Uruguay no pondrá obstáculos para la extradición de Pepín Rodríguez Simón
Se lo comunicó el gobierno de Lacalle Pou al embajador argentino Alberto Iribarne. Uruguay no pondrá obstáculos para la extradición de Pepín Rodríguez Simón Por Irina Hauser. Mientras la jueza uruguaya Adriana Chamsarian, del Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado, ya interviene por el pedido de detención y extradición de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón enviado por el juzgado de María Servini, el gobierno de Uruguay le comunicó al embajador argentino Alberto Iribarne que no demorarán el trámite que se inició tras la presentación de la Cancillería argentina donde se pide la detención y el posterior traslado a Buenos Aires del exasesor judicial de Mauricio Macri.
En las últimas horas el ministro de Educación de Uruguay, Pablo Da
Silveira --que tiene a su cargo Justicia y la Procuración-- fue quien se
comunicó con el embajador argentino allí, Alberto Iribarne, para
decirle que el pedido que había girado la Cancillería ya tenía asignado
un juzgado y que la instrucción política a la Comisión de Refugiados
(CORE) es que evalúe el pedido de protección de "Pepín", donde dice que
es un "perseguido político", lo antes posible. Mientras tanto se aguarda
que una fiscalía tome las primeras decisiones, ya que el sistema es
acusatorio. La jueza Chamsarian tiene en su poder el pedido de Servino
donde advierte a las autoridades el país vecino que "existe urgencia" ya
que el operador judicial de Mauricio Macri "se dio a la fuga del
territorio de territorio de la República Argentina y manifestó su
intención de no someterse a la jurisdicción del país". La magistrada
argentina envió 124 páginas con constancias del expediente donde deja en
claro que está imputado por presuntas amenazas y extorsiones dirigidas a
los dueños del Grupo Indalo, para perjudicarlos económicamente e
incluso quitarles sus empresas si en sus medios la línea editorial no se
alineaba con el macrismo. Ahora los tribunales uruguayos deben designar
un fiscal, que quedará facultado para pedir una suerte de arresto
administrativo y que, en caso de producirse, en principio tendría como
objetivo llevarlo al juzgado para notificarle el trámite judicial.
La
CORE es un organismo que funciona dentro la Cancillería uruguaya y debe
evaluar si hay motivos para conceder el refugio. La jueza Servini
insistió en el escrito que no hay persecución ni delitos políticos en
juego. Ahora que ya interviene la jueza Chamsarian, de acuerdo a la ley
de Derecho al Refugio y a los Refugiados (18076), como ya hay un pedido
de extradición en trámite podría ser ella quien tome la resolución final
sobre el tema. Mientras tanto Servini continúa con la investigación y
citó como testigos a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó para el 10 de
junio y al fiscal Gabriel De Vedia para el 16.
26/05/2021 (5255)
