COMUNICACIONES SIN LEY Y A CONTRAMANO DEL MUNDO
COMUNICACIONES SIN LEY Y A CONTRAMANO DEL MUNDO
Nuevamente el gobierno de Mauricio Macri está aprovechando las Navidades, los Días de los Inocentes y el filo del almanaque para traspasar las competencias constitucionales y normativas en la regulación las comunicaciones. Con repudiable creatividad, sin antecedentes internacionales en la materia, concentran en unos pocos grandes grupos el control de un sector estratégico para la economía, la cultura y la democracia.
Así lo hicieron entre gallos y medianoche por sucesivos decretos de necesidad y urgencia a fines de 2015, y van por más en estos días. En nombre de la modernización y la competencia congelaron el ingreso de las empresas de telecomunicaciones (ya autorizadas en 2014 por la Ley 27.078) que amenazaban la hegemonía del operador dominante y así permitieron la creación de Cablevisión Holding (Telecom, Cablevisión, Nextel, Personal, Fibertel, Arnet): el gran jugador del Cuádruple Play, sin rivales a la vista y con mercados asegurados en televisión por cable, telefonía celular, internet y telefonía fija en todo el país. A partir de acá habrá una convergencia en cuentagotas.
La criatura que alumbra la gestión del macrismo está apañada por el
ENACOM, un ente regulador de comando automático a las órdenes del
gobierno y bajo el ala del ministerio de Modernización. También analizan
nuevos decretazos para “compensar” a Telefónica, DirecTV, y Claro. Y en
paralelo desmantelan todo vestigio de política pública de acceso
gratuito como la Televisión Digital Abierta (TDA) y sus señales de
contenidos, cuyos trabajadores están despidiendo en medio de un gran
ajuste.
Lo hacen en clara violación de las obligaciones legislativas
que la Constitución impone al Congreso en su artículo 75, inciso 19) en
cuanto a la promoción y protección del patrimonio audiovisual y cuando
aún la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad
del Decreto 267/15 ante un
recurso extraordinario que prosperó, promovido por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social.
Al
suprimir en las leyes 26.522 y 27.078 los límites a la acumulación
local y/o nacional de medios y plataformas en un mismo propietario, el
gobierno actual ha ignorado tanto la jurisprudencia argentina (CSJN,
2013) como la de Estados Unidos (C.Columbia 2011) y la europea. Todas
ellas, mediante diversos pronunciamientos, han sentado con claridad el
principio de que la regulación de la concentración mediática constituye
“una vía constitucional razonable para garantizar la libertad de
expresión” y que el “mercado de las ideas” no puede regularse bajo los
principios de libre mercado y defensa de la competencia.
Este fin de
año nos encuentra denunciando la mayor concentración de medios
audiovisuales y de infraestructuras de comunicación de América Latina.
El Gobierno consagra posiciones cuasi-monopólicas mientras precariza el
esquema regulatorio legal argentino con decretos o resoluciones que
violentan leyes para satisfacer los negocios de un puñado de grandes
empresas locales y transnacionales del mercado del entretenimiento, la
información y la conectividad. Más aún, dispone con discrecionalidad de
un recurso natural finito, escaso y estratégico, como el espectro
radioeléctrico, para direccionarlo a la satisfacción del modelo de
negocios de un sistema cartelizado de cable, telefonía celular y
conectividad de internet al mismo tiempo en que se niegan llamados a
concurso para nuevos operadores que aportarían diversidad y pluralismo.
Cualquier nueva voz que nazca en estas condiciones estará en clara
desventaja para ser escuchada.
Clausuraron el debate público: no
mostraron en estos dos años ningún proyecto que mejore o sustituya a las
leyes 26.522 y 27.078, ambas modificadas por el Decreto de Necesidad y
Urgencia 267/15. Se habían comprometido a hacerlo en Washington, en
abril de 2016, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras
haber sido emplazados por presión de numerosos organismos reunidos en la
Coalición por una Comunicación Democrática.
Sr. Presidente: usted
está a cargo de uno de los poderes de la República. Ni más ni menos. No
se extralimite. Respete la Constitución Nacional. Todos tenemos derechos
constitucionales. La libertad de expresión es un pilar de la democracia
que no puede quedar a merced del mercado, ni silenciada por la
represión policial como sucedió con periodistas y fotógrafos que
cumplían su labor informativa en recientes manifestaciones públicas.
Permítanos
disentir. No nos mande a las fuerzas de seguridad si nos reunimos en la
vía pública, ni nos haga investigar, ni eche a los trabajadores que
defendemos, ni acalle las voces que pueden dar cuenta de otros puntos de
vista.
Permítanos debatir. No esconda su Anteproyecto de Ley de
Comunicaciones Convergentes que por Decreto se comprometió a elaborar
hace DOS AÑOS, y viene demorando sistemáticamente su envío al Congreso".
Recordamos
que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Y
sólo lo habilita, “cuando circunstancias excepcionales hicieran
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes…” (CN art. 99. Inc. 3).
Por la vigencia
de los mandatos de la Constitución Nacional sobre Libertad de
Expresión, Derechos Humanos y el equilibrio de los poderes de la
República.
Reclamamos reglas democráticas que fomenten la diversidad y pluralidad necesarias para fortalecer la democracia hoy amenazada.
Coalición por una Comunicación Democrática
28 de diciembre de 2017
28/12/2017 (2914)
