Mendoza: Cornejo expresó su "preocupación" por fallo que permitiría liberar a 800 presos.

Cornejo consideró que la decisión de la
Corte "redefine la prisión preventiva, ya que el fallo tiene plazos
perentorios inalcanzables para el trabajo de nuestra fuerza de
seguridad, que debe reunir en 24 horas todos los elementos probatorios
para que el fiscal pueda dejar privado de la libertad al sospechoso de
un delito".
En relación a la demanda ciudadana de prevención de
delitos, Cornejo sostuvo que "las resoluciones judiciales deben estar
ajustadas a la realidad".
"Podríamos no tener más hacinamientos
en las cárceles si no detuviéramos a nadie, pero eso no es lo que
impulsamos como política de seguridad. Esta decisión trae aparejados
problemas operativos para el sistema policial", alertó.
Al ser
consultado sobre los motivos de este fallo, el mandatario señaló que
"hay condiciones objetivas para pensar que la decisión tiene un
trasfondo político" ya que "cuando los abogados que presentaron el
pedido fueron funcionarios durante los gobiernos de Celso Jaque y
Francisco Pérez, no se construyó ni un sólo metro cuadrado de cárcel".
En
referencia al objetivo de la reunión del próximo lunes con la Corte,
Cornejo adelantó: "Nos gustaría escuchar la opinión de los integrantes
de la Suprema Corte, pero también que nos escuchen a nosotros y sobre
todo a los referentes de las fuerzas de seguridad".
Por su parte,
el ministro Vennier también se manifestó sobre el fallo y dijo que con
esta medida se verá afectado el sistema carcelario y la seguridad
preventiva de la provincia.
El fallo de la Corte Suprema de
Mendoza hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado en octubre
por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y la Asociación
Civil Xumek.
Al hacer lugar al planteo, podrían quedar en
libertad 800 personas procesadas sin sentencia y se deberán respetar los
plazos que deben cumplir fiscales y jueces de garantías ante una
detención.
Tras una reunión por teleconferencia realizada ayer
con Cornejo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich,
evaluó que la medida podría "crear un ambiente de indefensión en la
población de la provincia, poner en peligro la integridad de quienes
colaboraron como testigos con el sistema judicial y generar un claro
estado de gravedad institucional".