"No aceptar monopolios u oligopolios mediáticos" Por el Dr. M. J. Rodríguez Villafañe
El Estado tiene el deber, insoslayable, de desarrollar una actitud proactiva y vigilante, controlando que se cumpla, concretamente, la garantía de pluralidad de la palabra y que se respete la competencia leal entre medios.
Resulta imperioso combatir cualquier tipo de monopolio u oligopolio
informativo o de concentración de propiedad de medios. La sociedad
necesita que existan diversas empresas que aseguren la presencia plural
de ideas y pensa-mientos. El derecho a tener una pluralidad informativa,
conjuntamente al derecho a disentir, hacen a la esencia del sistema
democrático.
Asimismo, lo dicho toma particular importancia ahora ya
que hay que tener presente que en el mundo actual, en gran medida lo que
piensan, saben y sienten los hombres y mujeres está condicionado por
los medios de difusión. La propia experiencia humana ha pasado a ser, de
alguna manera, una vivencia desde lo mediático.
En los “Antecedentes
e Interpretación” de la “Declaración de Principios so-bre Libertad de
Expresión” del año 2000, realizada por la Relatoría para la Libertad de
Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dice en
el tema, que “Cuando las fuentes de información están seriamente
reducidas en su cantidad, como es el caso de los oligopolios, o bien
existe una única fuente, como los monopolios, se facilita la posibilidad
de que la información que se difunda no cuente con los beneficios de
ser confrontada con información procedente de otros sectores, limitan-do
de hecho, el derecho a la información de toda la sociedad... Si estos
medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por
sólo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido
número de personas, ejercen el control sobre la información, y directa o
indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas... La
democracia necesita del enfrentamiento de ideas, del debate, de la
discusión. Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que
las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar
principal del funcionamiento democrático”.
Al respecto, el Papa
Francisco, el martes 19 de junio de este año, en la misa matutina
celebrada en la Capilla de la Casa Santa Marta, en el Vaticano, en un
mensaje que le cabe al caso argentino sostuvo, que “Las dictaduras
adulteran las comunicaciones. También hoy, en muchos países, se usa este
método: destruir la libre comunicación. Por ejemplo pensemos: existe
una ley de los medios, de co-municación, se cancela esa ley; se entrega
todo el aparato comunicativo a una empresa, a una sociedad que calumnia,
que dice falsedades, debilita la vida de-mocrática”.
En su momento, a
través de la ley 26.522/09 de servicios de comunicación audiovisual, se
pretendió poner un tope a la sobre presencia de determinados medios, en
particular al llamado grupo Clarín, entre otros. Se buscaba
desinversiones que permitieran una competencia real de todos y que en
ello se garantizara la democratización de la palabra.
Al llegar al
gobierno Mauricio Macri, por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15
prácticamente se sacaron los topes importantes a la tenencia de medios y
en materia de cables no se puso límite a la cantidad de propiedad de
los mismos.
En ese proceso de entrega a grupos concentrados de la
comunicación, co-mo las situaciones denunciadas por el Papa Francisco,
el gobierno termina de permitir la conformación de una mega empresa de
medios, autorizando la fusión y operación de la empresa telefónica
Telecom asociada a Cablevisión Holding S.A. Este último grupo
empresarial, es una desmembración del grupo Clarín, que a estos fines se
dividió en dos. Empresas ellas que, también poseen una concentración de
medios de difusión de diversos tipos y de sus insumos básicos como el
papel para la prensa, la publicidad y otros, y a las que se le suma
ahora el manejo de la telefonía, Internet y de los mensajes de texto,
whatsapp o twitter. Todo ello, en manos de un solo grupo empresario que,
como tal, no sería autorizado en países como México, Brasil, Francia,
Alemania o Estados Unidos.
Conforme a la fusión autorizada la nueva
empresa podrá ofrecer lo que se conoce como “cuádruple play” (4G), que
es una combinación de telecomunicacio-nes fijas y móviles, distribución
de video e internet. Dicho grupo empresario, prácticamente, pasará a
tener el control de las industrias del entretenimiento, el manejo
central de las comunicaciones telefónicas y en definitiva, de la
construc-ción de la opinión pública, siendo voceros centrales del
discurso hegemónico del gobierno. A su vez, la fusión autorizada
consolida una lógica unitaria en materia de información como nunca había
sucedido en el país. El periodismo pensante del interior del país no
tiene espacio.
18/07/2018 (3238)
