EL ESTADO COMPLICE DE LA USURA
Abogado Constitucionalista
La usura consiste en el cobro excesivo de intereses en un préstamo de dinero. Esta modalidad enriquece al prestamista excesivamente y trae un claro y profundo empobre-cimiento para quien debe pagar los intereses abusivos.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, con jerarquía constitucional en Argentina, dispone que: “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”, (artículo 21, inc. 3).
Por su parte, el Código Penal argentino reprime el delito de usura en el artículo 175 bis. En la referida norma se establece que tendrá sanciones de prisión y multa el que, “aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otros, intereses u otras ventajas pecunia-rias evidentemente desproporcionadas con su prestación u otorga recaudos o garantías de carácter extorsivo”.
No obstante lo determinado por la legislación, en los hechos, la usura
no ha tenido, por parte del Estado, en general, una firme voluntad de
reprimirla o de accionar de manera preventiva al respecto. Repárese que
esta actividad delictiva hiere grave e injustamente el patrimonio de las
personas, afecta la economía pública, la buena fe en los negocios y
trae desocupación, empobrecimiento, enriquecimientos indebidos, cierre
de fuentes de trabajo y explotación de los débiles. En definitiva, ataca
la dignidad de las personas y los pueblos y permite la consumación de
otros delitos de diversos tipos. Lo antes referido se potencia en
momentos de crisis económicas, como la que se está dando en el país.
A
su vez, uno de los males más profundos que ha dejado en nuestro país la
llamada “patria financiera” ha sido una cultura en la que la
especulación dineraria desmedida fue aceptada con permisividad moral,
por sobre la protección del capital proveniente del trabajo o de la
producción. Hoy la llamada bicicleta “financiera” funciona con más
firmeza que en los años 90´ y con mejores beneficios para los
abusadores.
Asimismo, el Estado ha generado y propicia
irresponsablemente, situaciones ideales para la proliferación de la
actividad usuraria. Con una inflación desmedida, en un contexto de
recesión y desempleo, el ambiente resulta propicio para empujar a las
personas y a las empresas, en manos de los usureros para conseguir,
desesperadamente, el dinero que necesitan.
Por otra parte, no se
controla eficazmente a las entidades que dan préstamos, muchas de ellas
funcionan de manera informal, con propaganda tramposa, sin dar
información sobre los intereses que se cobran y los gastos
administrativos abultados que se hacen abonar, sin justificación. En
base a fáciles requisitos de otorgamiento y por sumas de dinero no muy
grandes, se invita a los más débiles a tomar créditos personales con
modalidades usurarias. Los sectores empobrecidos y necesitados solo
evalúan su capacidad de pago de las cuotas, sin reparar que terminan
pagando tasas de interés desproporcionados que, en algunos casos, llegan
a superan el 100% del monto del dinero recibido. A veces, incluso, se
retiene parte del capital y se hace firmar como si se hubiera retirado
el total y de esa manera se busca disimular los intereses indebidos que
se cobran y los necesitados de dinero aceptan dichas modalidades
abusivas sin poder oponerse. También comercios de distintos tipos, desde
zapaterías a ventas de artículos electrodomésticos, entre otros, han
adoptado engaños similares, para otorgar créditos de consumo de sus
productos. Tampoco esta modalidad es controlada debidamente por los
órganos estatales pertinentes.
Además, nadie investiga los depósitos
de muebles, que actúan como casas de empeños disfrazadas y en las que se
cobran cifras desmedidas por lo que se presta, con la garantía del bien
que se hace dejar en guarda.
Más a lo referido hay que sumar la
usura consentida y propiciada, en especial, por el Gobierno Nacional
actual, que ha potenciado el endeudamiento externo perpetuo y la usura
constituye uno de sus fundamentos. Se ha dedicado a tomar créditos en
dólares, haciendo crecer grandemente la deuda ininterrumpidamente, sin
que la recaudación tributaria alcance para cubrir los gastos. Al no
tener capacidad de devolución a través de la generación de recursos
genuinos, los funcionarios solo se ocupan de ir refinanciando deuda,
particularmente en dólares. Deuda e intereses luego se atienden con
nueva deuda, en un proceso de refinanciamiento permanente, lo que se
transforma en una deuda a perpetuidad. En realidad, ante la necesidad
inexorable de contar nuevamente con dinero por parte de la Argentina,
los acreedores usureros nos someten a condiciones cada vez más
desproporcionadas. Situación esta última que se agrava en este momento,
si se tiene en cuenta que en la presente crisis financiera se muestra un
Estado en el que el gobierno nacional, gran parte de los funcionarios
que deben equilibrar los desequili-brios tienen su dinero en el exterior
y han sido muy beneficiados con el alza del dólar. Y a su vez, algunos
de ellos han sido y son representantes de la usura más despiadada, como
son los llamados “fondos buitres”. Fondos estos que esquilmaron a la
Argentina y que no saciados con ello han iniciado nuevas demandas contra
el país.
No se puede permitir que el Estado siga siendo cómplice y
partícipe necesario de la usura nacional e internacional. Y quienes
intervengan en representación de Argentina en las negociaciones no
pueden llevarnos a consentir créditos usurarios, ya que ello se
transforma en una verdadera actividad delictiva que hiere la dignidad de
nuestro pueblo y de ninguna manera puede tenerse esa mediación de
nuestros funcionarios, como un bien para el país.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado Constitucionalista y
Periodista columnista de opinión
17/05/2018 (3121)
