Unitario, desobediente y sedicioso, denuncian a Larreta por el delito de sedición
Unitario, desobediente y sedicioso, denuncian a Larreta por el delito de sedición. Es por llamar a desobedecer a la Justicia y "alzarse" para impedir la ejecución de las disposiciones del Presidente y resoluciones. Horacio Rodríguez Larreta fue denunciado penalmente por no obedecer un fallo judicial. El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fue denunciado por el delito de “sedición”, por llamar a desobedecer a la justicia y “alzarse” para impedir la ejecución de las disposiciones del presidente Alberto Fernández y resoluciones. También por la posible figura penal de instigación a cometer delitos con prisión de hasta 6 años.
La denuncia fue realizada por el abogado Adrián Albor, Presidente de la
Asociación Civil Grupo de Litigio Estratégico en los tribunales de
Comodoro Py. “El inciso, en su carácter de jefe de gobierno de la ciudad
de Buenos Aires, se ha alzado públicamente para impedir la ejecución de
las resoluciones del Presidente de la Nación Argentina, conforme lo
prevé el art. 230 inciso 2do del Código Penal Argentino, que tipifica el
delito de Sedición”. Según la denuncia, Rodríguez Larreta “ha
incumplido y llamado a incumplir algunas de las reglas sanitarias
consagradas por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro 241/2021, que
-entre otras medidas- prevé la realización de clases no presenciales
entre el 19 y el 30 de abril inclusive, en las instituciones escolares
de todos los niveles educativos del AMBA”. “Resulta escandaloso el
tratamiento de las acciones iniciadas en el fuero de la ciudad. Pese a
la publicidad que tuvo la demanda originaria ante la CSJN, una entidad
colectiva, por un lado, y varias decenas de otros actores particulares,
por el otro, iniciaron acciones para que no se aplique el DNU 241/2021
en la ciudad, particularmente en cuanto a las clases no presenciales”,
recordó el letrado sobre la judicialización del decreto presidencial
sobre una política de salud pública.
“Por primera vez en la historia,
y pese a no darse las condiciones sanitarias necesarias para hacerlo,
inició las clases a mediados del mes de febrero de este año. Omitió el
control del aforo en comercios y lugares de esparcimiento. Eliminó la
medida de libre tránsito y estacionamiento para forzar la utilización
del transporte público, y el aglomeramiento de pasajeros en subtes y
colectivos”, dice uno de los párrafos de la denuncia. “Se trata de una
posición general de la alianza política integrada por el Pro y la UCR,
que gira en política bajo el nombre de “juntos por el cambio”, que ya
fuera expuesta por el ex presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri:
“Que se mueran los que se tengan que morir”.
Finalmente, Albor
remarcó que pese a la claridad de la decisión del juez Contencioso
Administrativo Federal Esteban Furnari, que dejó sin efecto el fallo de
un tribunal porteño, “el alcalde porteño emitió un comunicado el 20 de
abril por la noche, indicando que no acataría la decisión de la
justicia, obligando a los vecinos de la ciudad autónoma a incumplir las
medidas sanitarias ordenadas por el Gobierno Nacional”. La conducta de
Larreta “cae sin hesitación en la figura de la SEDICIÓN prevista en el
inciso 2do del art. 230 CP, que prevé penas de hasta cuatro años de
prisión para quienes “se alzaren públicamente para impedir la ejecución
de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los
funcionarios públicos nacionales o provinciales”.
No descartó la
posible comisión de otras figuras, como la instigación a cometer delitos
del art. 209 CP, que reprime con penas de hasta 6 años de encierro a
quienes instigaren a cometer un delito determinado contra una persona o
institución. Al convocar a violar la ley (claro llamamiento a la
población a violentar lo normado en el art. 205 del catálogo represivo),
el alcalde porteño podría verse incurso en la regla de marras. Tampoco
se descarta la desobediencia del art. 239 CP ni el incumplimiento de los
deberes de funcionario público, del art. 248 CP. La denuncia recayó en
el juzgado a cargo de la jueza María Servini.
21/04/2021 (5183)
