Las Fuerzas Armadas a la calle
El Gobierno promulgará un decreto que asigna nuevos roles a las Fuerzas ArmadasLa norma reemplazará el decreto 727/06, mediante el cual Néstor Kirchner reglamentó la ley de defensa nacional, restringiendo al máximo la eventual participación de los militares en cuestiones de seguridad interior-Por Fernando Morales-Infobae
Aunque parezca extraño, a 35 años del restablecimiento de la democracia, el país no ha llegado a resolver adecuadamente de qué forma y con qué alcances se debería utilizar el instrumento militar de la nación en tiempos de paz. En 1991 se sancionó la ley 24059, llamada de seguridad interior, que constituyó el primer intento de establecer diferencias entre esta materia y la defensa nacional. Allí se señalaron claramente los casos excepcionales en los que las Fuerzas Armadas podrían intervenir para conjurar una crisis de seguridad. Durante 1988 se había procedido a dictar la ley de defensa nacional (23554). Unos años antes, Raúl Alfonsín había quitado del ámbito de control de las Fuerzas Armadas a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval, lo que dejaba en claro su intención de separar las aguas. Bastante tiempo después, en febrero de 2005, pasaría lo mismo con la ex Policía Aeronáutica Nacional, la que al mismo tiempo en que dejó de depender de la Fuerza Aérea pasó a denominarse Policía Aeroportuaria.
No obstante la puesta en vigencia de ambas leyes, y tal como se dijera,
se procuró dejar un resquicio para una eventual participación militar en
algunas situaciones extremas o particulares, fundamentalmente bajo el
concepto de apoyo logístico. Ello implicaba la eventual cooperación que
las Fuerzas Armadas pudieran hacen en cuanto a medios (transporte,
radares, sistemas de comunicación, etcétera) durante una determinada
operación policial de envergadura. Fue bajo este criterio que se
implementaron proyectos tales como el "Escudo Norte" o el "Fortín",
destinados a la prevención del narcotráfico, en los cuales la Fuerza
Aérea y el Ejército tuvieron un rol logístico de suma importancia,
aunque tenían estrictamente vedada cualquier acción directa para
reprimir o impedir la comisión de ilícito alguno. Esta restricción, en
especial para la Fuerza Aérea, fue morigerada a partir de 2016, cuando
se le permitió a la aviación militar interceptar aviones con planes de
vuelo no autorizados que sobrevolaran el espacio aéreo nacional y
obligarlos a descender.
Resulta necesario remarcar que, ante una
grave conmoción interior, y solo luego de decretarse el estado de sitio,
la ley de seguridad interior habilita, en su título VI, el uso de
elementos de combate militares para funciones de neto corte policial.
Dieciocho
años después de la promulgación de la ley de defensa nacional, Néstor
Kirchner la reglamentó. Eran tiempos de Nilda Garré al frente del
Ministerio de Defensa, y la prédica de la hora indicaba que era
necesario limitar al máximo el rol operacional de las Fuerzas Armadas.
"El control político y democrático de los asuntos de las Fuerzas Armadas
es fundamental para la paz y para la integración de nuestros países
sobre bases sólidas y duraderas" sostuvo Garré durante el acto de firma
del decreto reglamentario.
Asimismo, la ex ministra dejó en claro el
pensamiento de la administración kirchnerista: "Las llamadas nuevas
amenazas como el terrorismo o el narcotráfico no son materia de
responsabilidad de las Fuerzas Armadas, las que deben orientarse
exclusivamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa
perpetradas por las Fuerzas Armadas de otro Estado". Cerrando de esta
manera cualquier tipo de empleo de los militares y determinando
prácticamente la carencia de razón de ser de una estructura que en la
actualidad cuenta con más de ochenta mil efectivos (contando las tres
fuerzas armadas) y un vasto despliegue territorial en un país que se
autoproclamó libre de hipótesis de conflicto.
El nuevo paradigma sobre hipótesis de conflicto
Con
la segura influencia de la tragedia del ARA San Juan a cuestas, la
administración de Mauricio Macri aceleró los tiempos en materia de
definiciones en torno al "empeñamiento" del instrumento militar en
tareas que, a diferencia del criterio doctrinario anterior, constituyen
la prevención y el control de amenazas directas a la soberanía nacional,
sean o no protagonizadas por fuerzas militares extranjeras.
En
diálogo exclusivo con Infobae, una alta fuente del Ministerio de Defensa
resumió los aspectos principales de la medida que se dará a conocer en
las próximas horas: "El decreto está listo. Fue estudiado y modificado
varias veces por un equipo integrado por miembros de jefatura de
gabinete y de los ministerios de Defensa y Seguridad. Básicamente
implica drásticas modificaciones al decreto 727/2006 que limita
seriamente la posibilidad de utilizar el instrumento militar para
conjurar lo que hoy el mundo considera amenazas extremas como lo son el
narcotráfico, a veces bajo la forma de narco-Estados, y el terrorismo
internacional, también muchas veces sostenido por gobiernos
extranjeros".
Desde el entorno del ministro Oscar Aguad, señalan:
"Brasil, México, Colombia y muchos otros Estados soberanos están
utilizando a sus Fuerzas Armadas para controlar en menor o mayor medida
el accionar de cárteles de narcotraficantes, narcoguerrillas o guerrilla
islámica, o de otros orígenes. No hacerlo implica quedarnos atrás del
mundo y desaprovechar además recursos humanos y materiales que cuestan
mucho dinero al Estado nacional".
Cabe recordar que el presupuesto
militar para el ejercicio 2018 ronda los cien mil millones de pesos.
Casi el 90% se invierte en salarios y es muy poco lo que queda para
inversión en material y en el sostenimiento de operaciones. "Los propios
militares son reacios muchas veces a asumir nuevos roles, pero también
están lo que piensan que no ser empleados para nada es la antesala al
cierre definitivo de las instituciones a las que pertenecen", sostienen
en Defensa.
Los principales lineamientos del decreto presidencial
establecerán, a partir del reconocimiento del estatus de "objeto materia
de defensa", para las amenazas relacionadas con narcotráfico y
terrorismo, la pertinencia del empleo militar para combatirlas. La idea
central también apunta al total control de los cielos por parte de la
Fuerza Aérea y al despliegue del Ejército Argentino a las fronteras
norte, oeste y sur. Para el caso del litoral marítimo y fluvial, por
ahora seguirá siendo responsabilidad primaria de la Prefectura Naval,
para la cual se están proveyendo en el presente nuevos buques
guardacostas rápidos, fundamentalmente para control de la sensible
hidrovía Paraná-Paraguay.
Especialmente en Defensa destacan:
"Poniendo al Ejército en las fronteras, podremos volcar una gran
cantidad de gendarmes a las calles y a las rutas, reforzando la
presencia policial para reforzar la seguridad ciudadana frente al delito
común. No estamos pensando en poner coroneles a pedir documentos a
civiles como en otras épocas de la historia del país".
En tanto desde
la jefatura de gabinete sostienen que no resulta necesario por el
momento modificar ni la ley de defensa ni la de seguridad interior, sino
que basta con efectuar cambios en el llamado "decreto Garré", por lo
cual no es necesaria la consulta con el Poder Legislativo.
Si todo
sale como está previsto, la asignación de nuevas funciones a los
militares estará promulgada el próximo 2 de junio. En forma coincidente,
la Universidad de la Defensa acaba de anunciar para los días 4 y 5 del
mismo mes el Primer Coloquio sobre Defensa Nacional, durante el cual los
organizadores esperan que "estalle" el debate sobre el nuevo rol
militar.
Otras medidas en danza
En forma paralela a estos
anuncios, el Ministerio de Defensa se encuentra perfilando una profunda
reestructuración interna de las Fuerzas Armadas en todo lo atinente a
distribución geográfica, reagrupamiento de dependencias y organismos,
unificación de destinos y reestructuración de personal.
Entre las
medidas que estudian Aguad y sus colaboradores se encuentra la eventual
absorción por parte de la Fuerza Aérea de la Aviación Naval y la de
Ejército, la taxativa obligación para el personal militar y civil de
jubilarse o pasar a retiro al cumplir 35 años de servicio (contados
desde el ingreso a los institutos de formación para el caso de los
uniformados), la unificación de escuelas que cumplen tareas similares en
la misma fuerza o entre fuerzas, la implementación de medidas de
incentivo para que los pilotos de aeronave no abandonen sus carreras por
falta de incentivo y ante las tentadoras ofertas de las "low cost". Y
para el caso de la Armada, una clara redefinición de tareas entre esta y
la Prefectura Naval Argentina, con la que hasta el presente mantiene
varios puntos de superposición que generan conflicto y duplicidad de
gastos. Este punto en particular está siendo analizado en forma conjunta
por el primer nivel de las carteras de Defensa y Seguridad.