Accionar ante el delito por el Dr. Rodríguez Villafañe
En este momento, la sociedad siente una profunda y desagradable sensación de desamparo, impotencia y miedo.
Desamparo, porque se quiere un Estado eficaz, respetuoso de las leyes al servicio de todos, sin discriminaciones, pero se lo percibe como retraído, ausente e insensible ante los requerimientos esenciales de su pueblo.
Impotencia, porque la comunidad se siente desbordada ante los problemas del desempleo, pobreza, recesión, desatención de ancianidad y niñez, impericia y corrupción en el Estado, inseguridad pública, inflación y tantos otros.
Miedo, fundamentalmente, ante un futuro que cuesta vislumbrar de manera positiva, porque el propio presente se hace difícil de entender.
Por si fuera poco, en medio de la vivencias referidas, opera casi de
manera instintiva una actitud de “sálvese quien pueda”, que agudiza el
cuadro de situación y tiende a generar salidas individuales, por sobre
la búsqueda de soluciones integrales, justas y solidarias.
No es
el caso de este artículo profundizar todas las sensaciones antes
desarrolladas, pero sí detenernos en uno de los aspectos señalados como
disparadores de vivencias negativas, cual es la inseguridad pública que
se genera por la violencia delictiva y que, de manera especial, en los
últimos tiempos, hiere y preocupa a la comunidad.
El delito
cotidiano produce en la población una primera reacción defensiva, por la
que se tiende a proponer acciones inmediatas de naturaleza
particularmente represivas y punitivas, pero solo a partir de la óptica
de las consecuencias, sin reparar demasiado en las causas que
estructuralmente llevan, en muchos casos, a actitudes delictivas.
Resulta impensable imaginarse una disminución significativa de los
asaltos de todo tipo, de la rapiña callejera, de los robos
domiciliarios, etcétera, si no se trata de encarar soluciones
superadoras al contexto de escasa oferta de trabajo y el desempleo en
general, de las malas remuneraciones, de la extrema pobreza, de una
inadecuada educación en contra de la violencia, de una falta de
convicción y eficiencia en la lucha contra el alcoholismo y la
drogadicción, entre otras razones.
Asimismo, la posibilidad de ser
víctima de delitos divide a la sociedad, porque dada la problemática,
hay sectores que pueden defenderse con mayor eficacia que otros. Resulta
evidente que aquellos que poseen más posibilidades económicas pueden
arbitrar mejores soluciones para custodiar su patrimonio y su integridad
física, que aquellos que tienen menos y que también son víctimas de los
mismos delitos. Todo lo cual, de por sí, aumenta las desigualdades
existentes en materia de seguridad.
Además, el tener que activar
alarmas de todo tipo, cámaras de vigilancia, servicios de custodias y
otras medidas de seguridad, constituyen una nueva carga fiscal extra al
vecino, por un servicio que el Estado debe cubrir en forma debida,
porque el costo de la seguridad que se tiene que garantizar
adecuadamente, está incluido en los impuestos que se pagan.
Protección, no venganza
Por su parte, en el desconcierto que trae el miedo y la inseguridad,
es difícil que se distingan acciones racionales de protección ante un
peligro, con reacciones irracionales de venganza. Muchas veces, en la
psicosis colectiva que se apodera de la ciudadanía ante los problemas
del delito, se confunde, con facilidad, la legítima defensa -aceptada y
justificada legal y moralmente-, con el ejercicio de la fuerza represiva
con violencia irracional e ilegal, en la búsqueda indebida de una
justicia por mano propia. Cabe recordar, por ejemplo, el lamentable
hecho que sucedió, en la ciudad de Córdoba, en el año 2015, cuando
algunos vecinos del barrio Quebrada de las Rosas lincharon a quién
intentó robar un celular a un menor. El ladrón de 23 años,
lamentablemente murió, después de estar en coma por dos semanas, con
motivo de la golpiza que recibió. De ninguna manera, el robo de un
celular justifica la muerte.
También es inaceptable que se
piense en políticas de gatillo fácil, en escuadrones de la muerte, en
brigadas de moralidad o en justicieros. Solo la persecución del delito,
ejercida desde la ley, llevada adelante por personas que estén
autorizadas y preparadas para ello, de la mano de los Fiscales y los
Jueces, es el signo de civilización que nos permite diferenciarnos de la
barbarie.
A su vez, no está en discusión que hay que proteger a
los policías que nos defienden y ellos merecen todo nuestro afecto y
respecto por lo que hacen al servicio de la sociedad. Pero de lo que se
trata es que dichos policías actúen con profesionalidad y en el marco de
la ley. En esto cabe recordar el reciente caso del policía Luis
Chocobar, que dio muerte a un ladrón en la CABA, luego que el
delincuente no significaba un peligro objetivo, ya que estaba caído
herido y sin arma de fuego. Ante este suceso el presidente Mauricio
Macri salió a respaldar el accionar del uniformado y públicamente
manifestó que no estaba de acuerdo con lo que resolvieron los jueces
actuantes. Al respecto, la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y
Correccional, confirmó el procesamiento del policía y le imputó exceso
en el cumplimiento del deber. No es bueno que, desde el máximo cargo de
la Nación pueda enviarse mensajes erróneos en materia del accionar
policial debido.
Falta mucho todavía por hacer, pero con una
policía profesional, equipada y prestigiada -en la calidad de sus
hombres y mujeres, con reconocimiento social y económico por su tarea- y
fiscales y jueces eficaces y expeditivos desde la ley, permitirán
pensar en ir superando la inseguridad y temor que genera el delito.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista
Periodista columnista de opinión
28/06/2018 (3209)
