Más cerca de la intervención
Más cerca de la intervención, catalanes piden en las calles la libertad de líderes separatistas
"Desgraciadamente, tenemos presos políticos otra vez", sentenció el presidente catalán Carles Puigdemont.
Las
próximas 48 horas podrían ser cruciales para el futuro del conflicto
entre los ejecutivos de Madrid y Barcelona, que llevó al primero a
rebajar las previsiones de crecimiento económico de 2018, de 2,6% a
2,3%.
El encarcelamiento y las protestas de este martes llegan en un
momento de bloqueo en el contencioso por la declaración de
independencia.
Tras un primer emplazamiento del jefe de gobierno
español, Mariano Rajoy, al catalán, Carles Puigdemont, para que aclare
si declaró o no la independencia la semana pasada, que fue contestado
con una oferta de diálogo pero no un "sí" o un "no", el presidente
catalán tiene ahora hasta el jueves para responder y rectificar.
Jordi
Cuixart, líder de Omnium Cultural, y Jordi Sánchez, de la Asamblea
Nacional Catalana, fueron encarcelados a la espera de juicio por la juez
Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, sospechosos de haber
convocado, dirigido y arengado las protestas contra los registros de la
policía en busca de pruebas del referéndum inconstitucional de
independencia del 1 de octubre.
Omnium y ANC convocaron un paro ante
los centros de trabajo de toda Cataluña a mediodía y una manifestación
en el centro de Barcelona por la noche, en la que los participantes
fueron invitados a llevar velas.
Además, habrá protestas por la tarde
ante las sedes de las delegaciones del gobierno español en las cuatro
capitales de provincia catalanas (Tarragona, Lérida, Gerona y
Barcelona).
"Nos parece que no tienen ningún sentido, la verdad es
que no tenemos palabras para describirlo, y ante esto convocamos mañana a
la sociedad catalana a manifestarse, evidentemente de manera pacífica",
dijo a la AFP Jordi Bosch, de Omnium Cultural.
"La decisión de
privarnos de libertad de la Audiencia Nacional es una decisión carente
de todo fundamento jurídico y procesal", dijo Jordi Sánchez, en un
artículo publicado en el diario Ara que dejó preparado por si era
encarcelado.
Por su parte, Cuixart dejó un video apelando a "la
serenidad", y anunciando que su organización trabajará "en la
clandestinidad", si es necesario, de manera pacífica.
El delito de
sedición puede acarrear hasta 15 años de cárcel. En la misma causa están
imputados el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y una
subalterna suya, Teresa Laplana, que seguirán en libertad pero no podrán
abandonar el país y tendrán que presentarse periódicamente en los
juzgados.
El auto de la juez Lamela señala a Sánchez y Cuixart como
los "principales promotores y directores" de una multitudinaria
concentración el 20 de setiembre ante un edificio del gobierno catalán
en el que la policía española efectuaba registros.
Los manifestantes dañaron vehículos policiales y dificultaron por horas la salida de los agentes.
Sánchez,
presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), y Cuixart, de
Òmnium Cultural, se subieron sobre un vehículo de la Guardia Civil
española y llamaron a "la movilización permanente".
La juez decretó
su encarcelación porque temía que pudieran "destruir fuentes de prueba" o
incurrieran en "reiteración delictiva", toda vez que pertenecen a un
"grupo organizado" que busca "fuera de las vías legales la independencia
de Cataluña", según el auto.
Ante las múltiples voces que tildaron a
los dos de presos políticos, el delegado del gobierno en Barcelona,
Enric Millo, dijo este martes, en declaraciones a Catalunya Radio: "Nos
equivocaremos si juzgamos a la jueza, aquí hay separación de poderes".
Lo que ocurrió ante consejería de Economía "no se puede calificar de actuación pacífica y cívica", ahondó el delegado.
17/10/2017 (2797)
