GOBIERNO, LEYES Y TRAMPAS Por el Dr. Rodriguez Villafañe
La ley hace tiempo que esta relativizada en nuestro país. Siempre había y hay la posibilidad de decir “hecha la ley, hecha la trampa”, para eludir su cumplimiento. De alguna manera nuestra sociedad se acostumbró a vivir situaciones semilegales y, en esa cultura negativa ante el derecho, fue aceptando que las normas se acatan, pero no siempre se cumplen. De alguna ma-nera así lo había enseñado la tradición hispánica colonial.
Asimismo, esa costumbre ha tenido su lado más oscuro, especialmente, cuando el Estado es el que más utiliza esa modalidad de actuación, sin límites, transformándose en un “Estado Tramposo”. Lo que desnaturaliza la esencia del Estado de Derecho, ya que esto último presupone que se pueda prever el accionar jurídico del Estado, que siempre debe ser constitucional y legal.
Aún más, la situación actual demuestra con crudeza, esa modalidad
patológica del funcionamiento institucional. Hasta se puede decir que se
ha avanzado tanto en la conducta anómala del Estado que éste, a la ley
no sólo le encuentra la trampa sino que también a la trampa la termina
justificando e incluso, convalidado por ley o por decretos de necesidad y
urgencia.
Lo referido produce entonces una ruptura grave.
Gobernantes que juran defender derechos de su pueblo que luego,
impúdica-mente, no los respetan y cuando les molesta la ley que los
consagran adoptan medidas que los relativizan o anulan. Así, por
ejemplo, el Estado por ley se declara en emergencia y no cumple con lo
que ha comprometido cumplir. Mientras tanto el gobierno presiona a la
comunidad con costos de los servicios excesivos, con impuestos (muchos
de ellos confiscatorios) y otras cargas, como si la sociedad no viviera
también en emergencia por el desempleo, bajos salarios y jubilacio-nes,
inflación, recesión y altos índices de pobreza.
El Estado en esta
situación jurídica enfermiza llega a desconocer derechos básicos de la
sociedad y los pretende justificar en razones inaceptables, arbitrarias y
contradictorias. Por un lado, el actual gobierno nacional sostuvo que
no se podía discutir las cifras exorbitantes ilegales, injustas y
usura-rias que se pagaron a los llamados “Fondos Buitres”, abonando
incluso deudas que no correspondían abonar. Además, a representantes de
dichos fondos se los hizo funcionarios claves en las tomas de decisiones
económicas del país. Pero el mismo gobierno sostuvo que había que bajar
las jubilaciones cambiando la fórmula de actualización de la Ley de
Movilidad Jubilatoria, porque se tenía que achicar el gasto público. O
sea, para los “buitres” cabía pagar reclamos ilegítimos, pero para
nuestros jubilados, se los culpabiliza del gasto que significan las
jubilaciones que les corresponde y se les violó los legítimos derechos
que tienen adquiridos. Aún más, ahora por exigencia del FMI, hablan de
reducir más los beneficios jubilatorios.
El latrocinio del pago a los
fondos buitres se presentó como algo fundamental y el Presidente
Mauricio Macri decía que, de esa manera, el país ingresara al mundo, sin
embargo ello ha servido sólo para endeudarnos por enormes montos, con
intereses usurarios, cuyos vencimientos son una carga enorme, pero ello
no se presenta como afectando el gasto público. Baste pen-sar que se nos
endeudó por 100 años en un préstamo de u$s 2.750 millones de dólares y
desde el 5 de marzo al 25 de abril de este año, en menos de dos meses,
el Banco Central (BCRA) se desprendió de u$s 4.100 millones de dólares
buscando sostener al dólar, para garantizar la “bicicleta financiera”.
En dos meses el gobierno nos desapoderó de casi el doble de lo que
debemos pagar por cien años, con un interés de 7,9 %.
Mientras tanto,
los medios hegemónicos desarrollan una campaña gubernamental en la que
sostiene que los derechos laborales son los que impiden el crecimiento
de Argentina y que la solución para avanzar, pasa por la
“flexibilización laboral” eliminando derechos laborales, en un grave
retroceso en dignidad.
Por su parte, el Congreso con su ley de
blanqueo de capitales dio inmunidad a los ricos que sacaron los dólares
del país y evadieron impuestos y con ello estos sectores se ahorraron
una significativa cantidad de dinero que era del fisco. Pero el Gobierno
nacional todos los días pone en situación de quiebra o cierre a gran
cantidad de pequeñas y medianas empresas (Pymes) por impuestos impagos
y/o sanciones que les ha puesto la AFIP a dichas empresas, sin darles
salidas financieras que posibiliten la continuidad de la actividad.
Para
unos se justifica todo, hasta el delito y para otros nada, ni el
derecho. Opera entonces la fuerza de la realidad, que tantas veces nos
chocó en la frente con la evidencia que los más fuertes ganan, con
derecho o sin derecho. Manda la realidad en la que una pequeña minoría
acumula para sí el fruto del esfuerzo y la riqueza de los argentinos, de
espalda a una sociedad empobrecida, a la que, cada día más, se la priva
de la posibilidad de dignificarse desde el trabajo y la producción.
Viene
pues el pánico. Nos aplasta la evidencia que lo que teníamos en
derechos no los tenemos, lo que dicen que tenemos no lo disponemos y lo
que disponemos no nos sirve para garantizar lo que necesitamos. Nos
percibimos acorralados y rehenes de situaciones que nos desbordan como
pueblo.
Aparece entonces la mirada en los jueces que queremos
independientes y respetuosos de la ley, pero a veces el pueblo detecta
un Poder Judicial como un tablero de ajedrez en el que, como peones los
fiscales y los jueces responden a la estrategia de los políticos de
turno que manejan las piezas, más allá del derecho que corresponde hacer
respetar.
Tendremos que prestigiar y hacer respetar la ley a todos,
como el elemento de concertación social y civilización en Democracia,
que debe regular la convivencia, al servicio del bien común, en
justicia, igualdad y equidad. Sólo así habremos restablecido la
seguridad jurídica porque habrá leyes y no trampas.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista
Periodista columnista de opinión
31/05/2018 (3145)
