Marcos Peña y el contrabando de armas a Bolivia
Contrabando de armas a Bolivia: La reunión clave de Marcos Peña con Patricia Bullrich y el jefe de Gendarmería. Por Felipe Yapur y Luciana Bertoia. Marcos Peña presidió una reunión con Patricia Bullrich y el entonces jefe de la Gendarmería Gerardo Otero el 12 de noviembre de 2019. Ocurrió horas antes de que partiera el Hércules C-130 con el primer contingente de gendarmes, los armamentos y las municiones que terminaron en poder de las fuerzas bolivianas que condujeron el golpe contra Evo Morales. El encuentro con la plana mayor de la seguridad argentina pone a la Casa Rosada en el centro del escándalo de impacto regional y complica la situación del exjefe de Gabinete.
Mauricio Macri también mantuvo ese día una reunión con el entonces 
canciller Jorge Faurie. Por estas horas en el Gobierno nacional evalúan 
realizar, con esta nueva información, una segunda ampliación de la 
denuncia que ya se encuentra en el fuero en lo penal económico.
"Lo 
vamos a tener que incorporar en una ampliación de la denuncia", dijo el 
ministro de Justicia Martín Soria en C5N después de que se revelara la 
existencia de la reunión, hasta ahora desconocida. "Es impresionante el 
nivel de detalle que va surgiendo", agregó el funcionario que junto con 
su par de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont impulsan la 
investigación por el envío de municiones a Bolivia. En el encuentro, 
realizado en el despacho de Peña, participaron Bullrich con sus hombres 
de confianza en el Ministerio: el secretario de Seguridad Eugenio 
Burzaco, el subsecretario de Seguridad Interior Gerardo Milman y el 
subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Federal Darío 
Oroquieta. Además, estuvieron Otero, por la Gendarmería, junto con su 
secretario privado, Ramón Domínguez. Fueron también de la partida el 
entonces jefe de la Policía Federal Néstor Roncaglia, el titular de la 
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Alejandro Itzcovich y el 
entonces responsable de la Prefectura Eduardo Scarzello (cuyo apellido 
está mal escrito en los registros) . El único de los jefes de las 
fuerzas que fue acompañado por un subordinado fue Otero, por lo que se 
presume que Gendarmería tuvo un rol central en el encuentro.  "La 
reunión pudo haberse hecho para discutir qué fuerza tenía las municiones
 para enviar a Bolivia", evaluó una fuente que sigue con atención la 
causa. 
Bullrich ingresó a la Casa Rosada a las 11.39 del 12 de 
noviembre de 2019 y se dirigió a la oficina del jefe de Gabinete, de 
donde salió a las 13.48. Para entonces, ya se sabía que los gendarmes 
viajarían a Bolivia y estaba previsto que el Hércules C130 saliera por 
la tarde desde el aeropuerto de El Palomar. Sin embargo, todo se demoró.
 
En el momento de la reunión en la Casa Rosada, la Gendarmería 
estaba gestionando ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados 
(ANMaC) sacar un "complemento" del armamento que ya había informado que 
iba a llevar a Bolivia el día anterior. El complemento incluía las 
70.000 balas antitumulto 12/70, que terminaron en poder de la Policía y 
de la Fuerza Aérea de Bolivia. 
Exactamente una hora después de que 
Bullrich salió de la Casa Rosada, el jefe del grupo "Alacrán" de la 
Gendarmería Fabián Salas envió un fax al jefe de la Fuerza Aérea 
Argentina para informarle que el vuelo iba a llevar también ese 
complemento y le dijo expresamente que era el material que la fuerza 
solía utilizar "para operaciones  ante alteración al orden público". 
Salas era consciente de que los alacranes --un grupo de élite que suele 
emplear armamento letal-- jamás podría usar esa cantidad de balas de 
goma ni de spray ni de granadas. 
Macri estaba en la Casa Rosada ese 
12 de noviembre de 2019. De hecho, se reunió con el entonces canciller 
Faurie, como ya había anticipado este diario.  Después de esa reunión, 
Faurie le envió una nota --en mano-- a Bullrich y al ministro de Defensa
 Oscar Aguad pidiéndoles que autorizaran una comitiva a Bolivia. Para 
entonces, ya era un hecho que los gendarmes viajarían. Para el ministro 
Soria, es una prueba más que muestra cómo se armó la maniobra para 
desviar las balas hacia Bolivia.
La responsabilidad de Peña
Peña 
fue notificado por Bullrich de la partida de los gendarmes para que 
autorizara el viaje y los viáticos.  La información surge de una 
resolución del 15 de noviembre de 2019 en la que Bullrich autoriza la 
partida del primer contingente de gendarmes. Hacía ya dos días que los 
alacranes estaban en La Paz cuando la entonces ministra estampó su firma
 en el documento. Concretamente la información fue recibida por el 
secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, quien también estuvo 
en la Casa Rosada el 12 de noviembre de 2019. Pompeo es uno de los 
mayores expertos en política internacional del PRO y uno de los 
funcionarios que había seguido de cerca la situación en Bolivia. De 
hecho, en 2019, fue uno de los que recibió al secretario general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro para tratar la 
situación tanto en Venezuela como en Bolivia. Almagro con las denuncias 
de fraude constituyó un factor de desestabilización contra el gobierno 
de Morales. Durante el gobierno de Macri, Pompeo cordinó lo que desde 
Cambiemos presentaron como una "mesa de seguridad", a la que se sentaban
 Bullrich, Aguad, Faurie y el extitular de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas.
Por el momento, ni Peña ni Pompeo
 ni Faurie están imputados en la causa. Faurie fue denunciado por el 
gobierno nacional mientras que a Pompeo lo denunció el excamarista 
Eduardo Freiler. En el expediente están imputados Macri, Bullrich, 
Aguad, Otero y el embajador en Bolivia Normando Álvarez García. El 
fiscal Claudio Navas Rial también imputó a tres gendarmes: el exdirector
 de Logística Rubén Carlos Yavorski, el exdirector de Operaciones Carlos
 Miguel Recalde y el exagregado de la Gendarmería en La Paz Adolfo 
Caliba. Caliba fue señalado por uno de los agregados navales como la 
persona que recibió el cargamento, aunque no se descarta que otro 
uniformado termine imputado por esos mismos hechos.
Por el momento, 
la causa sigue en manos del juez Javier López Biscayart, que ya se 
declaró incompetente para intervenir y la remitió a su colega Alejandro 
Catania, que está de licencia y recién decidirá si la acepta la próxima 
semana.








