LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DE LA CCD EN LAS POLITICAS DEL GOBIERNO DE MACRI
El Congreso Nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática, realizado el 3 de marzo ratifico, como lo viene haciendo desde hace casi doce años, la importancia de la articulación interorganizacional con una metodología participativa, que respeta la pluralidad política y la diversidad sectorial y económica y alienta la inclusión de las expresiones de cada provincia; todos y todas en igualdad de condiciones.
Las definiciones más importantes del Congreso realizado en la sede del Congreso de la Nación fueron la de coordinar las acciones legales, apoyar activamente la denuncia internacional en el marco de la CIDH y definir el programa que proponen los Nuevos 21 Puntos por la democratización de la Comunicación.
Estas definiciones fueron el cierre de un Plan de Acción iniciado en los primeros días de diciembre cuando Mauricio Macri y su equipo económico-político y comunicacional definió que asumiría los postulados de un gobierno neoliberal, conservador y de derecha y que pondría el sistema de Medios al servicio de las grandes empresas Telco y de comunicación audiovisual y gráfica.
Ese gobierno, al que cada vez se hace más necesario no subestimarle su capacidad económica y política para manejar el poder, tomo nota de lo sucedido en el Congreso el 3 de marzo por un puñado importante de organizaciones sociales, sindicales, cooperativas, comunitarias,de pequeñas y medianas empresas de arraigo local, universitarias y de pueblos originarios.
Fue por eso que en la misma semana confirmo la venta de Telecom a Fintech y además creo tal como lo informo Telam:“La comisión encargada de redactar el anteproyecto de ley de comunicaciones, que unificará las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones, quedara bajo la coordinación de Silvana Giudici, actual directora del Ente Nacional de Comunicaciones, funcionará bajo la órbita del ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad e integrarán Santiago Kovadlof; Andrés Gil Domínguez; el secretario de TIC's, Héctor Huici; el director de Enacom Alejandro Pereyra; y el vicepresidente de Arsat, Henoch Aguiar.”
Dos tapas de Página 12 en una misma semana, difundiendo el Congreso de la CCD, pero fundamentalmente la convocatoria, el 8 de abril, para que el gobierno responda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las organizaciones peticionantes, provocaron la reacción del gobierno de Mauricio Macri.
Reconociendo el limitado alcance comunicacional de las acciones políticas de la CCD no hay que desconocer que el acierto de las mismas produce efectos en aquellos hacia los que están destinados: los integrantes del gobierno nacional.
El desafío de la CCD, alentado por el éxito del Congreso, es el de ensanchar las alianzas políticas, económicas y sociales para que las propuestas que expresan los 21 Puntos sean tomadas por los representantes en el Congreso de la Nación, en los gobiernos provinciales y municipales impidiendo la caída de los avances producidos en la Argentina por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual en línea con la comunicación como un derecho humano.