Los aumentos por Decreto
Decreto de Milei: emergencia energética y revisión de las tarifas de luz. El decreto publicado en el Boletín Oficial admite que las concesionarias prestan un servicio deficiente y no realizaron las inversiones necesarios, pero culpa por ello a las tarifas que cobran a los usuarios. Impulsan la "sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso". El presidente Javier Milei firmó un decreto declarando la "emergencia del sector energético nacional hasta fines de 2024" para los segmentos de generación, transporte y distribución de electricidad, como también para el transporte y distribución de gas natural. En el decreto, el Gobierno extiende las intervenciones de los entes reguladores del sector (ENRE y Enargas), debido a la demora en los nombramientos, y ordena el inicio de la revisión del esquema tarifario para que entre en vigencia en 2024.
La decisión del gobierno es similar a la tomada en el inicio de la
gestión de Mauricio Macri, cuando la declaración de emergencia abrió el
periodo de audiencias para los incrementos de las tarifas de los
servicios de luz y gas. A ocho años de aquella declaración, el decreto
firmado por Milei sostiene un panorama similar al indicar la creciente
obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras de estos
servicios públicos, su insuficiente adecuación a las necesidades de la
demanda actual y futura, la falta de inversiones en renovación y
ampliación de redes.
En el decreto 55/2023 se sostiene que "a partir
de 2003 en general, y desde 2013 en particular, no han dado señales
económicas suficientes para incentivar las inversiones necesarias
acordes al crecimiento de la demanda de dicho servicio", por lo que
vuelca la responsabilidad de la actual sistema de emergencia en las
bajas tarifas que cobran las empresas prestadoras, que están
privatizadas desde la década del noventa.
Según la información
volcada en el decreto, las dos principales prestadoras de energía
eléctrica Edesur y Edenor --a cargo de la distribución en la Ciudad de
Buenos Aires y el Conurbano-- presentan cifras críticas en la eficiencia
del servicio. Según el informe del ENRE surge que los indicadores que
reflejan la calidad del servicio público que prestan las distribuidoras
exhiben un aumento del indicador de frecuencia media de interrupción por
usuario para EDENOR S.A. del 55,23 % y para EDESUR S.A. 173,22 %.
Durante
la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, se llegó a
nombrar a un funcionario del gobierno dentro de Edesur para incrementar
el control del funcionamiento de la empresa, pero no derivó en la
revisión del contrato con la empresa que cuenta con la concesión --al
igual que Edenor-- hasta el año 2087.
Aumento en las tarifas
A
pesar del incumplimiento en la calidad del servicio, el decreto no
apunta sobre las empresas sino que ordena el inicio de una revisión
tarifaria integral de estas prestadoras, cuyas tarifas resultantes deben
entrar en vigencia antes del 31 de diciembre de 2024. Asimismo,
habilita a implementar adecuaciones transitorias y ajustes periódicos en
los cuadros vigentes, para garantizar la normal prestación de los
servicios mientras se realiza dicha revisión.
El decreto dispone la
continuidad de los interventores nombrados tanto en el ENRE como en
Enargas durante el gobierno de Alberto Fernández para no demorar los
procesos de revisión de cuadros tarifarios, mientras que da un periodo
de 180 días para que se complete la designación formal de los nuevos
directorios, que deben ser nominados por el Ministerio de Economía y
seleccionados en el Congreso. En el caso de Enargas, el interventor
Osvaldo Pitrau ya firmó la convocatoria a una audiencia para revisar las
tarifas el próximo 8 de enero.
La definición central del decreto
está en la readecuación de tarifas al sostener que es el atraso en la
remuneración a las empresas generadores, transportadoras y
distribuidoras lo que ha impactado en los planes de mantenimientos
periódicos y permanentes, en las tareas de reparación y en los recursos
económicos destinados; y que bajo los esquemas de remuneración vigentes
no se ha promovido la competitividad de los mercados de producción.
18/12/2023 (7305)
