laborales" y a culpar a trabajadores y trabajadoras que inician
demandas por las violaciones a sus derechos, todo en un contexto de
despidos y precarización. A la par inició una ofensiva contra jueces/zas
que fallaban en contra del empresariado y que avalaban pariarias que el
macrismo no quería. A las pocas horas de la cumbre en el Bapro, para la
que vale recordar que no registró su ingreso ningún asistente, fueron
Garavano y Arribas a la Rosada. ¿Estaría disponible la filmación y el
plan comenzaba a ejecutarse? Medina fue denunciado 15 días después por
supuesta coacción y amenazas. Lo detuvieron a fines de septiembre.
La huella de Carrió
El
otro tramo del audio que también confirmó Casassa equipara la función
de Asuntos Internos de la policía con un "grupo de tareas" que relaciona
con Carrió. "Esa mesa judicial que estaba Conte Grand, junto con Vidal,
algo imposible por la división de poderes, no pueden tener contacto,
eran los que armaban la causa. Y eran los que con el fiscal de
Avellaneda (en alusión a Sebastián Scalera), lo destrozaron a Moyano,
que lo quisieron meter preso. Se juntaban en la SIDE, hay un par de
informaciones, chequeé, me tiraron. Una vez que tenían todo armado, le
pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información, y
después, mágicamente, aparecía en las manos de Carrió. Y Carrió metía la
causa o mandaba a alguno de sus secuaces a denunciar..."
Ante la
Bicameral, Casassa vinculó a Carrió y Oliveto directamente con quien era
jefe de Asuntos Internos de la Bonaerense, Guillermo Berra. Entregó a
los diputados un video de un acto de 2018 donde están ambas en un acto
con Vidal. La ex gobernadora alienta un aplauso para Berra y cuenta que
eran vecinos de Morón pero que lo había traído de la Auditoría General
de la Ciudad, donde lo conoció por Oliveto. Dice que lo llevó porque
buscaban a alguien independiente para controlar a la propia policía y lo
felicita por haber apartado a 9200 agentes. Berra fue procesado en 2020
por obtener "información y almacenar datos sobre personas físicas y
jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor
administrativo de la fuerza de seguridad provincial" entre 2016 y 2019.
Pero la causa no avanzó más.
Casassa se comprometió a entregar más
material y pidió postergar algunas precisiones. El martes próximo está
citado Conte Grand ante la comisión. También deben ir los representantes
legales de las dos empresas distribuidoras de las cámaras instaladas en
el Banco Provincia, donde los diputados harán ese mismo día una
inspección ocular.