Las leyes que quiere sacar Macri antes de paralizar el Congreso
Las leyes que quiere sacar Macri antes de paralizar el Congreso
En la agenda prevalecen los temas de telecomunicaciones. El PJ presiona por su "agenda de transparencia" Por Mauricio Cantando - LPO
Por nota, Marcos Peña pidió a la Cámara de Diputados fijar fecha para su último informe de gestión, pero aún no tuvo respuesta. Desconcertó a Emilio Monzó, que el 21 de noviembre quiere abrir el recinto por última vez en el año con un temario acotado para evitar nuevas escenas de tensión, como las que animaron la última sesión.
El pedido del jefe de Gabinete fue inoportuno como lo fue para Federico Pinedo coordinar el foro de parlamentarios del G20 e interrumpir la negociación por el presupuesto 2019, que busca sancionar como sea el 14 de noviembre porque a los pocos días la ciudad empezará a blindarse para la cumbre mundial de presidentes.
Prueba de su urgencia fue que el miércoles abandonó por un rato a más
200 líderes parlamentarios de todas las latitudes para reunirse con la
senadora aliada Miriam Boyadjian, de Tierra del Fuego, y anticiparle el
decreto que sostendrá beneficios a la isla en la importación de
componentes electrónicos. Fue el primer gesto de Rogelio Frigerio para
revertir la inesperada rebelión de un grupo de gobernadores y no sería
el último.
En el Gobierno no esperan más que una sesión por Cámara
antes de fin de mes y recintos cerrados en diciembre, enero y tal vez
febrero, período en el que sólo pueden debatirse leyes pedidas por
Mauricio Macri. Su interés, por ahora, es sacar al parlamento de los
noticieros.
La ley de alquileres y la que grava con impuestos a los
jueces fueron avaladas por Cambiemos, pero no hay consenso para
tratarlas. La pelea de verdes y celestes complica la de Educación Sexual
Integral y la elección del defensor del niño.
Y antes de recibir a
sus colegas el presidente se conforma con tres leyes que están en
Diputados, dos en la comisión de Comunicaciones e Informática que
preside el cordobés Juan Brügge, de la democracia cristiana y aliado del
gobernador peronista Juan Schiaretti.
Se trata de la ley corta de
telecomunicaciones y la que protege a "intermediarios" de internet como
Google y Facebook, ambas debatidas en audiencias con pocos legisladores y
muchos lobbystas de las empresas más poderosas del país.
La ley
corta consistía en su origen en habilitar a Claro y Telefónica a brindar
televisión satelital y utilizar infraestructura pasiva de empresas de
servicios públicos para desplegar cableado. De esta manera, desde el 1
de enero quedarían en condiciones de competir de igual a igual contra
las ofertas de cuádruple play que ya prepara la flamante fusión de
Telecom-Cablevisión.
Pero el Senado la corrigió y recién podrán
iluminar con satélites el país en julio de 2020 y hasta en 2022 en
ciudades chicas. Para la empresa del Grupo Clarín no fue un éxito
completo, porque la CNDC no le permite vender empaquetados hasta que la
ley corta sea sancionada.
Entonces nadie quedó conforme: Telefónica y
Claro amenazaron con retirar inversiones y Telecom pidió autorización
para comercializar sus paquetes, mientras sus rivales no inviertan en
fibra óptica. Macri recibió a sus ejecutivos para acercar posiciones,
exige sancionar la ley corta cuanto antes y después negociar una
regulación integral de las telecomunicaciones, un sector que prometió
inversiones millonarias, sólo comparables con las energéticas, pero
sigue sin un marco jurídico sólido.
En Diputados no está claro si el
peronismo federal aporta los votos para esta norma, como hizo en el
Senado, y sólo así puede sancionarse porque el kirchnerismo y el
massismo están en contra.
Tampoco está a la vista el consenso para
sancionar la ley que elimina responsabilidad a los "intermediarios de
internet", como Google y Facebook, por los contenidos que distribuyen a
sus usuarios.
Fue aprobada a las apuradas y a libro cerrado en el
Senado, el 2 de noviembre de 2016, y la diputada radical Karina Banfi
quiere tratarla rápido porque en diciembre caduca el expediente y muchos
senadores justicialistas dicen que no volverán a levantar la mano sin
saber que están votando.
Macri espera además que el diputado radical
Atilio Benedetti redacte la última versión de la ley de semillas,
dictamine y la apruebe. También necesita convencer a los peronistas
conducidos por Pablo Kosiner, porque kirchneristas y progresistas
respaldan la resistencia de la federación agraria.
La ley permite a
las empresas obtener la propiedad intelectual de las semillas y delega
en el Instituto Nacional de Semillas (Inase) el poder de policía. Para
la entidad agraria más combativa es una concesión a Monsanto en un viejo
litigio con el país por la propiedad de la soja transgénica.
Monzó
pretende sesionar el 21, con estos proyectos y otros acordados de menor
relevancia que siempre aparecen en los cierres de año legislativo,
porque para esa fecha el Senado ya habrá devuelto la ley de bienes
personales con la excepción en los aumentos de las viviendas únicas
familiares, una gestión del senador justicialista Miguel Pichetto.
Y
si le dieron los tiempos, la Cámara vecina habrá enviado la reducción
al impuesto al patrimonio de las cooperativas y mutuales, creado en el
presupuesto por presión de Nicolás Dujovne y cuestionado por todas las
fuerzas del Senado.
Hay dos leyes populares que Cambiemos empujó y no
se anima a tratar: la de alquileres y la que grava a los jueces con
Ganancias. Las inmobiliarias trabaron la primera y de mínima lograron el
compromiso de no ponerle límites a las comisiones.
Tampoco hay
consenso para tratar la ley de extinción de dominio porque Elisa Carrió y
el massismo insisten con su proyecto original que permite expropiar
bienes adquiridos con fondos provenientes de la corrupción mediante una
acción civil y en el Senado la rechazan los peronistas con el acuerdo
tácito de los radicales.
La justicia sigue haciendo sentir su lobby
entre algunos diputados oficialistas que frenaron con susurros la ley
para cobrarles impuestos, cuando el jefe PRO Nicolás Massot estaba
dispuesto a aprobarla en el amanecer de la última sesión.
Tampoco hay
consenso para la ley de extinción de dominio, porque Elisa Carrió y el
massismo insisten con su proyecto original, que permite expropiar
propiedades adquiridas con fondos provenientes de la corrupción mediante
una acción civil; y algunos peronistas federales defienden la versión
del Senado y lograron respaldo tácito de radicales.
Tanto fue así que
el jefe de Cambiemos Mario Negri repasó el historial de sesiones para
evaluar si es posible sancionar una tercera versión, una polémica
discusión reglamentaria que quedará para 2019.
Ese año Monzó
planteará a puertas cerradas un debate con los jefes de bloque para
cambiar el reglamento de la Cámara y organizar las sesiones de otra
manera: sancionar primero las leyes y luego brindar un tiempo para
"expresiones políticas", que incluyan cuestiones de privilegio y
discursos generales. Ya tuvo su primera reunión con las ONGs que hace
años proponen agilizar el debate legislativo.
El año se pasó sin
tratarse el pedido de desafuero y detención a Cristina Kirchner
solicitado por Claudio Bonadío el 7 de diciembre, por la firma del
memorándum por Irán.
Los plazos se vencen a fin de mes y si bien está
en carpeta una sesión para cumplir, nadie quiere dar el primer paso y
tienen sus razones: Pichetto siempre dijo que su bloque sólo trataría un
desafuero si tiene sentencia definitiva y Pinedo lo restringió a un
fallo de Cámara adverso.
Y en este caso no hubo sentencia de segunda
instancia porque Cristina no apeló, pese a que otros condenados por la
misma causa fueron liberados. Un nuevo desafío a sus colegas, de esos
que tanto le gustan.
Además, Pinedo y el radical Luis Naidenoff
ignoran propuestas de sesiones antes de tener el presupuesto aprobado,
pero saben que habrá una más porque Pichetto está obsesionado por
debatir su tan mentada "agenda de transparencia".
Consiste en un
paquete de leyes institucionales, muchas enviadas por Macri a Diputados
pero nunca aprobadas como la de financiamiento de la política, necesaria
para que en 2020 ningún candidato deba explicar en Tribunales cómo
costeó su campaña.
Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e
Institucionales, no logró que Diputados trate su proyecto porque Carrió y
algunos radicales se resisten a habilitar a empresas a financiar
campañas y, vaya curiosidad, se encuentran en esa batalla asociados a
Máximo Kirchner, que presentó un proyecto de ley donde sostiene esa
restricción y solicita sortear publicidad gratis en internet.
La
versión de Pichetto y Dalmacio Mera, que empezó a debatirse el
miércoles, sí permite aportes privados y en la Casa Rosada comenzaron a
aceptar que será aprobada antes que su proyecto y tal vez sea la única
opción de llegar a 2019 con una regulación que les conviene a todos.
Especulan con sancionarla en febrero o marzo.
Empachados de
republicanismo, los justicialistas no se conforman y piden tratar el 21
la ley para regular la gestión de intereses, o de "lobbys", como se
conoce, otra réplica de un proyecto del Gobierno cajoneado en Diputados.
En Cambiemos no convence el texto porque consideran muy general la
lista de "gestores" que propone y podrían pisarlo hasta 2019 para
corregirlo bien.
Otra cuenta pendiente es la designación del defensor
del Niño, La bicameral realizó los exámenes pero no termina de elegirlo
porque, otra vez, se abrió una pelea entre verdes y celestes, colores
representativos de quienes apoyaron y rechazaron la ley del aborto en la
primera mitad del año.
No es el primer tema en el que vuelven a
flamear sus banderas: ocurrió durante el debate por la ley de educación
sexual integral, con dictamen en Diputados pero sin certezas de
tratamiento.
Un grupo de diputados verdes negociaron esta semana en
la Casa Rosada incluirla en la sesión del 21, pero no hay ánimos
oficiales de abrir otra pelea de final abierto. Fueron demasiadas este
año.