Convergencia-Frazada corta-Por Luis Lazzaro
Frazada corta-Por Luis Lazzaro
Luis Lazzaro cuestiona el anuncio gubernamental sobre el envío al Congreso de una “ley corta” en materia de televisión satelital porque llega tarde y mal y porque antes debió consensuarse una ley de comunicaciones convergentes que cumpla los mandatos constitucionales.
El anuncio gubernamental sobre el envío al Congreso de una “ley corta” en materia de televisión satelital llega tarde y mal. Tarde porque antes debió consensuarse una ley de comunicaciones convergentes que cumpla los mandatos constitucionales en la materia y establezca las reglas generales. Mal porque su anuncio solo revela la incapacidad del gobierno para ordenar el oligopolio que su propia gestión ha consolidado.
El artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional es bastante claro.
Dice que le corresponde al Congreso dictar leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las
obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y
audiovisuales. La mera lectura de este criterio expone la
inconstitucionalidad de los decretos del Ejecutivo que confiscaron en
2015 el espacio cultural y audiovisual de los argentinos. También
desnuda el silencio cómplice del Legislativo, que ignora su propio
mandato.
El decreto 267/15 y otras medidas de “urgencia” de carácter
posterior convirtieron el sistema audiovisual de mayor penetración en la
Argentina en una simple transacción tecno/económica regida por un
cartel de operadores de televisión paga que dominan el mercado. De esa
manera se sustrajo toda tutela especial sobre las expresiones
informativas y culturales, en tanto derechos individuales y colectivos,
que regulan la conversación pública en una democracia.
Se
desmantelaron al efecto dos leyes (26.522 y 27.078) que consideraban a
los medios audiovisuales y las plataformas de conectividad de las TIC
(tecnologías de información y comunicación) como instrumentos para el
ejercicio del derecho a la comunicación. El pretexto oficial sobre
modernización y convergencia tecnológica naufragó cuando se constató que
la única razón del decreto era liberar a Clarín del compromiso de
adecuar su tamaño para competir en audiovisual mientras le servían en
bandeja el ingreso al mercado de las telecomunicaciones mediante la
fusión con Telecom. En el mismo acto le pusieron un cepo por tres años a
Telefónica y Claro para bloquearles el ingreso a la TV paga.
Es así
que el Gobierno dejó en manos corporativas y sin tutela jurídica el
sistema de acceso a bienes y servicios de la cultura, los eventos de
relevante interés público y la información, en momentos en que los
programas televisivos parecen guionados por los servicios de
inteligencia y abunda la ficción extranjera.
La fiesta aún debe
pasar un control de constitucionalidad espinoso, considerando el fallo
de octubre de 2013 de la Corte Suprema de Justicia (Grupo Clarín y otros
c/ Poder Ejecutivo) y los tratados internacionales incorporados a la
Constitución, aunque ya se sabe que la veleta judicial gira con los
vientos. La Corte debería abocarse nuevamente al tema si prospera un per
saltum presentado a la justicia por organizaciones de la sociedad
civil, así como un recurso interpuesto por medios comunitarios
afectados.
Argentina lidera con el 78% la penetración de TV paga en
América latina, según la consultora Business Bureau (BB). En ese
negocio, la megafusionada controla un 40% del mercado y también podría
pararse ahora con Telecom en el satélite, según la “ley corta” del
Ejecutivo. La nueva empresa también maneja el 68% de los servicios de
banda ancha fijos (Fibertel y Arnet), 40% de la banda ancha móvil, 40,9%
de la telefonía fija y 30% de la telefonía móvil (Nextel y Personal).
Dentro de las plataformas Over The Top (OTT) Cablevisión Flow lidera la
oferta regional con 224 señales en vivo, según BB. En esa conversación
es donde quieren ingresar Telefónica y Claro.
El proyecto que
trascendió en estos días habilita un uso compartido de infraestructura,
lo que sirve tanto a tirios como troyanos (grandes cableros y telcos)
pero difícilmente beneficiará a las pymes y cooperativas que miran el
partido desde afuera, preguntándose cómo hacer para que sus contenidos o
servicios sean ofrecidos por los caños maestros de las corporaciones.
La
letra gruesa de esta radiografía del mercado está escrita en decretos
que, 835 días después de su publicación, no logran explicar su necesidad
y urgencia. Tampoco aparecen los papeles de la comisión que al cabo de
18 meses se desintegró sin dar noticia del borrador que debía recibir el
parlamento. El resto puede buscarse en el interlineado remanente de las
leyes 26.522 y 27.078. Al Congreso le están mandando un artefacto
explosivo bajo la forma de una “ley corta” para que medien entre Clarín y
Telefónica. Lo único cierto es que ahora existe una galleta normativa
de dudosa constitucionalidad que no brinda seguridad jurídica a ninguno
de los actores que disputan el mercado de la información y el
entretenimiento mientras el ciudadano de a pie se pregunta quien tutela
su derecho a la comunicación.
* Docente de Derecho de la Comunicación y la Información (UNDAV-UNM)
11/04/2018 (3068)
