Proyecto de Ley que reduce indemnizaciones por despidos
Los cambios que apuntan a reducir los costos de las indemnizaciones integran uno de los capítulos del proyecto de blanqueo laboral
El Gobierno remitió la iniciativa al Senado, junto con otras dos destinadas a crear una Agencia de Evaluación de Tecnología Médica (Agnet) y un programa de pasantías y capacitación laboral.
Pese a que la iniciativa ya había generado profundo malestar en sectores sindicales el año pasado y terminó haciendo naufragar la reforma laboral en el Congreso, el Gobierno decidió volver a la carga con su apuesta para reducir la base de cálculo de las indemnizaciones por despidos sin causa y avanzar a la par en la creación de un Fondo de Cese Laboral sectorial que reemplace al actual régimen indemnizatorio.
Así lo establece el proyecto de ley de blanqueo laboral que el Ejecutivo
remitió ayer al Senado, junto con otras dos iniciativas destinadas a
crear una Agencia de Evaluación de Tecnología Médica (Agnet) y un
programa de pasantías y capacitación laboral.
La propuesta del
Gobierno, que ya anticipa un nuevo enfrentamiento con la dirigencia
gremial, modifica el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)
y establece que el aguinaldo, los premios y/o bonificaciones y toda
compensación o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe al
trabajador quedarán excluidos de la base salarial para el cálculo de las
indemnizaciones por despidos sin causa.
La propuesta establece que
el aguinaldo, los premios y/o bonificaciones y toda compensación o
reconocimiento de gastos que el empleador efectúe al trabajador quedarán
excluidos de la base salarial para el cálculo de las indemnizaciones
por despidos sin causa.
Como único límite, define que la base de
cálculo que surja de aplicar esas exclusiones no podrá implicar una
reducción superior al 33% de la mejor remuneración mensual normal y
habitual percibida por el trabajador durante su último año de trabajo.
En
su artículo 37, el proyecto oficial, además, que esa base no podrá
exceder en ningún caso "el equivalente a tres veces el importe mensual
de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones
previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al
momento del despido, por la jornada legal y excluida la antigüedad”.
El Fondo de Cese Laboral
En
su apuesta por reducir la carga de las indemnizaciones, la iniciativa
elaborada por el Ministerio de Trabajo incorpora en el artículo 21 la
creación del denominado Fondo de Cese Laboral sectorial, un mecanismo
destinado a que el resarcimiento por despido del trabajador se financie
durante el período de inactividad a través de un fondo creado a tal
efecto a partir de un aporte de los empleadores.
El proyecto estipula
que la constitución de ese fondo se acordará sectorialmente entre las
entidades representativas de los empleadores junto con las asociaciones
sindicales en el marco de los respectivos convenios colectivos de
actividad, sustituyendo las indemnizaciones por despido sin causa
fijadas en los artículos 232 y 245 de la LCT.
Respecto al
financiamiento del fondo, la propuesta del Gobierno indica que se
nutrirá de un aporte obligatorio exclusivamente a cargo del empleador
que deberá realizarlo mensualmente desde el inicio de la relación
laboral, informando periódicamente al trabajador sobre los aportes
efectuados.
El esquema es similar a la denominada "libreta de
desempleo” que rige en la industria de la construcción, donde el fondo
de cese laboral se nutre de un aporte del empleador que alcanza el 12%
del salario promedio básico durante el primer año de relación laboral y
se reduce al 8% desde el segundo año, excluyendo del cálculo las horas
extras, aguinaldo y otros suplementos salariales no remunerativos. En el
proyecto remitido ayer al Senado se establece, en cambio, que si se
tomarán en cuenta los pagos de carácter no remunerativo para el cálculo
del aporte al fondo de cese laboral.
Los cambios que apuntan a
reducir los costos de las indemnizaciones integran uno de los capítulos
del proyecto de blanqueo laboral, un esquema que pretende incentivar la
regularización de trabajadores informales concediendo a los empresarios
un mecanismo de condonación de deudas y multas si blanquean a su
personal.
Además, la iniciativa prevé que los trabajadores que sean
regularizados tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con
aportes calculados sobre un monto mensual equivalente al salario
mínimo, vital y móvil vigente. El plazo para la regularización de
trabajadores que fija el proyecto de ley será de 360 días.
Fuente: Cronista
28/04/2018 (3101)
