Jubilaciones como variable de ajuste
La reforma jubilatoria que prepara Juntos por el Cambio, Jubilaciones como variable de ajuste. El cónclave de candidatos y economistas de la oposición definió las ideas principales de su proyecto en materia previsional. Quieren recortar gastos en jubilaciones mediante la derogación del 82 por ciento móvil del régimen docente, anular la moratoria y forzar la transferencia de cajas provinciales a la Nación. Qué dicen sobre el aumento de la edad de retiro. Por David Cufré - El cónclave de candidatos y economistas de Juntos por el Cambio de esta semana avanzó en definiciones sobre los objetivos prioritarios de esa fuerza en materia previsional. Las ideas en común para una reforma jubilatoria son tres: terminar con los regímenes especiales, en particular el de los docentes, anular la moratoria previsional que sancionó el Congreso este año y trabajar políticamente para que las trece provincias que no transfirieron sus cajas a la Nación se decidan a dar el paso, mediante una combinación de "estímulos" o presiones.
Sobre el aumento de la edad de retiro hay diferentes opiniones, con
dirigentes y especialistas vinculados a Patricia Bullrich que
recomiendan aumentarla de 60 a 65 años para las mujeres, como ya intentó
la propia precandidata en 2001 cuando era ministra de Trabajo del
gobierno de la Alianza, mediante un decreto que también ordenó el
recorte de los haberes del 13 por ciento y finalmente fue anulado por
decisión judicial.
Otros en JxC consideran que esa medida tendría
mayores costos políticos que beneficios fiscales a corto plazo, ya que
en la actualidad una mayoría de mujeres se jubila a los 63 años, por lo
que estiman conveniente postergar el debate para cuando avance la
gestión. Sobre la edad de retiro de los hombres, en principio la
mayoría no plantea subirla de los 65 años actuales, con excepción de
Ricardo López Murphy, que hizo declaraciones a favor de esa alternativa.
Jubilaciones en el Excel
La
mirada compartida en Juntos por el Cambio sobre la problemática
previsional es fiscalista. El 45,1 por ciento del total del gasto
público presupuestado para este año está destinado a la seguridad social
-incluidas las asignaciones familiares, la AUH y las pensiones por
invalidez y desempleo-.
Los equipos técnicos que trabajan con
Horacio Rodríguez Larreta aseguran que se puede realizar una poda
equivalente a 4 puntos del PIB, lo que sería fundamental para pasar de
déficit a superávit en las cuentas del Estado, cumplir las metas con el
FMI y dar una señal contundente a los mercados financieros para
recuperar el crédito externo. Así lo sostiene un documento del centro de
estudios Cippec, con Manuel Mera como una de las voces escuchadas por
el jefe de gobierno porteño. Otro de los expertos que trabaja con el
precandidato es Rafael Rofman, ex directivo del Banco Mundial.
De
acuerdo a la visión del larretismo, la ganancia de estabilidad
macroeconómica que se lograría con esos cambios redundaría en mejoras
para el conjunto de la ciudadanía, incluidos los que tendrán que hacer
su "esfuerzo" con una rebaja en los ingresos jubilatorios o trabajar más
años para retirarse. Es el mismo concepto que guio al gobierno de
Mauricio Macri para quitar beneficios a las mayorías populares con la
promesa de que se construirían jardines de infantes, crecería la
economía y bajaría la inflación. El resultado fue que se perdieron los
derechos y las ganancias nunca llegaron.
En su presentación de la
semana pasada, Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia a las
prioridades para recortar gastos que postula la oposición. Recordó que
"en planes sociales se gasta el 1,9 por ciento del PIB, mientras que en
exenciones y moratorias de deuda, más de 4 por ciento. Yo me quejo más
de los que tienen plata y no pagan impuestos. Si revisáramos la base
impositiva, no tendríamos déficit fiscal", cuestionó.
En ese sentido,
el otro gran apartado para bajar el gasto público que proyectan los
economistas de Juntos por el Cambio es la disminución de los subsidios a
las tarifas de servicios públicos, con el consecuente aumento de
tarifas. En este punto las coincidencias son totales entre Bullrich y
Rodríguez Larreta.
Jubilación docente
El régimen de jubilación
docente es el principal apuntado por la reforma jubilatoria que prepara
Juntos por el Cambio. Con datos a marzo pasado, involucra un gasto
presupuestario de 46.800 millones de pesos, con 177.635 beneficiarios
nacionales de la educación primaria, secundaria y superior no
universitaria (con haberes promedio de 243.149 pesos) y 10.153 jubilados
del sector universitario (con haberes promedio de 360.560 pesos).
El
gobierno de Néstor Kirchner restituyó en febrero de 2005 el beneficio
para la educación básica, secundaria y superior no universitaria,
anulando el decreto que habían firmado en 1994 el presidente Carlos
Menem y el ministro Domingo Cavallo. Esa modificación restableció el
criterio del 82 por ciento móvil -con 2 puntos más de aportes en la
etapa activa- y fijó la edad de retiro en 57 años para las mujeres y 60
para los hombres. En 2007 se extendió el beneficio del 82 por ciento
móvil para los docentes universitarios -también con 2 puntos más de
aportes- y edades de retiro de 60 años para las mujeres y 65 para los
hombres, tal como regía hasta 1991, cuando fue derogado por la Ley de
Emergencia Económica.
Tanto en 1991, como en 1994 y en la actualidad
por Juntos por el Cambio, el argumento principal para anular el régimen
especial docente es que se lo considera un sistema de privilegio, que
además resulta deficitario para el Estado nacional. De ese modo, se
terminaría con el 82 por ciento móvil.
"En la Argentina hay más de
200 regímenes especiales. Puede haber casos particulares, pero en
términos generales deberíamos tener un solo sistema previsional y
estable en el tiempo”, sostuvo Rodríguez Larreta públicamente hace un
año, anticipando que su idea es suprimir la mayoría de esos sistemas.
Quedarían
a salvo los regímenes diferenciales que cuentan con requisitos de edad y
servicios menores que el régimen general por involucrar tareas
consideradas insalubres, como mineros, recolectores de residuos,
ferroviarios o bailarines del Colón (son 38 profesiones en total),
mientras que los regímenes especiales, que permiten obtener jubilaciones
en mejores condiciones en requisitos y/o montos, donde ingresan los
docentes, investigadores y científicos, serían modificados. Así lo
afirmó Mera, del Cippec, en declaraciones recientes a elDiarioAR.
La
incógnita es si un eventual gobierno de Rodríguez Larreta también
terminaría con los regímenes de privilegio de jueces y diplomáticos. En
el primer caso, con datos a marzo, hay 7526 jubilados del Poder Judicial
con haberes promedio de 1.045.077 pesos, en tanto que en el servicio
exterior son 677 jubilados con ingresos mensuales de 1.256.838 pesos.
Moratoria
La
moratoria previsional que sancionó el Congreso en febrero pasado tiene
vigencia por dos años. La medida permitirá completar aportes a 800 mil
personas que de otro modo no podrán jubilarse. Juntos por el Cambio votó
en contra de esa norma y tanto Bullrich como Rodríguez Larreta
sostienen que debe darse de baja, para lo cual se requiere de una nueva
ley.
Si la actual oposición no tuviera los votos en el Congreso para
dar ese paso, en caso de ser gobierno, tendrá que esperar a 2025 para
dejarla caer sin renovarla.
La política de JxC respecto de aquellos
que no completan los 30 años de aportes es otorgarles la Prestación
Universal al Adulto Mayor (Puam), equivalente al 80 por ciento de la
jubilación mínima, sin derecho a pensión. Es la prestación asistencial
que creó Macri durante su gobierno. Algunos diputados y especialistas de
ese espacio proponen crear un régimen intermedio entre la PUAM y la
jubilación ordinaria, en función de los años de aportes del trabajador.
Si bien no podrían alcanzar ni siquiera el haber mínimo, se les
reconocería un pago mayor al de la PUAM, de acuerdo a los años en que
hayan registrado aportes.
Cajas provinciales
Después de las
reformas del menemismo, 13 provincias resistieron la presión para
transferir sus cajas jubilatorias a la Nación. Son Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, La
Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La mayoría de
ellas, en especial Buenos Aires, recibe transferencias del gobierno
nacional para compensar su déficit.
Aunque esa cifra supuestamente
equivale al desequilibrio que tendrían las provincias si sus sistemas
hubieran pasado a la Nación, en la práctica suele ser más. Es un
elemento de presión política que parece dispuesto a poner sobre la mesa
un eventual gobierno de Juntos por el Cambio para que los distritos, o
bien traspasen sus sistemas jubilatorios o los "armonicen" con el
nacional mediante la quita de beneficios especiales de sus jubilados, ya
sea en edad de retiro -por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires los
docentes se jubilan a los 50 años- o de los haberes que cobran.
En definitiva, la orientación sigue siendo la misma: utilizar a las jubilaciones como variable de ajuste.
06/05/2023 (6784)
