Mentiras, desempleo y violaciones de derechos laborales
A mediados de diciembre del año 2017, renunció Cynthia Pok, la directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que depende del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Ella era la encargada de medir el empleo, desempleo, pobreza y la indigencia.
Pok, sufría muchas presiones para que modificara mediciones que marcaban un mercado de trabajo estancado, especialmente en el Gran Bs. As. El tema explotó cuando la funcionaria hizo conocer el incremento de la tasa de desempleo en San Juan que daba un incremento del 4,8 % al 9 %. Luego, renunció. En una entrevista a la agencia de noticias de la CTA la ex-funcionaria dijo, que resulta inaceptable que se pretenda cambiar resultados, “cuando los datos no son convenientes o no dan como los responsables políticos desearían. Estos son procedimientos que no podemos aceptar bajo ningún concepto”.
La postura de la funcionaria debe profundizarse, respecto de las
afirmaciones que se hacen desde el gobierno nacional que busca, tapar lo
que está pasando con el desempleo en el país. Repárese que mientras
tanto, el Presidente Mauricio Macri ha sostenido, que “todo lo estamos
impulsando desde el valor central de decir la verdad”.
Por su parte,
el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) ha manifestado que la
cantidad de personas que se quedaron sin trabajo durante enero de 2018,
duplicó la cifra de diciembre y la de enero del año pasado. En este
sentido, enero acumuló 6.639 nuevos despidos y suspensiones de los
cuales el 58% corresponden a la administración pública.
Todo ello, en
una clara política de desempleo, que se quiere fundar en la búsqueda de
una supuesta “austeridad”, que no se puede comenzar empezando por dejar
a las personas sin trabajo.
A lo que se suma, una prédica cruel,
por la cual se hace aparecer a muchos trabajadores y trabajadoras que
operan como un cáncer social, que no permiten hacer crecer al país. Y en
ello, se quiere justificar también las llamadas “flexibilizaciones” en
materia de leyes laborales.
A su vez, en un grave ataque a la
dignidad humana, se nos mentaliza para que consideremos como normal el
que se deje sin trabajo a tantas personas. Luego la sociedad, con
hipocresía, termina diciendo que se es “pobre”, porque no se quiere
trabajar.
Colonización mental
La realidad demuestra que el
gobierno en sus argumentos mentirosos quiere colonizar mentalmente a la
sociedad, en contra de los derechos laborales y hacer creer que se hace
austeridad sólo despidiendo personas.
A su vez, se ataca a los
abogados laboralistas, que se los tiene como “mafiosos”, porque
defienden los derechos de los trabajadores o se persigue a los jueces
que deciden a favor de los derechos de los trabajadores.
También el
gobierno busca demonizar a los sindicatos como estructura. Bien dice la
encíclica “Laborem exercens”, de san Juan Pablo II, de 1981, “Los
sindicatos luchan por los justos derechos de los trabajadores frente a
los empresarios y a los propietarios de los medios de producción. Estos
son un exponente de la lucha por la justicia social. Lucha que debe ser
vista como una dedicación normal a favor del justo bien”.
Pero en
medio de las mentiras sustentadas en un discurso único potenciado por
los medios hegemónicos que predican a favor del gobierno nacional, se
oculta que no se respetan derecho humanos básicos, con jerarquía
constitucional, que debe garantizar el gobierno.
Grave violación de derechos humanos
Baste
referir que, entre otros, no se está cumpliendo lo que dispone el
artículo 23, de la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, que
tiene jerarquía constitucional en Argentina, (art. 75, inc. 22 de la
Const. Nac.). Dicha declaración indica, que “Toda persona tiene derecho
al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas
y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.
¿Dónde
está la protección contra el desempleo que debe dar el Estado, cuando
el gobierno opera como el principal factor de desempleo? Y la tutela
equitativa y satisfactoria del trabajo no acepta flexibilizaciones que
ataquen la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras.
A su vez,
en su política de ajustar la economía, ahora se ataca, por ejemplo, en
la Provincia de Buenos Aires, a los dirigentes gremiales de los
docentes, se busca descalabrar su organización sindical y por sobre lo
que dicen tratados internacionales, se pretende imponerles un reajuste
inadecuado de los haberes, que opera como un techo inaceptable e
inconstitucional. Al respecto, cabe referir lo dispuesto por el "Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales",
instrumento éste, también con rango constitucional, (inc. 22 del art. 75
de la Const. Nac.).
El referido tratado internacional, entre otros
importantes aspectos, establece que los Estados Partes y firmantes, como
nuestro país, se comprometen a asegurar "el derecho de toda persona a
la educación y reconocen que, con el objeto de lograr el pleno ejercicio
de este derecho se debe mejorar continuamente las condiciones
materiales del cuerpo docente", (art. 13, apart. 2, inc. "e").
Tan
importante es este objetivo estratégico de educar, que dicha norma,
fija una pauta dinámica para la determinación de la retribución
económica a los docentes. Establece que siempre se debe estar pendiente
de mejorar las condiciones materiales al sector y por tanto, todo lo que
se haga en ese aspecto, en todo momento, debe entenderse insuficiente.
Por ello, tiene que haber paritarias nacionales, para consensuar el tema
de manera justa y equitativa en el país. Tratar de ponerle a sus
sueldos un techo, en una pauta inflacionaria mentirosa o no real,
resulta en consecuencia inconstitucional
El panorama debe encararse
integralmente, pero sabiendo que la dignidad de las personas y su
derecho al trabajo en condiciones justas y equitativas, no puede
negociarse y en esto nadie puede ser indiferente.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista
y periodista columnista de opinión
08/02/2018 (2972)
