La defensa de Amado Boudou apeló el fin de su prisión domiciliaria
La defensa de Amado Boudou apeló el fin de su prisión domiciliaria
Alejandro Rúa y Graciana Peñafort presentaron un recurso ante el juez Daniel Obligado, presidente del TOF 4, para que habilite la intervención de la Cámara Federal de Casación en las condiciones en las que el ex vicepresidente debe cumplir condena. La defensa de Amado Boudou apeló la decisión con la que el Tribunal Oral Federal Número 4 le puso fin al beneficio de prisión domiciliaria del que gozaba desde abril del año pasado en el marco del cumplimiento de una condena por la causa Ciccone.
La defensa de Amado Boudou apeló la decisión con la que el Tribunal Oral
Federal Número 4 le puso fin al beneficio de prisión domiciliaria del
que gozaba desde abril del año pasado en el marco del cumplimiento de
una condena por la causa Ciccone. Imagen: Télam
La defensa del ex
vicepresidente Amado Boudou apeló este lunes la decisión con la que el
Tribunal Oral Federal Número 4 de Capital Federal le puso fin al
beneficio de prisión domiciliaria del que gozaba desde abril del año
pasado en el marco del cumplimiento de una condena a 5 años y 10 meses
de encierro en la causa Ciccone. Los abogados Alejandro Rúa y Graciana
Peñafort, representantes de la defensa de Boudou, presentaron un recurso
para que el juez Daniel Obligado, presidente del TOF 4, para que
habilite la intervención de la Cámara Federal de Casación para que
defina las condiciones en las que el ex vicepresidente debe cumplir
condena, informaron fuentes judiciales a la agencia Telam.
El
recurso, que Obligado debe analizar si concede o no, tiene "efecto
suspensivo", es decir, que lo resuelto por Obligado no se aplique hasta
que quede firme, y busca que Boudou continúe cumpliendo condena en su
domicilio, una casona en Avellaneda, bajo supervisión electrónica.
Obligado,
juez a cargo de la ejecución de la condena que Boudou recibió en el
marco de la causa Ciccone, había revocado el 31 de diciembre pasado la
prisión domiciliaria con la que el ex vicepresidente había sido
beneficiado en abril de 2020. A principios de ese mes, la Corte Suprema
dejó firme la condena a 5 años y 10 meses que el ex titular de la Anses
había recibido por cohecho y negociaciones incompatibles con la función
pública. Los supremos ni se gastaron en analizar los hechos.
En el
documento de apelación, les defensores del ex funcionario calificaron la
decisión de Obligado como "errada" y "arbitraria". Consideraron que el
magistrado emitió un fallo que no fue "correctamente fundado".