La orden de Triaca fue clara: ir a fondo contra los gremios.
El Gobierno auditará las cuentas, los padrones y los bienes de los sindicatosEn el Ministerio de Trabajo enviarán en los próximos días las primeras intimaciones de 50 previstas. Buscan detectar irregularidades en medio del endurecimiento de la postura oficial.
Ezequiel Spillman - Perfil
Triaca. Su cartera está al frente de la iniciativa. El martes fue el enviado oficial a un acto de Moyano, pero todavía aparece lejana una tregua con la cúpula gremial.
Triaca. Su cartera está al frente de la iniciativa. El martes fue el enviado oficial a un acto de Moyano, pero todavía aparece lejana una tregua con la cúpula gremial.
En medio de la batalla entre los sindicatos y el oficialismo, el Gobierno comenzó a diagramar un esquema de auditorías para estudiar los libros contables y las propiedades de los gremios.
Las investigaciones se preparan en conjunto entre el Ministerio de
Trabajo, en lo que tiene que ver con la vida sindical, y la
Superintendencia de Servicios de Salud, en lo que atañe a las obras
sociales. Y se dan en un contexto particular, tras las detenciones de
una serie de sindicalistas con serias irregularidades en sus gremios y
en plena acusación de lavado dinero contra la familia Moyano.
El
listado de los primeros 25 sindicatos que serán investigados se está
armando en estos días en una de las oficinas que tiene la abogada Karina
Palacios, directora Nacional de Asociaciones Sindicales y quien trabajó
durante años con Horacio Rodríguez Larreta. “Estamos en una etapa
preparatoria, los nombres no los podemos dar a conocer aún”, explican en
la cartera de Trabajo que conduce Jorge Triaca.Sin embargo, un indicio marca que estas primeras auditorías serán solo
la punta del iceberg: la cartera laboral comenzó a reclutar contadores
que puedan analizar el material que llegue desde las asociaciones
sindicales.
Tanto Trabajo como Salud comenzarán, en las próximas
semanas, a requerir de manera formal toda la información sobre el
funcionamiento de las obras sociales y de los mismos gremios. Entre
otras cosas, los libros contables, los movimientos y las cuentas
bancarias, los padrones de afiliados y las propiedades inmuebles.
A
partir de ello, con la documentación, el Gobierno comenzará una segunda
etapa de análisis cruzando datos con las bases de AFIP, del Banco
Central, la Inspección General de Justicia y los registros de la
Propiedad. En el piso 13 del Ministerio de Trabajo no dudan: si los
gremios se rehúsan a entregar la información, preparan una serie de
intimaciones que incluyen sanciones por cada día de retraso en el envío
de información.
Si bien el universo a auditar es enorme –existen unas
300 obras sociales y unos tres mil sindicatos en todo el país –, en el
Ejecutivo creen que puede servir también para que muchos comiencen a
ordenar sus papeles. Pero las auditorías no es todo lo que prepara el
Gobierno. También en el despacho de Triaca están estudiando emitir una
resolución para evitar que en la línea sucesoria de los sindicatos estén
los parientes. Sería una suerte de “claúsula antiherencia” para evitar
casos como los de los Balcedo en el Soeme o los Moyano en Camioneros,
entre tantos otros.
De estos temas vienen dialogando, vía WhatsApp,
el presidente Mauricio Macri, mientras concluye su descanso en Villa La
Angostura, y Triaca. En particular, tras las detenciones de Balcedo,
líder del gremio de estatales Soeme, y recientemente el titular de la
Uocra de Bahía Blanca, Humberto Monteros.
Según cuentan fuentes
oficiales, Macri viene envalentonado con “cargarse” a una serie de
gremios. A tal punto que, a fines del año pasado, en el cumpleaños de
Larreta, en un bar de Barracas, no fueron pocos los que lo escucharon
decir que era hora “de meter en cana” a más sindicalistas. Incluso
nombró a un par que generan revuelo en el sur del país.
Curiosa
parábola. Esta semana, la Uocra de Comodoro Rivadavia se alzó con
fuertes reclamos ante la inacción del secretario general del gremio de
la Construcción, Gerardo Martínez, quien argumentó que no controla las
seccionales.
En este marco, la orden de Triaca fue clara: ir a fondo
contra los gremios. Ese fue, acaso, el principal motivo que dejó afuera
del ministerio, pero con una jugosa embajada en México, a Ezequiel
Sabor, el número dos de la cartera laboral que no quería apretar el
acelerador. En la Casa Rosada ya se habla de “barajar y dar de nuevo”
con los principales caciques sindicales. En particular, apuntan a la
atomización de la CGT y sus aliados, y la complicación que eso supone
para negociar.
De hecho, en el Gobierno ya dejaron traslucir que no
quieren “forzar” la reforma laboral si no tiene consenso. Sin embargo,
nadie del oficialismo da por muerta la reforma. Es más, aseguran que
será una de las leyes centrales en 2018. “Es riesgoso ponerle en debate
ahora en extraordinarias por el desorden que hay en la CGT”, agregan.
Nada
será sencillo: Triaca ya adelantó que la negociación por los salarios
será “muy dura” este año, tomando en cuenta la revisión de la meta de
inflación, y ante las primeras discusiones paritarias.
La mujer de Moyano, ‘aliada’
La
apertura del flamante sanatorio Antártida, de Camioneros, la devolvió a
los primeros planos de la política. Pero siempre fue una mujer muy
influyente. Se trata de la blonda mujer de Hugo Moyano, Liliana Zulet,
quien reapareció en la escena pública esta semana en la inauguración en
Caballito en la que estuvo, además del camionero, el ministro de
Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe porteño, Diego Santilli.
Zulet
fue la gran anfitriona, la que iba mostrando las instalaciones y quien
se encargó de la organización del evento. Sin embargo, lo que más
sorprendió fue, en medio del debate que abrió el oficialismo por la
reforma laboral, que la mujer de Moyano se mostró a favor de un cambio
en la ley. Así lo expresó a viva voz, y delante de su marido.
De esta
forma, la grieta familiar del Camionero se hizo más visible que nunca
ese día. Mientras Pablo (hoy aliado a un sector del kirchnerismo) y
Facundo (ocupado en las noticias de la farándula) renegaban por la
reforma, Zulet y Huguito Moyano (el hijo abogado que discutió la letra
chica del proyecto) se mostraban a favor.