LA CORTE SUPREMA. Por el Dr Rodriguez Villafañe
EN LA CORTE SUPREMA NACIONAL, Cercanía con el administrado
Uno de los valores centrales de la administración de justicia democrática es la proximidad entre quienes ejercen la función de la magistratura judicial y las personas sometidas a su juicio. De allí es su estructura de poder descentralizado que busca que el órgano juzgador se encuentre cerca, conozca el ámbito y lo que pasa donde debe administrar el honor, la libertad y los bienes de las personas.
En base a ello, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, de conformidad a
lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario 485 -Serie “A”- del Tribunal
Superior de Justicia, de fecha 13/04/1999, se deja claro el concepto
antes desarrollado y determina, entre otras consideraciones, que “la
efectiva residencia en un lugar en el cual se presta servicios, permite o
por lo menos posibilita el conocimiento acabado de las distinta tramas y
relaciones humanas que se generan en la comunidad, la idiosincrasia del
cuerpo social, sus características culturales, económicas, costumbres,
etc., que en mayor o menor medida resultan datos de la realidad de
intereses para los integrantes del servicio de justicia”. Y estableció,
que “los señores magistrados, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Provincia, deberán residir en la ciudad en la que se
localiza el asiento del Tribunal”, (art.1). Resoluciones similares se
han dictado en las distintas jurisdicciones del país. Así, en la
Provincia de Misiones se exige a los magistrados que residan “en el
lugar en que desempeñen sus tareas o dentro de un radio de pronta
comunicación, que no exceda de cincuenta kilómetros de aquél”. El
Superior Tribunal provincial sólo puede dispensar de esta obligación
temporalmente.
Ello también permite el control social sobre el
accionar de quienes trabajan en la administración judicial, en la
cercanía de la convivencia.
Pero estos conceptos básicos se han
ido desnaturalizando en los hechos, ya que una cultura, por la que se
apelan la mayoría de las sentencias de las primeras instancias y luego
las resoluciones de las sucesivas instancias posteriores, van generando,
de esa manera, un cuello de botella que termina, en muchos casos, en la
CSJN, en Bs. As., lugar de asiento de este tribunal.
A su vez,
esta modalidad recursiva de todo ha traído una sobrecarga de las
instancias superiores, toda vez que los juzgados de primera instancia,
son más que los de segunda instancia y que los tribunales superiores de
provincia y así sucesivamente, para terminar en la CSJN.
En 2018,
al máximo tribunal del país le ingresaron 36.584 nuevos expedientes y
dictó 6.814 sentencias y resolvió 7.843 causas, o sea, tomó un total de
14.657 decisiones. Entonces, teniendo en cuenta, aproximadamente, que el
año judicial tiene 210 día hábiles, tuvieron que resolver un promedio
aproximado de 69 casos por día, lo que resulta materialmente imposible
de leer y meditar. Ello sin contar otras decisiones que toma el tribunal
en otros aspectos, algunos que no les competen, como los económicos, ya
que constitucionalmente no le corresponde administrar el presupuesto
del Poder Judicial, (ver art. 114 de la Const. Nac.).
En ese
entorno cortesano de la CSJN también existen más de 200 funcionarios que
trabajan las resoluciones de distinto tipo que acuerdan y suscriben los
magistrados integrantes.
La existencia de relatores de las
cuestiones es importante para la tarea de los jueces, ya que les ayudan
en la tarea jurisdiccional, en la medida que, luego los integrantes del
tribunal estudien y analicen los proyectos que se les ponen a
consideración. Más, en el cúmulo de resoluciones antes referidos, en
realidad, los miembros de la Corte terminan implicándose y resolviendo
los casos que les despiertan un interés especial. Las otras cuestiones,
entran en cadena de producción, sin control de magistrado alguno y salen
como decisiones. Repárese, como una anécdota digna de una tragicomedia
de simulaciones, que hace tiempo, mucho antes de la pandemia, a un
miembro de la Corte entrado en años, se le alcanzaba los expedientes a
su casa e iba un Secretario del Tribunal, pero a éste no se le exigía
que le explicara los temas, sino que le ayudara a sostener la mano para
que no se le cansara y pudiera firmar, en gran medida sin leer, todo lo
que se le llevaba.
Magistrados sin acuerdo del Senado
De
esta manera, nos encontramos que, para muchos casos en los que no se
tenga contactos en la Corte, que haga prestar atención especial de los
magistrados, esos juicios terminan, en realidad, resueltos por hombres y
mujeres que no han pasado por el tamiz del análisis del Consejo de la
Magistratura, ni por el acuerdo del Senado Nacional, pero son los que
dictan concretamente el fallo del Tribunal. De esa manera, se da una
justicia de primera para los poderosos o con contactos (algunos estudios
importantes de la CABA que operan) y una justicia de segunda, para
todas las demás causas. En estos últimos casos, esos expedientes, como
verdaderos desterrados pueden dormir, (porque la Corte no tiene plazo
para resolver y muchas veces mueren sin fundamento alguno, rechazados
por el certiorari -art. 280 del CPCCN-) y otros resueltos a miles de
kilómetros del lugar de las cuestiones y de las personas a las que los
afectan, lejos de la justicia cercana y sentenciados en una cadena de
producción burocrática, sin posibilidad de avocamiento y control
objetivo, por los magistrados firmantes que tienen la responsabilidad
institucional de hacerlo en la causa.
Nuevo Poder Judicial y urgente cambio en la CSJN
Hay que terminar, a la mayor brevedad, con las ficciones de
funcionamiento referidas y en un verdadero acto fundacional, dictar una
nueva constitución nacional que regule un poder judicial democrático,
(sin resabios monárquicos, no más “palacios” en la denominación de los
lugares donde funcione, ni máximos tribunales que se llamen “cortes” y
muchos aspectos a pulir en este aspecto).
Mientras tanto, es
urgente reformar por ley el funcionamiento y la estructura de la Corte y
en ese acuerdo de política de estado, remover a los actuales
magistrados por juicio político, atento a las razones que los
descalifican para la función. Además, hay que darle al tribunal, una
adecuada legitimación democrática, con respeto de género, (debe
integrarse el cuerpo con la incorporación fundamental de la mujer, en
paridad de participación) y una perspectiva federal genuina, (la actual
Corte representa sólo a la pampa húmeda, sus actuales integrantes son de
Córdoba, Santa Fe y Bs. As.).
Todo esto es urgente llevar adelante para el bien de los argentinos.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista cordobés y
Periodista columnista de opinión
04/12/2021 (5669)
