Derecho a la comunicación para todos-Por el Dr Rodríguez Villafañe
Derecho a la comunicación para todosTambién, el derecho a la libertad de expresión igualitaria debe
garantizarse territorialmente, para que cada persona o pueblo en su
ubicación espacial tenga la posibilidad de hacer conocer lo que piensa o
hace, en el derecho a desarrollar su presencia, de lo contrario, se
afecta gravemente la autoestima comunicacional. Esto último, ya que las
personas y los pueblos se pueden realizar, integralmente, cuando pueden
saber lo que otros piensan y a su vez, cuando logran hacer cono-cer a
los otros lo que sienten y piensan ellos, con claridad, desde el espacio
y tiempo en el que existen. Todo esto hace a verdadero Federalismo.
Lo antes referido lo garantizan, en gran medida, los medios sin fines
de lucro, cooperativos, mutuales, comunitarios, alternativos, pymes,
populares, universitarios, gremiales y de los pueblos originarios.
También otros medios comerciales que no pertenecen a los grupos
hegemónicos de comunicación de nuestro país, particularmente
concentrados en Buenos Aires.
Esta problemática fue central en la
lucha que se llevó a cabo por una nueva ley de comunicación para la
democracia. Una norma que trató también de evitar que los medios de
comunicación no sean controlados por un reducido número de personas que
directa o indirectamente, tengan el control sobre la información y den
sentido a la realidad. La pluralidad de voces es esencial para el
funcionamiento de la Democracia.
En la lucha por la norma que
reflejó los principios antes desarrollados, fue fundamental el papel que
cumplió la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella impulsó
la ley y puso en juego su gobierno, su persona y su familia y aún hoy
sigue sufriendo de la persecución de los medios hegemónicos y su
imposición de un discurso único en contra de ella.
Llama la
atención entonces, que el precandidato presidencial Alberto Fernández,
compañero de fórmula de Cristina, el domingo 26 de mayo, en una
entrevista que le hiciera el periodista Martín Piqué, para el diario
“Tiempo Argentino” haya sostenido, que “en la sociedad moderna los
medios son negocios. Ese fue uno de los errores de la Ley de Medios. No
podes dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto
comercial… la realidad es que esa ONG, o esa universidad, no tiene
capacidad de competir con una sociedad anónima que pone una torta de
dinero para traccionar personas y audiencias”.
Lo afirmado por
Alberto Fernández responde a un pensamiento que subordina la
comunicación a una cuestión de mercado y niega la presencia de otras
voces, que no sean la de los grandes capitales mediáticos.
Aún
más, resultan erróneas las expresiones referidas, en un contexto en el
que, el gobierno de Mauricio Macri mutiló ilegalmente mucho de la
esencia de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual; ha
privilegiado la concentración de medios y distribuye la pauta
publicitaria entre los grandes medios.
Por su parte, la jueza
Rita María Ailan, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal
N°6, con fecha del 23 de mayo último dispuso, como "medida cautelar
interina, la suspensión de los efectos de las Resoluciones de la AFIP"
por grandes deudas. La medida había sido solicitada por las empresas
dueñas de los diarios Clarín y La Nación. De acuerdo a la resolución
judicial, ambas firmas sostuvieron, que "la ejecución forzosa de la
deuda las colocaría en una situación de iliquidez que podría impedir la
edición y distribución de sus productos periodísticos, afectándose así
la actividad periodística".
Mientras tanto, a las radios sin
fines de lucro, no obstante es obligación legal, no se les pagan los
dineros adeudados del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación
Audiovisual (FOMECA) incluso, para proyectos aprobados del año 2015.
Dineros estos provenientes de los gravámenes y multas por incumplimiento
de la ley, que no salen del presupuesto nacional y que para obtenerlos
hay que presentar proyectos que se evalúan y deben ser aprobados, los
que han quedado sin los aportes que les corresponde. Además, no se les
da publicidad oficial.
A su vez, el gobierno le ha garantizado al
Grupo Clarín no solo el privilegio de tener la palabra única en la
información, sino también el manejo de la conectividad, al permitir la
fusión con la empresa telefónica Telecom. Hay que aclarar que la
conectividad o sea la posibilidad de contar con servicios de ancho de
banda y otros propios de la comunicación actual, son fundamentales para
las radios y TV, como el papel para los medios gráficos.
Por su
parte, la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº 12 de la Ciudad
de Buenos Aires abrió una causa judicial contra los comunicadores
po-pulares y dirigentes sociales y políticos que participaron
pacíficamente el pasado 17 de diciembre, de una manifestación ante el
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y luego, en Canal 13, para que
se incluya a las televisoras comunita-rias en la grilla de cable como
corresponde. La protesta legítima de los medios no comerciales se la
sanciona.
Los grupos hegemónicos, en definitiva, no cumplen las
leyes, se ponen de víctimas, despiden periodistas y empleados, pero
logran más poder monopólico y hacen que el estado los subsidie y en
definitiva, que todos paguemos sus malos negocios, pero cuando se pide
que se potencien los medios públicos y garanticen la democratización de
la palabra en medios sin fines de lucro, se lo plantea como deficitario,
contrario a la responsabilidad estatal. Inaceptable.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista
y periodista de opinión.
31/05/2019 (3884)
