“PODER JUDICIAL NO SIEMPRE SIGNIFICA JUSTICIA”
Por: Miguel Julio Rodríguez Villafañe Abogado constitucionalista
Periodista columnista de opinión
En aras de garantizar dicha virtud para todas las personas y en los casos concretos, se organiza el Poder Judicial independiente.Poder este encargado de buscar que se dé el valor “Justicia”, desde la ley, garantizándola a toda la sociedad y en particular a las personas en singular.
“PODER JUDICIAL NO SIEMPRE SIGNIFICA JUSTICIA”
Además, este Poder tiene la misión de ayudar a un verdadero equilibrio de poderes, ya que las mayorías definen las normas entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y esas normas, teniendo como norte la Constitución Nacional, son la que el Poder Judicial debe aplicar, asegurando la vigencia de las garantías y otorgando los derechos que corresponden, en igualdad y equidad para todos. En esto también, se busca que los jueces pro-tejan a los débiles y a las minorías.
Pero la realidad demuestra que la sociedad argentina experimenta una sensación de desilusión, ante la impotencia que surge de constatar la gran distancia que existe entre el sistema institucional querido y anhelado y la realidad institucional que se siente opera en los hechos.
El concepto de independencia judicial implica la necesidad que los magistrados no tengan para resolver dependencias de otros poderes políticos del Estado o fuera del Estado. Tampoco que deban conducirse en base a presiones de medios de difusión. Su única subordinación debe ser a la ley y al objetivo de desentrañar la verdad y decidir en justicia. Para la tarea, indudablemente, es imprescindible hombres y mujeres éticamente respetables y técnicamente capaces, designados mediante procedimientos transparentes, en los que se garanticen la igualdad de oportunidades y la selección por la idoneidad.
Tampoco se puede aceptar que se quiera transformar al Poder Judicial en un tablero de ajedrez en el que, como peones o alfiles, los fiscales o jueces respondan a la estrategia de los políticos que manejan las piezas. La existencia de jueces independientes, idóneos e imparciales es un derecho humano que es obligación asegurar a la sociedad y garantizar con ello la genuina vigencia de la República, que pregonaba Bolívar.
Pero la sensación social negativa se potencia, cuando se advierte que ahora el gobierno está presionando a los jueces y a los fiscales, con juicios políticos y otros aprietes, si entiende que su accionar les perjudica, como se obligó a renunciar a la Procuradora General de la Nación Gils Carbó. De manera que ni el propio Poder Judicial y el Ministerio Fiscal tienen garantizada una gestión adecuada.
Hoy, casi nueve de cada diez argentinos no confían en el Poder Judicial y advierten el cáncer profundo del sistema, como es la impunidad de los que detentan el poder político y el económico.
La mayor discriminación en Democracia
Asimismo, la realidad demuestra que el accionar del Poder Judicial con particular demora para resolver las cuestiones, sin culpa o por culpa de magistrados o funcionarios judiciales, en los hechos, trae la mayor discriminación a los más débiles, que no tienen la posibilidad de esperar decisiones tardías. Baste observar los años que les lleva a los jubilados para que se les dé la razón que tienen por haberes mal pagos, pero que el Estado dilata en su cumplimiento, con la complicidad de la demora judicial.
Por su parte, todos estos graves desatinos institucionales, se potencian negativamente, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, termina siendo, por acción u omisión, la fuente de la esterilización del accionar de los jueces de las instancias inferiores. Así, el Estado apela todas las sentencias de las diversas instancias, para llevar el tema a la Corte Suprema y lograr que ésta le dé un tiempo indefinido para cumplir con las resoluciones o haga sospechar que las sentencias que se dictan son producto de negociaciones con los Magistrados del cuerpo, incompatibles con la función judicial. El máximo tribunal del país debe volver a prestigiarse y no transformar al resto de la justicia en un placebo cívico.
Inaceptable Justicia mediática
A lo dicho se suma la actitud de periodistas y medios de difusión que se erigen en jueces, sin respetar las garantías constitucionales. Ellos juzgan y condenan buscando verdaderos linchamientos mediáticos, incompatibles con actos de Justicia. Hay que agregar además, que algunos jueces y fiscales entran a participar del juego de los medios y sus decisiones las hacen depender de ello, más que de la realidad jurídica de las causas. Así detienen a presuntos culpables, sin respetar garantías previstas en Pactos Internacionales, diciendo que se dicta prisión preventiva a determinados sospechosos de delitos porque pueden afectar la investigación, sin mayores fundamentos concretos, tales son los casos de Milagro Sala, Amado Boudou, entre otros, sospechados que ya no tienen poder. Pero esa medida de prisión preventiva no la adoptan los jueces cuando se trata de figuras del actual gobierno investigadas penalmente y que tienen real poder para afectar la investigación, en casos graves de denuncias por corrupción.
También existe un accionar inaceptable respecto del Poder Judicial por parte de la política, tal es el caso como cuando la diputada Elisa Carrió, en octubre pasado, en una postura desprestigiante gratuita al Poder Judicial afirmó, tal como lo reprodujeron diversos medios, que por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar pasada, hay “militares condenados sin pruebas”. Más no dijo los casos en los que habría sucedido, ni el nombre de los supuestos afectados. Se deja de esa manera un manto de sospecha genérico, al mejor estilo de posverdad, que afecta gravemente al Poder Judicial y de lo que nadie se hace cargo.
Solo con un Poder Judicial independiente, idóneo e imparcial será posible pensar en una democracia creíble y querible, de lo contrario, hasta lo bueno que existe, puede desgranarse para mal.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista
Periodista columnista de opinión
17/11/2017 (2844)
