La hidrovía en medio de la polémica
Piden la rescisión del contrato y que no participe de una futura licitación
La hidrovía en medio de la polémica
Fernández anticipó que las provincias que usan la hidrovía se harán cargo de su gestión. La asociación Procurar le pide a los gobernadores que excluyan al actual licenciatario por denuncias de corrupción.
“La hidrovía debe ser gobernada por las provincias que en verdad tienen y usan la hidrovía”, aseguró el presidente Alberto Fernández el 11 de diciembre en el acto de asunción del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.
En la actualidad, la red fluvial depende del gobierno nacional y el
dragado y balizamiento del río Paraná lo lleva adelante la empresa
Hidrovía S.A., consorcio integrado por la belga Jan de Nul y la
argentina Emepa, que tiene contrato hasta 2021. El ex ministro de
Transporte, Guillermo Dietrich, había comenzado el año pasado a elaborar
los pliegos para la próxima licitación. A raíz de ello, el presidente
de la asociación de defensa de usuarios y consumidores Procurar, Enrique
Millán, le envió en julio una carta donde reclamó la rescisión del
contrato con Hidrovía S.A. y su exclusión de futuras licitaciones por
haber estado supuestamente involucrada en el pago de coimas. Dietrich
descartó el pedido, pero ahora que Fernández prometió que el control
pasará a las provincias Millán les envió cartas a los gobernadores de
Santa Fe, Entre Ríos y Chaco reiterando el pedido, ya que el
concesionario actual dejó trascender que volvería a presentarse.
El
21 de febrero de 1995 el gobierno de Carlos Menem le adjudicó a Hidrovía
S.A., a través del decreto 253/95, las tareas de dragado y balizamiento
del Río Paraná en una polémica licitación. El contrato original era por
10 años, pero siete años antes de su finalización se lo extendió a 18
años, pese a que el pliego original indicaba que la concesión sólo podía
renovarse al término del mismo. Luego de la crisis que provocó la
salida de la convertibilidad, comenzó una renegociación de contratos con
las empresas de servicios públicas, reglamentada por el decreto
311/2003, tarea que se le encomendó a la entonces flamante Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).
Como parte de esa negociación, el 19 de junio de 2007 UNIREN le remitió a
Hidrovía una propuesta de carta de entendimiento conteniendo los puntos
de consenso alcanzados. La carta de entendimiento fue sometida a
audiencia pública y finalmente el 21 de abril de 2009 se firmó un nuevo
contrato, ratificado por el decreto 113 de enero de 2010. La concesión,
ya ampliada una vez, vencía en 2013, pero de este modo se la extendió
por ocho años más y también se amplió en 654 kilómetros el área en la
que operaba la compañía. La empresa, por su parte, se comprometió a
invertir 37,5 millones de dólares por año, durante tres años, para
extender río arriba los servicios que por entonces cubrían desde Santa
Fe hasta el Río de la Plata. El objetivo era que las obras de
señalización y dragado lleguen hasta Confluencia (kilómetro 1238 del
Paraná superior), lo que permitiría su mejor aprovechamiento por los
productores del Norte.
La renegociación del contrato con Hidrovía no
recibió mayores objeciones. Sin embargo, en 2018 el empresario Benjamín
Gabriel Romero, presidente de la firma Emepa, se declaró arrepentido
luego de ser involucrado en el pago de coimas en la causa de los
cuadernos. “El día antes de que se firme el decreto 113/2010 que
aprobaba la renegociación del plazo de Hidrovía que fue publicado el 21
de enero de 2010, Roberto Baratta se comunicó telefónicamente con
(Rodolfo) Poblete y le dijo que si no entregábamos dinero no salía
firmado el decreto”, declaró Romero el 14 de agosto ante el fiscal
Carlos Stornelli. “Nos pidió 600 mil dólares y se los dimos en dos
partes”, agregó luego. En esa declaración también reconoció que le daba
dinero a Ricardo Jaime, cuando este era secretario de Transporte.
Como
consecuencia de esa declaración, Enrique Millán, el presidente de
Procurar, le mandó la carta a Dietrich el año pasado solicitando que se
rescindiera el contrato y se le impidiera a Hidrovía volver a
presentarse en la próxima licitación. “Es claro en el caso, que las
“coimas” anuales que el concesionario confesó haber entregado, así como
aquellas sumas dadas para posibilitar prórrogas o ampliaciones de la
concesión (v.g. el Decreto), necesariamente se traducen en menores
obras, mayores tarifas, mayores subsidios o una combinación de todos
ellos”, sostuvo Millán. Cerca de Dietrich, se limitaron a responder
entonces que no tomarían ninguna medida contra Hidrovía. “No hay
sentencia judicial ni instrucción de la Justicia para tomar la decisión
de rescindir o revocar el contrato (…) Como Poder Ejecutivo, somos
respetuosos de la decisión judicial”, se limitaron a responder a la
revista Noticias.
Las declaraciones de Alberto Fernández anticipando
que delegará el control de la hidrovía a las provincias limítrofes
reavivó el tema y Procurar le envío en los últimos días cartas a los
gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y Chaco, que deberán decidir sobre
el contrato cuando se efectivice el traspaso. En esa comunicación les
advierte sobre la situación de Hidrovía S.A. y solicita que se excluya a
la firma, y a las sociedades que la controlan, de las futuras
licitaciones públicas.
25/02/2020 (4386)
