La Jueza Andrade Resiste: Tras el fallo que ordenó liberar a los detenidos
La jueza Andrade rechazó los ataques del Gobierno: "Nuestra Constitución garantiza la protesta" La magistrada explicó los motivos por los que dispuso la liberación de los más de 100 arrestados en la brutal represión del miércoles. Dijo que las detenciones "no cumplieron con los requisitos mínimos" y "en ninguno de los casos hubo una explicación del contexto, hecho y lugar". Agregó que priorizó "el derecho a expresarse y manifestarse”. La jueza Karina Andrade salió a defender el fallo con el que liberó a 114 detenidos durante la marcha del miércoles en apoyo a los jubilados, que le valió una serie de ataques de parte del Gobierno nacional. Andrade ratificó que esa medida se debió a la “falta de información” sobre las detenciones, aclaró que cada acusado podrá seguir siendo investigado por el delito que hubiere cometido y consideró que los cuestionamientos que recibió de parte de funcionarios del gobierno nacional por su decisión solo “desprestigian” a los organismos de control de la Justicia.
La magistrada reiteró, además, que la liberación de los detenidos fue
tomada “en el marco de la priorización del derecho constitucional a
expresarse y manifestarse” y puntualizó que las fuerzas de seguridad no
habían cumplido con los “controles básicos de detención de personas”.
"Priorización
de derechos" nEs la primera vez que la titular del Juzgado
Contravencional Nº 15 del fuero Penal, Contravencional y Faltas de la
Ciudad de Buenos Aires habla públicamente luego de la decisión que le
valió durísimos cuestionamientos y hasta amenazas por parte del gobierno
de Javier Milei.
“Mi sentencia dejó claro cuál es el A-B-C de la
detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente
jurídico y apegado a la Constitución Nacional”, definió la magistrada.
Durante una entrevista por Urbana Play, Andrade sostuvo que su decisión
se tomó sobre la base de dos criterios. Uno de ellos fue “el marco de
priorización del derecho a expresarse y manifestarse” establecido en la
carta magna. El otro tuvo que ver con que “esas detenciones que no
estaban siendo informadas sobre la base del control básico de detención
de personas”. “En esa priorización de derechos, se merecía una respuesta
rápida con los elementos que yo tenía, que a la vez no reunían los
requisitos básicos de información al juez sobre los motivos por los
cuales cada persona había sido privada de su libertad, explicó. Además,
aclaró que la decisión de haber liberado a los 114 detenidos no impide
que el Ministerio Público Fiscal pueda seguir investigando a cada una de
esas personas. “Ellos (por los fiscales) tienen a cargo la
investigación y podrán seguirla y hacer las medidas de prueba”
necesarias para establecer si hubo comisión de delitos o no.
Las detenciones irregulares
La
magistrada señaló que la única información que recibió sobre la enorme
mayoría de los detenidos fue que transgredían los artículos 237, 238 y
239 del Código Penal, que son aquellos que refieren a delitos contra la
autoridad o resistencia a la autoridad.
No obstante, tal como lo
indica el fallo, en ninguno de los casos hubo una explicación del
contexto, hecho y lugar de detención. “Hasta las diez de la noche yo
tenía 14 detenidos” y luego llegaron muchos más sin explicaciones
claras.
“Entonces, lo que tuve que analizar fue el A-B-C del control
de una persona (…) Yo no recibí ningún acta con nombre, DNI, lugar donde
estuvo, el oficial o la fuerza que interviene. Y en los casos de
delitos de desobediencia, yo siempre pido que se haga una descripción de
los hechos”. Pero no los había.
“Lo único que hice fue controlar los
requisitos de detención en un contexto de ponderación de derechos.
Nuestra Constitución contempla la protesta; es más, dice que debe
garantizarse”, añadió.
Entonces, prosiguió, cuando llegaron los
detenidos, “yo tuve que advertir cuáles eran las persona que necesitaban
una respuesta rápida y cuáles eran los derechos que habían que
preservar. Toda orden de libertad queda supeditada a que no haya un
impedimento legal”, tanto para la garantía de derechos como para
establecer las responsabilidades de quienes puedan atentar contra ellos,
recalcó.
El ataque del Gobierno
En el mismo sentido, la jueza
defendió los argumentos que utilizó en su fallo, donde toma en
consideración la relevancia del derecho a la protesta. .
También
indicó que “se tiene que entender que es una obligación de los jueces
tomar decisiones, así como también resolver con los elementos que
tenemos”. Consideró que es necesario entender que un magistrado debe
“diferenciar la necesidad de una respuesta rápida conforme a la
Constitución de la expectativa que tiene el Estado de investigar la
comisión de hechos delictivos”.
La magistrada evitó referirse a los
cuestionamientos que recibió por parte del gobierno nacional,
particularmente de los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y
Patricia Bullrich (Seguridad), que desataron durísimas críticas contra
ella. Particularmente Cúneo Libarona, quien hasta amenazó con llevarla
hasta el Consejo de la Magistratura para promover su remoción en el
cargo.
“Ese tipo de cosas se hacen cuando uno está en contra de una
resolución”, dijo Andrade y consideró que “cuando se dicen esas cosas
creo que se desprestigia al Consejo de la Magistratura, que creo en
definitiva nombra los jueces y juezas”, lanzó.
Además, dejó clara su
postura: “Podría responder eso pero no lo quiero personalizar” y afirmó
que “si se quiere saber de mí, está mi audiencia pública subida. Allí
expliqué toda mi trayectoria y de dónde vengo; soy una persona técnica
más allá de los lugares que ocupé en el Poder Judicial”.